Ecuador (Fundamedios)
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos(INREDH) y el Comité de Lucha Contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidio(COVIDEFEM) fueron notificadas con fecha 7 de noviembre sobre la acción de protección que el pastor Patricio Carrillo, padre de Jonathan C. -principal sospechoso de la desaparición hace seis años de Juliana Campoverde-; y su abogado defensor, Paúl Ocaña, iniciaron en su contra, por supuesta violación a su derecho a la integridad física, psíquica y moral, vida libre de violencia, no discriminación, derecho a la manifestaciones religiosas y presunción de inocencia. La audiencia se llevará a cabo este, 8 de noviembre, en la Unidad Judicial Civil de Quitumbe (Quito).
Gabriela Flores,abogada de INREDH, asegura que las publicaciones realizadas en los portales y redes sociales, tanto de su organización como de COVIDEFEM, no tienen ningún carácter discriminatorio que pueda generar una violación a la integridad física, psíquica, moral del presunto sospechoso. Agrega que siempre han manejado los términos “presunto” y “sospechoso” en honor al derecho de presunción de la inocencia de quien es procesado por la desaparición de Campoverde. Flores estableció que en ningún momento se ha buscado discriminar la libertad religiosa o afectar la imagen y buen nombre de Carrillo y alega que la organización no puede hacerse responsable de comentarios de terceros emitidos en redes sociales en contra del procesado.
Vianca Gavilanes,vocera de COVIDEFEM, indica que se han publicado campañas informativas con elfin de generar incidencia en la sociedad en cuanto a la desaparición de Campoverde, en un intento por presionar para que el proceso de investigación avance. “Nos ha tomado por sorpresa. Es un tema de hostigamiento a defensores de Derechos Humanos”, afirmó en relación a la notificación de audiencia que recibió la organización.
Gavilanes alegó que iniciar y admitir una acción de este tipo en contra de organizaciones sociales y de Derechos Humanos que buscan difundir información y denunciar posibles violaciones a los Derechos Humanos, con base en hostigamiento, censura y amedrentamiento, pone en peligro a todos los activistas de esta rama y a la sociedad civil en general.
FUNDAMEDIOS intentó contactarse con Paúl Ocaña, abogado defensor de Carrillo; sin éxito.