La abogada y exjueza Marcia Ada Flores Benalcázar presentó, el 9 de septiembre de 2026, en Quito, dos querellas penales contra los periodistas Blanca Moncada, directora editorial de La Defensa, y Marlon Puertas, director de La Historia. Ambas acciones se basan en la misma contravención del Código Orgánico Integral Penal. La razón sería la cobertura periodística del proceso que Flores enfrenta por presunta falsificación y uso de documento falso.
Las dos querellas ingresaron con seis minutos de diferencia, según las actas de sorteo verificadas por Fundamedios en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE). La denuncia contra Puertas (proceso 17294-2026-01269) se registró a las 16:27 y la que va contra Moncada (proceso 17294-2026-01270), a las 16:33. Ambas se basan en el artículo 396 del COIP, inciso 1, numeral 1, que sanciona las expresiones en descrédito o deshonra con 15 a 30 días de privación de libertad. Según La Defensa, en el caso de Moncada, la querellante pide además una disculpa pública y una indemnización económica.
Los hechos que cubrieron los medios
La Historia ha seguido el caso de la exjueza sobre desde 2024. Ese año publicó que una exjueza, hoy abogada en libre ejercicio, había presentado un certificado médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a nombre de su cliente para evitar la realización de una audiencia en la unidad judicial civil de Iñaquito.
El 16 de octubre de 2025, el Pleno del Consejo de la Judicatura declaró a Flores responsable de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, por la presentación, en un juicio, de un certificado médico presuntamente falsificado. Según el medio La Defensa, la sanción consistió en una multa de tres remuneraciones básicas. Según la información difundida por ese medio, el médico que aparecía como firmante desconoció la firma y el sello del documento.
El 2 de junio de 2026, La Historia anunció que el 18 de junio se realizaría la audiencia de vinculación de Flores. La Historia volvió a informar sobre el caso ese mismo 18 de junio. Las publicaciones del 2 y del 18 de junio fueron la causa de la denuncia contra Puertas.
Por otro lado, el 20 de junio de 2026, La Defensa difundió una nota en video sobre esa audiencia. Informó que el juez dispuso como medidas cautelares la presentación periódica ante la Fiscalía y la prohibición de salida del país y que, en la misma resolución, autorizó a la exjueza procesada a viajar fuera del Ecuador entre el 28 de julio y el 14 de agosto de 2026. Esta es la nota que causó la denuncia contra Moncada.
A inicios de julio de 2026, La Defensa entrevistó al abogado de Flores, Paúl Ocaña Merino, quien expuso sus argumentos sobre el proceso. Según Moncada, la entrevista se realizó a pedido del propio abogado, después de la publicación de la nota.
Según La Defensa, la querella sostiene que la nota fue inexacta y descontextualizada. Moncada explicó a Fundamedios que la querellante reprocha que no se haya mencionado que apela la sanción administrativa del Consejo de la Judicatura.
En el caso de Puertas, la defensa de Flores sostiene que las publicaciones afectaron su honra y reputación profesional y que las afirmaciones cuestionadas no han sido probadas judicialmente. Su defensa también sostiene, dentro del proceso penal, que Flores recibió el certificado de su cliente y desconocía su presunta falsedad.
Moncada explicó a Fundamedios que la nota se elaboró con documentos públicos: información del SATJE y de la Fiscalía, la sanción del Consejo de la Judicatura y la carta en la que el médico señalaba no haber emitido el certificado. Afirmó que se trató de un seguimiento informativo de un caso abierto desde hace dos años y que el medio ofreció espacio de contraste al abogado de la querellante.
Moncada señaló que no ha sido notificada formalmente. Supo de la querella por abogados de Quito y obtuvo una copia descargándola del SATJE. Calificó la acción como una «medida mordaza» y la vinculó con el calendario procesal de la querellante.
Fundamedios expresa su preocupación por la presentación simultánea de dos denuncias penales contra periodistas de medios distintos, por parte de la misma persona, por informar sobre un proceso judicial en curso. La información sobre la actuación de abogados y exjueces ante la justicia, y sobre las decisiones judiciales en un caso de presunta falsificación de documentos, es de interés público. La pretensión de privar de libertad a dos periodistas por su cobertura constituye un mensaje intimidatorio para el periodismo que investiga el funcionamiento de la justicia. Fundamedios exhorta a las autoridades judiciales a resolver estas causas conforme a esos estándares y dará seguimiento a ambos procesos.