Honduras, 27 de febrero 2019 (Comité por la Libre Expresión).-
Los Periodistas Selvin López Anariba y Dulce Valle, abandonaron el país tras denunciar ser víctimas de amenazas a muerte y extorsión.
En una entrevista que Anariba brindó a Radio Progreso el pasado 25 de febrero, expuso “Lamentablemente tuvimos que abandonar el país junto a mi esposa Dulce Valle y mi hija Azari Abigail, que es estudiante de la carrera de periodismo», y que lamentablemente por lo que sucedió tuvo que abandonar su carrera. Fuimos víctimas de amenazas a muerte y extorsión, detalló.
Las amenazas, relató el periodista a la emisora radial, ocurren desde finales del año 2018. “Nos pidieron una suma alta de dinero y de no entregarla, pues nos quitarían la vida”.
Fue en la ciudad de La Lima, en el departamento de Cortés, donde Selvin Anariba recibió la amenaza, agregó que, dos individuos lo interceptaron en una moto.
Anariba es reconocido en la zona norte del país, tras laborar para el área de deportes de HRN y de Radio Norte, ambos del grupo Emisoras Unidas (EU); mientras que Valle lo hace para un medio internacional. Además, que su hija cursa la carrera de periodismo.
“Posteriormente me fuí para Derechos Humanos, ellos me mandaron al Ministerio Público y luego fuí a la primera estación -de policía-. En la primera estación nadie me pudo atender y me mandaron a la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), puse la denuncia y me pidieron unas cosas muy difíciles, que tenía que ir yo y entregar ese dinero. Los agentes iban estar escondido y posteriormente harían la captura. Eso no lo podía hacer, era arriesgar mi vida”, relató el comunicador a Radio Progreso.
Para el mes de enero, C-libre registró la salida del país del comunicado Carlos Caballero, propietario del canal Lajas TV, en Comayagua, al centro del país. El estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), contabilizó durante el año 2017, 15 periodistas y comunicadores sociales fueron víctimas de desplazamiento forzado.
“El Estado está obligado a identificar el riesgo especial y advertir al periodista sobre su existencia, valorar las características y el origen del riesgo, definir y adoptar oportunamente las medidas de protección específicas, evaluar periódicamente la evolución del riesgo, responder efectivamente ante signos de su concreción y actuar para mitigar sus efectos”, cita la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en su informe Violencia contra Periodistas y Trabajadores de Medios.