Con “analizar contenidos”, amenaza Secretaría de Seguridad a la prensa que denuncia represión a protestas

Jun 23, 2019 | 0 Comentarios

Honduras, 23 de junio, 2019 (Comité por la Libre Expresión).- De forma pública, la Secretaria de Seguridad, a través de una nota aclaratoria, amenazó la noche de este viernes 21 de junio con analizar los contenidos de los medios de comunicación que denuncian la represión policial y militar hacia las manifestaciones en Honduras.

En la nota que fue publicada bajo el nombre “Aclaratoria”, la Secretaría de Seguridad, apunta su persecución hacia la prensa hondureña, luego que se denunciara la decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el jueves 20 de junio, de militarizar el país. Resultado de ello, son más de 20 personas heridas y al menos cuatro muertes en el marco de las protestas en defensa de la Salud y Educación; acciones que llevan más de 50 días.

El inciso cuatro literalmente dice: “Nos reservamos el derecho de hacer el análisis exhaustivo de los contenidos maliciosos que están incitando a la población al desorden, anarquía y que promueven condiciones de inestabilidad y descomposición social a todos los niveles”.

Amnistía Internacional, condenó la represión que vive la ciudadanía hondureña en protestas por la defensa de la salud y la educación. Además de condenar la decisión del Consejo de Defensa y Seguridad de enviar un despliegue militar en todo el territorio nacional.

Mientras que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), denunció que el Estado de Honduras “está incumpliendo de manera grave y flagrante sus obligaciones internacionales”, por el contexto de represión a las acciones de protesta y militarización del país.

La amenaza pública de la Secretaría de Seguridad se dirige hacia los medios de comunicación que dieron cobertura a las acciones generadas por la escala básica de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), denominada “huelga de fusiles caídos” donde abandonaron sus puestos de trabajo, en exigencia de mejoras en su condición laboral.

Lo anterior es calificado por la fuerza pública como “injerencia de espacios informativos… propiciando la división y el odio por otros entes de seguridad del Estado”.

Ver: Aclaratoria de Secretaría de Seguridad, en este link

Mediante una participación el pasado domingo 09 de junio, en el programa 30/30, de la Corporación Televicentro, el titular de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, amenazó a la ciudadanía que se manifiesta en el país con arrestarles “…no importa a quien, no importa a quien tengamos que ir a arrestar, lo vamos a hacer”.

En cifras del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), entre el 30 de mayo al 04 de junio, hubo 42 manifestaciones reprimidas por fuerzas policiales y militares. Además, la organización contabilizó mas de 40 personas heridas, cuatro actos constitutivos de tortura y 48 detenciones ilegales.

C-Libre, en un monitoreo hecho sobre cobertura en las manifestaciones en los últimos 50 días, contabiliza desde el 27 de mayo al 20 de junio, 27 periodistas y trabajadores de medios; víctimas de agresiones policiales y militares.

Un informe elaborado por el Relator especial de Naciones Undas sobre Defensores y Defensoras, Michel Forst, tras su visita a Honduras en 2018, mencionó, tras reunirse con periodistas que: “He escuchado con preocupación sus testimonios y su experiencia de acoso, intimidación y violencia en manos del ejército y la policía nacional por filmar o cubrir protestas, en particular durante la crisis postelectoral y en relación con manifestaciones de estudiantes”.

Forst expuso que los y las periodistas comprtieron con él el hecho de ser vitimas de campañas de descrédito y difamación, así como de amenazas de muerte. “Muchos de los cuales viven en una situación financiera precaria por no beneficiarse de contratos de trabajo permanentes”.

La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13, inciso tres expone: “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.