(Bogotá, Colombia, 2 de agosto 2023 – FLIP) La desarticulación de las instituciones a cargo de la protección e investigación de crímenes contra periodistas agrava la situación de vulnerabilidad de la periodista de Chocó que hace un mes fue víctima de amenazas, secuestro y violencia sexual, como retaliación a su trabajo. Desde la ocurrencia de los hechos, a mediados de junio de este año, han persistido las trabas en el acceso a los servicios del Estado que garanticen sus derechos y los de su familia. La constante deficiencia y negligencia en la atención por parte de la Fiscalía, Medicina Legal y la UNP ha llevado a la revictimización y a la afectación negativa frente a la atención.
En un primer momento la Fiscalía registró la primera denuncia de manera incompleta, invisibilizando el componente de género de las agresiones. La periodista tuvo que declarar de nuevo los hechos por lo menos tres veces en un mes. En la última, el 5 de julio, le insistieron que relatara los detalles de la agresión sexual, a pesar de que ella aportó un documento con el relato completo para evitar la revictimización. Además, la Personería Municipal tomó mal el relato, lo que también retrasó su inscripción en la UARIV para acceder a una ayuda humanitaria.
Frente a la investigación, la periodista no conoce avances y la Fiscalía ha incumplido el compromiso de reuniones periódicas para informarle sobre las acciones que deberían adelantar. Además, la Fiscalía le ha exigido que sea ella quien aporte la información y los contactos para esclarecer el caso.
Debido a retrasos por parte de la Fiscalía a la hora de remitir el caso a Medicina Legal, la periodista fue llamada al examen físico por la agresión sexual tres semanas después de las agresiones. Debido a estas demoras, se impidió la recolección de material probatorio clave para el acceso a la justicia, además de no garantizar sus derechos como víctima.
Tampoco se brindó acompañamiento psicológico oportuno para el núcleo familiar a través de Medicina Legal. La periodista esperó una respuesta por más de un mes y tendrá que esperar ocho meses para acercarse a la institución e intentar programar una cita de atención psicológica. Esto no responde a la urgencia actual ni protege la salud mental de la periodista.
Reconocemos que la Unidad Nacional de Protección (UNP) atendió el caso por trámite de emergencia y le otorgó medidas de protección, pero estas son leves e incompletas. Hubo una falta de enfoque de género y análisis integral del caso que conllevó a que se implementara una medida que no atiende al nivel de riesgo y tampoco protege al núcleo familiar. Transcurridos 34 días desde el reporte inicial, la UNP no ha asignado un analista para la evaluación del nivel de riesgo y la implementación de medidas proporcionales al riesgo actual.
Hacemos un llamado a la UNP para que de manera urgente inicie el análisis de riesgo de la periodista, garantizando que se realice con un enfoque de género, con ello garantice los derechos a la integridad física y al acceso a la justicia de la periodista, sin más dilaciones. Así mismo, hacemos una llamado a la Fiscalía para que investigue los hechos atendiendo la obligación de la debida diligencia y plazo razonable, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer periodista. Reiteramos que la Corte IDH, la Comisión Interamericana y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han reconocido que el riesgo de las mujeres periodistas que trabajan en zonas de conflicto es mayor debido a su doble vulnerabilidad por ejercer el periodismo en situaciones de alta conflictividad o violencia y en contextos que refuerzan la subordinación de género.
La respuesta del Estado frente a los riesgos diferenciados de las mujeres periodistas debe ser clara, contundente y coordinada. En la FLIP hemos documentado siete casos de violencia sexual en los últimos cinco años. Además, seis de cada diez periodistas colombianas han sufrido violencia de género y el 23% de las mujeres periodistas consultadas afirmaron que había sido víctimas de violencia sexual en sus ámbitos laborales, según un estudio del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y la iniciativa No es hora de callar.
Por ello, urge que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de la Igualdad y Función Pública, cumplan con lo ordenado por la CIDH, de adoptar un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar actos y manifestaciones de violencia contras las mujeres basadas en el género que afectan a las mujeres periodistas, protegerlas en situación de peligro e investigar y enjuiciar a los perpetradores.