(Bogotá, Colombia – 19 de abril de 2024) Las declaraciones del brigadier general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca del Ejército Nacional, en contra de La W desacreditan y ponen en un alto riesgo jurídico al medio pues lo vincula con la comisión de un delito sin presentar evidencias.
En 2021, mediante un escrito presentado al Ejército Nacional, el general Mejía acusó al medio de recibir dádivas por parte del general (r) Jhon Jairo Rojas, quien ha sido vinculado con supuestos nexos con grupos armados al margen de la ley. De acuerdo con los protocolos de la institución, el Comando General de las Fuerzas Militares remitió la denuncia de Mejía a la Fiscalía General de la Nación.
Desde la FLIP, le hicimos una solicitud formal al brigadier para que brindara información sobre su denuncia, pero solo nos redirigió a una carta firmada por él, en la que afirmó que “nunca ha existido la intención de poner en duda la ética profesional y periodística del medio ni de su equipo de trabajo y la libertad de expresión”. La respuesta de Mejía es insuficiente y superficial, pues no ha contestado de manera completa a la solicitud de información que le enviamos y, hasta el momento, no conocemos que haya presentado alguna evidencia que sustente sus acusaciones. Además, teniendo en cuenta la posición que ostenta dentro del Ejército, sus declaraciones resultan aún más lesivas hacia la libertad de expresión y ponen en duda la credibilidad del medio.
Por eso, le solicitamos a la Fiscalía General que se abstenga de realizar labores investigativas que pongan en riesgo el ejercicio crítico y libre del periodismo, y que archive las acusaciones sin sustento realizadas en contra de La W por parte de Mejía. Con base en los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión, ciertas denuncias por parte de funcionarios públicos pueden tener un efecto inhibidor sobre la información.
En este sentido también le pedimos al brigadier Mejía que responda de manera completa a la solicitud de información que le enviamos, pues en el ejercicio de sus funciones como servidor público debe garantizar el acceso a la información, evitar señalamientos estigmatizantes y sin evidencias hacia la prensa, y recordar que sus declaraciones tienen un mayor impacto en la opinión pública.
Así mismo, instamos a funcionarios y servidores públicos a que asuman con total responsabilidad lo que implica hacer denuncias en las que se vincula a los medios con la comisión de delitos. Un proceso legal en este sentido para un medio y/o periodista que resulte no ser cierto puede tener graves consecuencias sobre su trabajo y vida personal, lesionando la libertad de prensa.