Sucre, 15 feb (ANP) – Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) de Ecuador y el Instituto Prensa y Sociedad de Perú(Ipys) solicitaron al gobierno boliviano denegar un pedido de refugio presentado por el exsuperintendente de comunicaciones de Ecuador, Carlos Ochoa, procesado en su país por el cierre de medios con el uso de una legislación fraudulenta.
Enterados de la solicitud presentada por el exfuncionario a la Cancillería de Bolivia, las organizaciones que participan aquí del 171 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitieron un comunicado de rechazo a la petición de refugio.
Las organizaciones se pronunciaron por la continuidad del proceso judicial abierto contra Ochoa en Ecuador, donde es requerido por la comisión de delitos durante su desempeño como superintendente de comunicaciones.
El texto del comunicado es el siguiente:
Tres organizaciones piden que exsuperintendente
ecuatoriano sea procesado en su país
Este 14 de febrero reunidos en Sucre, Bolivia, los representantes de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Fundamedios (Ecuador) e IPYS (Perú), organizaciones que forman parte del proyecto regional Voces del Sur, resolvieron solicitar al Gobierno boliviano que resuelva en derecho la negativa para la concesión del estatus de refugiado al exsuperintendente de Comunicación del Ecuador, señor Carlos Ochoa, y lo devuelva a las autoridades de su país para que responda por delitos cometidos en ejercicio de funciones públicas.
Las organizaciones de prensa y de defensa de la libertad de expresión afirmaron que no existe ninguna causa para que el señor Ochoa pueda ser considerado un perseguido político pues en el Ecuador debe responder a un juicio por falsificación de documento público, uso del mismo documento falsificado para sancionar fraudulentamente a 11 medios de comunicación y malversación de fondos públicos al ordenar la impresión de 300.000 ejemplares de la Ley de Comunicación que contenía alteraciones a la norma, presuntamente perpetradas por Ochoa.
Cabe recordar que en este caso registrado en 2016, Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha (Ecuador) presentaron una denuncia en contra del entonces funcionario.
El diario El Universo publicó que la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) imprimió 300.000 textos de bolsillo de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en los cuales se observó la alteración de la ley con la cual se sancionó a 11 medios de comunicación.
El 12 de febrero, la Cancillería de Bolivia confirmó la solicitud de refugio hecha por el exsuperintendente de Comunicación, y ante esto las organizaciones reiteraron que el Gobierno Boliviano debe negar esa solicitud, pues la noble institución del refugio no se debe prestar para proteger a quienes son acusados de delitos comunes.
Sucre, Bolivia, 14 de febrero de 2019