Fundamedios expresa su preocupación ante la nueva información difundida por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM Guayaquil), organizaciones que ejercen la defensa técnica de la familia de la activista y veedora ciudadana Monika Silva Koniuszek.
Mediante un pronunciamiento público emitido el 26 de junio de 2026, ambas organizaciones informaron que, de acuerdo con la autopsia médico-legal, la muerte de Silva fue causada por «asfixia mecánica, constricción del cuello por mecanismos combinados», por lo que, solicitaron a la Fiscalía General del Estado una investigación exhaustiva, independiente y diligente que permita determinar el móvil, las circunstancias y las responsabilidades relacionadas con su muerte.
Las organizaciones señalaron, además, que la hipótesis de suicidio, planteada públicamente por el ministro del Interior, John Reimberg, fue descartada. En ese sentido han solicitado formalmente que el funcionario rinda su versión dentro de la investigación para explicar las declaraciones emitidas en los días posteriores al fallecimiento de la activista.
Según CDH y CEPAM, la investigación debe examinar tanto la posibilidad de un femicidio ocurrido en un contexto íntimo como la hipótesis de un femicidio político relacionado con la actividad de Silva como defensora de derechos humanos, activista anticorrupción, veedora ciudadana y denunciante de asuntos de interés público.
Monika Silva fue una reconocida activista y whistleblower polaca-ecuatoriana radicada en Santa Elena. Durante más de una década impulsó investigaciones y denuncias sobre presuntos casos de tráfico de tierras, corrupción, conflictos ambientales y posibles esquemas de lavado de activos en la provincia. Además, fue una fuente de información para periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
Silva también desempeñó un papel fundamental en la búsqueda de justicia por el asesinato del comunicador ciudadano Robinson del Pezo, ocurrido en noviembre de 2025. Tras ese crimen, Silva continuó documentando denuncias entregando información a autoridades y manteniendo visibles investigaciones que ambos habían impulsado. Asimismo, manifestó públicamente preocupaciones por su seguridad y denunció amenazas relacionadas con su labor de fiscalización.
Fundamedios considera indispensable que Fiscalía garantice una investigación independiente, transparente y con enfoque de derechos humanos, que agote todas las líneas investigativas y determine si existe alguna relación entre la muerte de Silva y su actividad de denuncia, veeduría ciudadana y defensa de asuntos de interés público.
La muerte de una activista que durante años denunció presuntas estructuras de corrupción y conflictos territoriales de alto impacto exige el máximo nivel de diligencia por parte de las autoridades y la atención permanente de la comunidad nacional e internacional.