(Bogotá, Colombia – 24 de abril de 2024) Durante la semana del 15 al 19 de abril de 2024 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adelantó su visita in loco a Colombia con el objetivo de observar los impactos de las distintas formas de violencia en la situación de los derechos humanos. Entre sus principales hallazgos, la Comisión evidenció hechos graves de violencia y estigmatización hacia periodistas y medios de comunicación, así como una impunidad sistemática que se origina por la falta de diligencia en las investigaciones de hechos de violencia.
Particularmente llamó la atención la situación que enfrentan los y las periodistas que ejercen su labor en las regiones donde persisten los conflictos entre grupos armados. Hechos de violencia que ejercen presiones sobre la línea editorial de los medios y conllevan en muchos casos a la autocensura. El comisionado José Luis Caballero, relator para Colombia, advirtió que “hay un debate público degradado por factores como la desinformación y un sostenido clima de violencia contra personas periodistas. (…) Por otra parte, periodistas en territorios denunciaron recibir presiones por parte de grupos armados que participan en los diálogos de paz”.
El comisionado Caballero también señaló la utilización de expresiones estigmatizantes como un vector de violencia: “Se observa una hostilidad hacia la prensa desde vocerías oficiales a nivel nacional, departamental y local”. Asimismo Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión, recordó que los funcionarios públicos asumen una serie de deberes frente a la democracia y el debate público, razón por la cual resulta importante que reconozcan la importancia y respalden la labor que hacen los y las periodistas. Sin embargo, y contrario a este principio, el aumento de agresiones por parte de funcionarios públicos ha aumentado en los últimos años. En el 2023, según documentamos, los funcionarios públicos fueron los principales agresores contra la prensa, con un total de 122 ataques, por encima de los grupos armados.
Resulta prioritario que este diagnóstico, identificado por la Comisión y reiterado por periodistas y organizaciones de distintas regiones del país, sea atendido por el presidente Gustavo Petro y por su Gobierno. La hostilidad contra periodistas por parte de funcionarios públicos y de los líderes políticos está contribuyendo a un entorno hostil para las y los comunicadores, haciéndolos más vulnerables a amenazas, acoso y otras formas de violencia.
El presidente Petro tiene la responsabilidad de proteger y promover la libertad de prensa, así como garantizar un entorno seguro y favorable para que los y las periodistas puedan llevar a cabo su trabajo de manera independiente y sin restricciones indebidas. Sin embargo, en los últimos 18 meses cinco periodistas han sido asesinados en zonas donde persiste un clima de violencia para la prensa, y en ningún caso ha habido una reacción oportuna y contundente por parte del Gobierno nacional que rechace los hechos y adopte medidas de prevención y protección para los comunicadores que continúan en situación de riesgo, lo cual, como se anotó anteriormente, promueve un clima de autocensura en dichos territorios.
Adicionalmente, el presidente Petro, ha utilizado de manera habitual su red social X para enviar mensajes estigmatizantes en los que responsabiliza a un sector de la prensa de impulsar un “golpe blando” en su contra, de “decir mentiras” y “llenar de odio a la gente”.
El 22 de abril en un mensaje dirigido al periodista Julio Sánchez Cristo, director de La W Radio, el presidente dijo: “Esa parte de la sociedad está muy influenciada por un sistema de fake news que incluye a los medios tradicionales que han tomado partido político abandonando el periodismo”. En su cuenta el presidente también republica contenido de otras cuentas que insultan y se burlan de medios como RCN, Caracol o la Revista Semana.
Estos mensajes cobran especial relevancia porque se mezclan y hacen parte de la convocatoria a marchar que está haciendo el presidente en respaldo a su Gobierno, el próximo 1° de mayo. Hay que recordar que las manifestaciones son un escenario de altísimo riesgo para el cubrimiento periodístico. En todas las marchas convocadas en el último año y medio, bien fueran convocadas por la oposición o por el Gobierno, se han presentado agresiones físicas contra periodistas. El Presidente, por el cargo que ocupa, está en la obligación de desactivar cualquier mensaje que pueda incentivar todo tipo de agresiones contra periodistas.
Aunque el Presidente en ocasiones ha querido justificar que se trata de contrarrestar información falsa sobre sus políticas y de defender a su Gobierno, lo cierto es que hay suficiente evidencia de que sus mensajes también tienen otros propósitos. Calificar a un sector de los medios de «noticias falsas» o «enemigos del pueblo» terminan por socavar la confianza pública en el periodismo y se crea un entorno en el que estos se sienten amenazados o intimidados. Además, tienen efectos sobre la percepción pública de la credibilidad de los medios y el entorno general para el trabajo periodístico En este contexto, y como también señaló el relator especial, Pedro Vaca, resulta fundamental que el Estado abra espacios de diálogo con la prensa y las organizaciones que los representan para conversar sobre las garantías para el periodismo.
Nos sumamos a este llamado y solicitamos al Gobierno nacional designar a una entidad responsable de estructurar canales de comunicación y un plan de atención urgente para atender la situación crítica de violencia contra la prensa.