Al mediodía del jueves 1 de octubre de 2026, Bini salió de su vivienda en el norte de Quito para hacer compras. Según su abogado, Carlos Soria, cuatro personas que se identificaron como agentes de Migración lo abordaron desde un vehículo y lo trasladaron a las oficinas del Servicio de Apoyo Migratorio de Pichincha. La defensa afirma que no se presentó orden de detención emitida por autoridad judicial competente y que le retiraron sus documentos y su teléfono.
Una hora después, Bini publicó en X que había sido retenido y que le informaron que su visa había sido revocada. Según la defensa, no había sido notificado previamente de esa revocatoria, que habría sido solicitada por el Ministerio del Interior.
La defensa presentó una acción de hábeas corpus, registrada en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE). La audiencia de deportación, prevista inicialmente para las 17:00, se instaló a las 20:00. Al concluir, la autoridad migratoria dispuso la deportación inmediata de Bini a Suecia y la prohibición de reingreso por 10 años. Según Bini y su defensa, la decisión se adoptó sin que la justicia resolviera el hábeas corpus.
En la madrugada del 2 de octubre, Bini informó desde X que se encontraba en el aeropuerto Mariscal Sucre, rodeado de policías. Al no contar con pasaporte vigente, permanece en el aeropuerto a la espera de un pasaporte de emergencia gestionado por la Embajada de Suecia en Bogotá. A las 09:21 publicó: «No me arrepiento de haber venido a Ecuador. Y espero haber ayudado de alguna pequeña manera con la ciberseguridad del país».
Sitting here at the airport, thinking about everything. I don’t regret coming to Ecuador. And I hope that I have helped in some small way with the cybersecurity of the country.
— Ola Bini – (@ola@infosec.exchange) (@olabini) October 2, 2026
Hasta el cierre de este borrador no se registra un pronunciamiento público del Ministerio del Interior ni de la autoridad migratoria sobre los fundamentos de la deportación.
Contexto: un caso documentado desde 2019
Bini fue detenido el 11 de abril de 2019 en el aeropuerto de Quito, el mismo día en que Julian Assange perdió el asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. Permaneció más de 70 días en prisión preventiva hasta que la Corte Provincial de Pichincha aceptó un hábeas corpus, el 20 de junio de 2019, por vulneración de sus derechos. En ese momento, Fundamedios exigió a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura y al Gobierno garantizar su debido proceso y su inmediata liberación. Advirtió que una investigación no podía motivarse en la sola inferencia de una relación con Assange.
El proceso penal por acceso no consentido a un sistema informático de la CNT se extendió por años. El 31 de enero de 2023, un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha ratificó su inocencia por unanimidad. El 5 de abril de 2024, una Sala de la Corte Provincial revocó esa decisión por voto de mayoría y lo condenó por tentativa del delito a un año de prisión, con suspensión condicional de la pena. La defensa recurrió y sostiene que la causa prescribió y que todas las medidas cautelares fueron levantadas. Fundamedios también documentó la separación de la jueza Yadira Proaño (2021), la suspensión reiterada de audiencias y el allanamiento sin orden judicial a las oficinas del Centro de Autonomía Digital (2022).
Fundamedios rechaza la deportación de Ola Bini. Este caso marca un punto de quiebre: ya no se trata de señales de deterioro, sino de un Estado que expulsa a un defensor de derechos digitales mediante un informe secreto, sin pruebas conocidas, sin esperar a un juez y tras siete años de persecución judicial que no logró sostenerse. Cuando el poder ejecutivo puede retener a una persona en la calle, decidir su expulsión en una noche y desconocer el control judicial pendiente, las garantías democráticas dejan de operar en la práctica.
Exigimos al Ministerio del Interior transparentar los fundamentos de la medida. Solicitamos a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y al Relator Especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos dar seguimiento al caso.