La presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Mercedes Caicedo, canceló a última hora su participación en el programa De Lunes a Lunes, transmitido por Teleamazonas. Estaba invitada a una entrevista de unos 15 minutos con la periodista Andrea Bernal. Según relató Bernal, al aire, el equipo de asesores de la funcionaria llegó al set 30 minutos antes del inicio del programa y la cancelación se comunicó «sin un mayor argumento» en ese momento.
Ante la ausencia de Caicedo, la periodista optó por formular al aire las preguntas que tenía preparadas para la entrevista, obviamente sin obtener respuesta. Algunas de ellas: ¿Existieron presiones ajenas al Consejo de la Judicatura para fusionar juzgados especializados con ordinarios?; ¿Caicedo se reunió con el presidente de la República o con la ministra de Economía para tratar el presupuesto de la función judicial?; y, ¿qué medidas de protección se han adoptado para jueces, en el contexto de sanciones y suspensiones recientes?
Al día siguiente, la Presidenta del Consejo de la Judicatura publicó en su cuenta de X una explicación a su inasistencia. Señaló que, por haber presidido el Tribunal de Juzgamiento del caso Metástasis, estaría enfrentando “riesgos de seguridad para ella y su familia” y que la tarde previa a la entrevista se produjeron «cambios en el panel» que incrementan ese riesgo, «no durante la entrevista, sino también en cualquier rutina posterior».
El Consejo de la Judicatura no ha emitido un pronunciamiento institucional adicional al respecto.
Martina Vera, directora de De Lunes a Lunes, ofreció posteriormente una versión más detallada del proceso y contradijo directamente el argumento difundido por Caicedo. Según Vera, la invitación a Caicedo fue aceptada la semana previa a la emisión, y es práctica habitual del programa informar a sus invitados sobre quiénes integrarán la mesa, aun cuando esa nómina no esté cerrada; a la coordinadora del equipo de Caicedo se le informó, desde el primer contacto, que el panel todavía estaba en definición. El equipo de Caicedo ya había mostrado dudas esa misma mañana sobre la composición de la mesa. Treinta minutos antes de la entrevista, con el equipo de avanzada de la funcionaria ya en el set, la coordinadora del programa recibió un mensaje de texto informando que la presidenta no asistiría por «algún inconveniente personal o de salud», no por razones de seguridad.
Al día siguiente, tras conocer el comunicado de Caicedo, Vera afirmó que la versión de un «cambio de última hora» en el panel «no es cierta»: el programa había advertido desde el inicio de que la nómina no estaba confirmada, y la variación en los participantes finales obedeció al proceso normal de armado del panel, no a un cambio sobrevenido. Vera indicó además que, tras la cancelación y tras el comunicado público de Caicedo, nadie del Consejo de la Judicatura se comunicó con el programa, y que desconoce las razones por las que la funcionaria vinculó su ausencia a un riesgo de seguridad.
A Fundamedios le preocupa que una autoridad pública cancele, minutos antes, una entrevista en vivo; más aún utilizando como justificación temas de seguridad.
El ejercicio del servidor público conlleva un deber intrínseco de rendición de cuentas ante la ciudadanía por lo que, normalizar este tipo de argumentos —sin que estén sustentados en elementos verificables— puede erosionar el control social sobre la gestión pública y desincentivar el ejercicio del periodismo de fiscalización.
Fundamedios reconoce el derecho legítimo de cualquier persona, incluidas las autoridades, a proteger su seguridad, pero recuerda también que, ese derecho debe ejercerse sin restringir de forma injustificada el acceso de la ciudadanía a información de interés público sobre la administración de justicia.