(Bogotá, Colombia – 17 de octubre de 2023) El 16 de octubre de 2022, Rafael Emiro Moreno fue asesinado en Montelíbano, Córdoba, por dos hombres sin identificar. Rafael era reconocido por su trabajo de veeduría y por sus denuncias y, debido a esto, contaba con un esquema de seguridad que le fue insuficiente al momento del homicidio. Su asesinato fue el primero que ocurrió bajo la protección del Estado y un año después, ni las autoridades locales ni la Fiscalía han avanzado en las investigaciones sobre qué ocurrió, ni en la identificación y judicialización de los autores del crimen.
Rafael era director del medio digital Voces de Córdoba, en el que informaba sobre corrupción y la presencia y el actuar de los grupos armados ilegales. **Desde 2019 había sido víctima de amenazas debido a su trabajo y por ello, contaba con un esquema de seguridad que incluía un escolta, un botón de pánico y un chaleco antibalas por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). **Sin embargo, días antes de su asesinato, el periodista solicitó el refuerzo de su esquema, ya que las amenazas en su contra se habían incrementado, pero la UNP rechazó la petición.
Durante tres años, el periodista se enfrentó a un mecanismo de protección con problemas administrativos y que le otorgó medidas de protección insuficientes y despropcionadas frente al riesgo que corría. A pesar de que la Fiscalía, la Policía y el Consejo de seguridad municipal conocían la situación de Rafael, no investigaron de manera oportuna de dónde provenían los ataques en su contra ni le protegieron. La indiferencia y la falta de respuestas contundentes por parte de las autoridades desencadenaron en el asesinato del periodista.
Lo que ocurrió en el caso de Rafael es aún más preocupante teniendo en cuenta el contexto de la prensa local. De acuerdo con lo documentado por la FLIP, desde el asesinato de Rafael en Córdoba se han presentado 15 agresiones, que en su mayoría han sido por parte de autores desconocidos (12 casos).
Así mismo, y en varias ocasiones, hemos advertido que periodistas que trabajaron con Rafael o que cubren temas similares a los que informaba, están en una situación de riesgo extremo y han sido víctimas de amenazas que siguen sin esclarecerse. De acuerdo con cifras de la FLIP, de las nueve amenazas registradas en el último año en Córdoba, seis casos son de periodistas que informan sobre asuntos de administración pública y corrupción.
Una vez más, le hacemos un llamado a la Fiscalía para que investigue el asesinato y lo que ha ocurrido durante este año y que, a su vez, sancione a los responsables. La falta de respuestas y hallazgos contundentes en estos casos, promueven un ambiente de impunidad en los crímenes contra la prensa, tanto en el caso de Rafael como de las nuevas amenazas que están recibiendo las y los periodistas del departamento.
Así mismo, le sugerimos al Ministerio del Interior la creación de una política pública para la prevención y protección de las y los periodistas del país que, en el ejercicio de sus labores, pueden correr riesgos y ser víctimas de diferentes tipos de agresiones. En la FLIP hemos alertado un incremento de la violencia en los últimos meses hacia las y los periodistas del país, especialmente en la época preelectoral y por parte de los grupos armados.