Honduras (C-Libre)
El periodista Mauricio Rivera de Une Tv fue víctima de ataques directos por parte de policías y militares mientras realizaba una transmisión en vivo para su medio de comunicación.
El miércoles 21 de noviembre a las 8:18 de la noche en la ciudad de Choluteca al sur de Honduras, Rivera denuncio en televisión nacional que policías y militares le atacaron directamente al lanzarle bombas lacrimógenas en un afán de evitar que se realizara su labor informativa.
“Así reacciona la policía, violentando nuestro derecho a informar y el de los televidentes a ser informados, nos tenemos que retirar, es increíble la intolerancia…todos los policías me rodearon y dispararon gas en este momento justo en el puente de Choluteca”, dijo el periodistas con su voz entre cortada por los efectos el gas lacrimógeno.
De acuerdo a lo expresado por el periodista, él se encontraba realizando un recorrido después de haber finalizada una fuerte represión militar y policial en contra de ciudadanos que se manifestaban en el marco de la inauguración de un congreso móvil del Poder Legislativo.
“Haciendo un recorrido me percate que en el puente Choluteca se encontraba una fuerte presencia de policías y por eso decidí transmitir, yo narraba que la escena era como de un cuartel policial, incluso les dije policías, recojan la basura pues en el lugar había bastantes restos de alimentación y justo cuando dije que habían más militares que otra cosa, me lanzaron la primera boba de gas”.
Rivera ha sido víctima de agresiones similares desde hace dos años, sus denuncias se encuentran en poder del Ministerio Publico y de la Unidad de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales de la Secretaria de Gobernación, Justicia y derechos Humanos.
El numeral nueve de la declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifiesta que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.