(Bogotá, Colombia – 15 de noviembre de 2023) El pasado 13 de noviembre, en la página oficial de la Presidencia de la República se emitió un comunicado a la opinión pública, que replica un mensaje compartido por el presidente Gustavo Petro en su perfil de X (Twitter). La publicación, que aparece firmada por el mandatario, deslegitima y estigmatiza una vez más a la prensa.
En sus mensajes, el presidente hace mención a la cobertura periodística acerca del proyecto de ley presentado sobre las modificaciones de las tarifas de los impuestos prediales y a las falsos señalamientos de ebriedad contra la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, durante la inauguración de los Juegos Nacionales del pasado 11 de noviembre. En ambos casos, hubo algunas publicaciones periodísticas que replicaron información inexacta: por ejemplo, en el caso de la ministra Rodríguez, recogieron especulaciones de redes sociales y publicaron datos sin confirmar. Esto vulnera los principios éticos del periodismo y afecta el derecho a la ciudadanía de acceder a información veraz. Además, una vez la información es desmentida, en aras de transparencia se esperaría que los medios la rectificaran en vez de eliminarla.
Aunque es válido expresar críticas y realizar solicitudes a los medios en situaciones como estas, los señalamientos de la Presidencia son problemáticos, pues generalizan al decir que «cualquier integrante de la prensa» genera información malintencionada o reproduce información falsa, bajo el término fake news. La ambigüedad y la falta de precisión de esta expresión terminó señalando a la prensa como la culpable de la desinformación. Estas críticas deberían ser específicas y canalizarse a través de mecanismos institucionales establecidos, como la solicitud de rectificación, para preservar un entorno propicio para la práctica periodística, evitando estigmatizaciones y reduciendo la exposición de las y los periodistas a posibles ataques.
Durante este año, hemos advertido en varias ocasiones nuestra preocupación por el discurso estigmatizante del presidente, que promueve una imagen negativa sobre los medios de comunicación en general y siembra dudas sobre su trabajo. En este último mensaje, resulta preocupante que la máxima autoridad del Estado, que debe ser garante de los derechos a la libertad de información y de expresión, nuevamente mencione una supuesta conspiración mediática contra el Gobierno. Esta narrativa podría llevar a una mayor polarización de la sociedad colombiana.
Los actores políticos y funcionarios públicos deben ser conscientes de la influencia que sus mensajes pueden tener en la ciudadanía, especialmente al hacerlos a través de plataformas digitales de alcance masivo, como las redes sociales y los canales oficiales.
Sobre esto, la Relatoría para la Libertad de Expresión explicó en su declaración conjunta sobre líderes políticos y personas que ejercen la función pública que estos “no deben hacer declaraciones que puedan promover la intolerancia, la discriminación o la desinformación y, en cambio, deben aprovechar sus posiciones de liderazgo para contrarrestar estos daños sociales y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad”.
En agosto de este año, el presidente Petro aceptó la invitación del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos para iniciar una mesa de trabajo en la que abordaran precisamente estos temas. Sin embargo, a la fecha no existen avances sobre esta mesa de trabajo, la cual resulta esencial para contar con mayores garantías para el ejercicio de la libertad de prensa y el fortalecimiento del debate público y democrático.
Le recordamos al presidente Gustavo Petro que con sus acciones se aparta del deber de prudencia que le asiste como mandatario y de utilizar las vías institucionales. Según la Corte Constitucional, en la T-124 de 2021, cuando la máxima autoridad de un Estado se pronuncia no está ejerciendo “la simple libertad de expresión reconocida en general a los ciudadanos, sino que están utilizando un medio legítimo para el ejercicio de la autoridad pública”. Recientemente, en el marco de las elecciones regionales, los propios Ministerios del Interior, de Defensa y de Tecnologías publicaron una circular en la que reconocieron el deber de respeto y tolerancia de las autoridades en relación con la prensa y requirieron a los servidores públicos para que “eviten cualquier tipo de estigmatización del ejercicio de la prensa, reconociendo que esta es una forma de violencia que profundizar los niveles de intolerancia y polarización de la sociedad”.
Por eso, instamos al Presidente a emprender acciones claras que salvaguarden la libertad de prensa y evitar hacer declaraciones que minen la confianza del público, especialmente en plataformas digitales, que pueden amplificar aún más este tipo de mensajes y poner en peligro la seguridad de las y los periodistas y trabajadores de los medios. Además, esperamos ver avances en los compromisos discutidos con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.