Fundamedios (Ecuador)
El pasado 26 de febrero, el asambleísta de Alianza PAIS, Daniel Mendoza, propuso tratar nuevamente una ley para regular el uso de redes sociales. Un proyecto similar fue introducido ante el Consejo Administrativo de la Legislatura el último día de mandato de Rafael Correa en 2017.
El texto de Mendoza tiene como preámbulo un par de párrafos en donde habla sobre la importancia de internet, no solo como herramienta para el desarrollo económico, sino también social y democrático. Establece que “es principalmente una herramienta para la libertad de expresión”. Agrega que la información en la web es infinita y amplia, sin embargo, no toda es verídica. Bajo esta línea, el Legislador afirma que los usuarios deben ser especialmente cuidadosos, respetuosos y responsables del uso de redes sociales.
El proyecto de Ley Orgánica del Uso Responsable de Redes Sociales es un texto de doce artículos que busca controlar los contenidos publicados en dichas plataformas. Aunque no es idéntico al de Correa, de 2017, su esencia es la misma. El objetivo principal, de acuerdo a su primer artículo, es “garantizar una nueva forma de comunicación responsable”. Cualquier usuario podría llegar a ser sancionado por compartir o publicar contenido sujeto a control. Las penas irían de uno a tres años de prisión.
El texto establece artículos que afirman que “se prohíbe la divulgación de información falsa, o que no se la haya obtenido por fuentes confiables que perjudiquen a un tercero, ya sea persona natural, jurídica e incluso que ponga en peligro la seguridad estatal y su sanción será la que disponga la normativa pertinente de acuerdo al daño causado”.
Además, prohíbe la divulgación de información personal, incluso de perfiles de redes sociales. La misma deberá realizarse con autorización expresa de su propietario, caso contrario, existiría una sanción penal o civil. También menciona que toda publicación “abusiva”, en donde se pueda desacreditar a una persona o manchar su buen nombre, restrinja sus derechos a la honra o dignidad humana, será sancionada.
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información sería responsable del control y sanción, de acuerdo al Art. 10 del proyecto. Dentro de sus competencias se establece que recibirá y trasladará las denuncias, ofrecerá asesoría y acompañamiento a las víctimas, diseñará e impondrá sanciones a “los proveedores de Servicios en Internet y Herramientas que incumplan con lo ordenado” y, además, expedirá la reglamentación pertinente para la correcta aplicación de la norma.
FUNDAMEDIOS rechaza enfáticamente este proyecto, que supone un retroceso en torno al derecho a la libertad de expresión. Es preciso señalar que el control de los contenidos en redes es propio de regímenes dictatoriales y es contrario a la consolidación de un verdadero Estado democrático.