(Bogotá, Colombia – 09 de febrero de 2024) Hoy, en el Día del Periodista, se lleva a cabo el reconocimiento de la responsabilidad del Estado colombiano en el magnicidio de Guillermo Cano Isaza, periodista y director de El Espectador. En el evento, el Estado aceptará que incumplió su obligación de garantizar la vida de Cano Isaza, y que ha desconocido su deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables y de proteger a las víctimas y a sus familiares.
Este acto hace parte de las acciones encaminadas a la reparación de la familia Cano, una de las medidas que recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en 2001. En su informe, la Comisión concluyó que el Estado incumplió sus obligación y le recomendó al Estado colombiano llevar a cabo una investigación seria, exhaustiva e imparcial para determinar si hay hechos de encubrimiento y delitos contra la administración de justicia que impidieron la investigación completa de los hechos; y en su caso, aplicar las sanciones penales, administrativas y/o disciplinarias que correspondan. Así mismo, recomendó adoptar medidas para evitar hechos similares en un futuro.
“En este día especial para el periodismo colombiano y para el caso Cano, desde la SIP queremos expresar nuestro convencimiento que luchar contra la impunidad en torno a los crímenes contra periodistas, no es solo luchar para proteger la vida, la justicia y la igualdad. Es también para defender el derecho a expresar ideas sin temor a represalias, proteger el derecho del público a la información y resguardar la libertad de prensa y la libertad de expresión.” Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.
Hoy también se suscribirá un acuerdo de cumplimiento entre el Estado y la familia de Cano Isaza, que incluye una serie de medidas para avanzar en el acceso a la justicia y el esclarecimiento de los hechos, con tal de romper la impunidad que ha permeado el caso por 37 años.
Guillermo Cano Isaza fue asesinado el 17 de diciembre de 1986, por dos hombres que le dispararon cuando salía de la sede del diario. Previamente, el periodista y director de El Espectador, había recibido varias amenazas y no contaba con protección del Estado, aún cuando las autoridades sabían de estas agresiones. El crimen fue ordenado por Pablo Escobar, como una represalia a las denuncias y como un intento de silenciar al medio. Escobar emprendió una oleada de violencia en contra del medio y ordenó un atentado en 1989 y el asesinato de varios periodistas,
Este magnicidio tuvo un gran impacto en la ciudadanía y en el periodismo, pues Cano Isaza era uno de los comunicadores más importantes y reconocidos. Se atrevió a hablar sobre el Cartel de Medellín y el narcotráfico cuando pocos lo hacían, y fue referente y ejemplo para las y los periodistas del país. Su caso es emblemático y conllevó a que la Unesco creara el premio mundial en honor Guillermo Cano, en honor a su trabajo y legado periodístico.
Además, el acto contará con la participación de José Luis Caballero, comisionado relator de Colombia, en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ofrecerá públicamente excusas a la familia por el trámite atípico que tuvo el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, puesto que durante 17 años la familia Cano ni sus representantes obtuvieron información sobre los avances y el informe de fondo emitido por la CIDH.
En la FLIP hemos visibilizado los pasos lentos y opacos de la justicia en este caso. En 2008, 22 años después del asesinato, la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación reactivó el caso. La impunidad que ha rodeado este asesinato conlleva a que aún falte información sobre quiénes determinaron el crimen, pues solo se ha condenado a algunos de los involucrados: Luis Carlos Molina Yepes como cómplice del delito de homicidio agravado, y a Castor Emilio Montoya, alias ‘Quimilio’, como coautor de homicidio agravado; mientras que Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias ‘Maxwell’, y Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, fueron sindicados.
El reconocimiento de la responsabilidad estatal y el acuerdo de cumplimiento suscrito significan un nuevo capítulo para este caso, de uno de los periodistas más importantes del país, en el cual el Estado tiene la obligación de avanzar en su judicialización y conocer la verdad de manera diligente. Así mismo, es una oportunidad para combatir la impunidad de los crímenes contra comunicadores, pues la ausencia de respuestas y medidas contudentes envía un mensaje erróneo de permisividad ante la violencia y es un obstáculo en la búsqueda de verdad y reparación de estos hechos.