(Bogotá, Colombia – 30 de abril de 2024) El pasado 24 de abril, el periodista Juan Alejandro Loaiza, de la emisora La Despensa, fue secuestrado por un grupo armado en el departamento del Huila. Un día después, aproximadamente a las 8:00 a.m., conocimos sobre su liberación. De acuerdo a la documentación realizada, este secuestro fue una consecuencia de su trabajo como periodista, específicamente por negarse a publicar información que era de interés de dicho grupo insurgente.
Una vez supimos de la retención del periodista, se reportó a la Policía Nacional, Fiscalía Nacional de la Nación, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Cancillería y Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, quienes activaron el Mecanismo de Búsqueda Urgente.
Es preocupante y alarmante que, a pesar de la situación de riesgo en la que se encuentra el periodista Loaiza, la cual es conocida por las instituciones encargadas de su protección, las autoridades locales hayan considerado inicialmente como hipótesis principal que su desaparición estaba relacionada con asuntos personales en lugar de considerar un posible ataque ligado a su labor periodística.
Este nuevo hecho deja en evidencia la compleja situación de seguridad que enfrenta Loaiza, quien ha sido víctima de varias amenazas que llevaron a la asignación de un esquema de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección. Además estos hechos se enmarcan en una compleja situación de riesgo que enfrentan los y las periodistas en el departamento de Huila que, desde mayo de 2023, han sido hostigados, amenazados y declarados como objetivo militar por parte del Estado Mayor Central (EMC), grupo disidente de las FARC-EP.
En este contexto, vale la pena recordar que en enero de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de nueve periodistas del Huila, las cuales, cuatro meses después, aún no se han implementado debido a la falta de voluntad real por parte de las autoridades responsables. A pesar de lo ocurrido con Loaiza, las autoridades locales aún no comprenden la urgencia y necesidad de coordinar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los periodistas en Huila. Hasta la fecha, no se ha tomado ninguna medida para determinar los pasos a seguir en la protección de este grupo de periodistas.
Por lo anterior, solicitamos a las entidades del Gobierno nacional que prioricen urgentemente la implementación de estas medidas por medio de una reunión presencial en Bogotá, con la participación de todas las autoridades pertinentes para garantizar la vida e integridad de los y las periodistas del Huila.