Venezuela, 04 de junio, 2019 (IPYS).- Periodistas y medios de comunicación continúan siendo afectados por los procedimientos judiciales arbitrarios en Venezuela. Estos hechos, que se enmarcan en un uso abusivo del poder estatal, son contrarios a lo que establecen las instancias internacionales de protección de libertad de expresión, que han dicho que las acciones legales por difamación e injuria y las leyes de desacato deben ser derogadas por los Estados porque restringen el debate público, que es esencial en el funcionamiento de las sociedades democráticas.
Esta vez resultó como víctima el portal web informativo La Patilla, que el martes 4 de junio informó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo condenó a pagar más de 5 millones de dólares a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, por supuestamente afectar su honor y reputación al replicar una información publicada originalmente en el diario ABC de España, en enero de 2015, que citaba declaraciones emitidas por el ex jefe de seguridad del entonces diputado a la Asamblea Nacional (AN), Leamsy Salazar, quien denunció que Cabello estaba vinculado con negocios de narcotráfico.
La medida se conoció a través de una sentencia de la Sala de Casación Civil del TSJ que fue divulgada por el medio digital, en la que el máximo tribunal venezolano ordenó que se pague a Cabello 30.000.000.000 de bolívares, que a la tasa de cambio oficial equivalen a unos 5.081.472,94 dólares.
De acuerdo con el sistema de monitoreo de IPYS Venezuela, el TSJ aún no ha hecho pública la supuesta sentencia que falló a favor de Cabello. En la decisión se declara “sin lugar el recurso extraordinario de casación” de La Patilla y se condena a Inversiones Watermelon, C.A, registro legal del portal informativo, “a resarcir como indemnización por daño moral causado al ciudadano Diosdado Cabello”, por la demanda que interpuso en 2015.
Sentencia viciada
Cabello ejerció la demanda civil y penal por “difamación agravada continuada” en contra de La Patilla, El Nacional y Tal Cual, y 22 directivos de estos medios, en abril de 2015, por los supuesto delitos de “exposición al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación”, según lo que establece el artículo 442 del Código Penal Venezolano.
En principio la acción legal contra La Patilla fue por el equivalente a mil millones de bolívares fuertes, y eso fue lo que ordenó pagar el juez de primera instancia, pero luego de una apelación, el de segunda instancia determinó en septiembre de 2018 que el pago debía ser por dos mil millones de bolívares fuertes. Finalmente, el caso fue elevado al máximo tribunal del país, y la sentencia de la Sala de Casación Penal del TSJ elevó la cifra a Bs. 30 mil millones de bolívares soberanos.
En el caso de El Nacional, el 5 de junio de 2018 se conoció una sentencia en la que se condena al medio a pagar una multa de “Un mil millones de bolívares (1.000.000.000,00)”, pero que deben ser calculados y ajustados por el incremento de la inflación en el país. Este documento fue publicado por Pedro Carreño, presidente de la Comisión del Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de su cuenta de Twitter.
El abogado del portal informativo, Jesús Ollarves, calificó de exabrupto la cifra a pagar de La Patilla, según una entrevista que publicó el diario TalCual, en la que Ollarves también aseguró que, además del valor del monto y los cambios que los diferentes juzgados hicieron del mismo, la sentencia “constituye una violación a la libertad de expresión que tiene como objetivo producir un clima de temor y desasosiego, y fortalecer el blackout informativo que hay en Venezuela”.
El jueves 6 de junio la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó que el TSJ haya condenado “sin debido proceso” al medio digital La Patilla a pagar una «desproporcionada» indemnización a Diosdado Cabello.
“Estamos de nuevo ante un caso de persecución perpetrado por una Justicia politizada y parcializada, como lo es la venezolana, que siempre actúa con la intención de defender a los funcionarios del régimen en detrimento del derecho del público a la información», dijo la presidente de la SIP, la colombiana María Elvira Domínguez.
Entre 2014 y 2018 el registro de IPYS Venezuela contabilizó 30 casos de acciones judiciales en contra de periodistas, medios de comunicación, activistas de DDHH y ciudadanos. Estas demandas han sido ejercidas en su mayoría por funcionarios públicos y contratistas del Estado.
Persecución judicial
Actualmente, 14 de los 22 directivos están en el exilio, 6 estuvieron en el proceso de reparación de daños en una audiencia de conciliación que se llevó a cabo en noviembre de 2018, y solo David Morán, de La Patilla continúa con la causa judicial abierta. Por su parte, Teodoro Petkoff, falleció el 31 de octubre de 2018 cuando el proceso continuaba vigente. En conversación con IPYS Venezuela, David Morán, director de La Patilla explicó que mantiene las medidas cautelares que les fueron impuestas en 2015, por lo que aún tiene prohibición de salida del país y debe comparecer ante tribunales semanalmente.
A estos procesos legales arbitrarios también se suma el abuso de poder en los medios del Estado. En reiteradas oportunidades Diosdado Cabello ha ejercido declaraciones agraviantes en contra de La Patilla durante su programa semanal Con el Mazo Dando, que se transmite en el canal Venezolana de Televisión (VTV). En la emisión del programa del miércoles 5 de junio, Cabello anunció que construirá dos escuelas para niños especiales con la indemnización que debe pagarle el dueño del portal informativo, Alberto Ravell.
“La Patilla podrida que está a punto de ser jugo de patilla”, dijo Cabello cuando se refirió a la decisión del TSJ de condenar al medio digital a pagar 30 mil millones de bolívares a su persona, la cual se había hecho pública el día anterior, martes 4 junio. “Paga lo que debes Ravell para que Dios te ayude. Si no nos paga nosotros vamos a buscar cualquier peretico que tengas en Venezuela y lo vamos a vender para poder construir las escuelas. Los vamos a buscar donde sea”, enfatizó el dirigente del oficialismo.
Pero La Patilla no solo ha sido atacada a través de acciones judiciales contra sus directivos. Morán señaló que este medio informativo también está siendo víctima de bloqueos digitales que impiden a los ciudadanos consultar sus informaciones constantemente. Esta organización ha registrado estos hechos de censura desde junio de 2018, cuando este portal sufrió un bloqueo por HTTP que impidió a los usuarios de Cantv, Movilnet y Movistar acceder a sus contenidos.
De acuerdo con los principios que rigen una internet libre, abierta e incluyente, “el pluralismo y diversidad son esenciales para la libertad de expresión en internet. Esto implica asegurar que no se introduzcan en la red cambios que tengan como consecuencia la reducción de voces y contenidos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha reiterado que “los bloqueos temporales o parciales afectan el ejercicio de los derechos humanos en línea”, al tiempo que ha enfatizado que “los gobiernos han utilizado los bloqueos de portales en internet para impedir que la población acceda a información de interés público”, lo cual constituye una medida desproporcionada e incompatible con la protección” de los DDHH.
En su informe anual 2014, la CIDH recomendó a Venezuela modificar las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión de manera desproporcionada, como aquellas destinadas a proteger la honra de ideas o de instituciones o las que pretenden proteger la seguridad nacional o la paz pública, a fin de eliminar el uso de procesos penales para inhibir el libre debate democrático sobre los asuntos de interés público y el pleno ejercicio de los derechos políticos.
El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela exhorta a los órganos de justicia venezolanos a respetar el debido proceso y las garantías jurídicas, y a respetar los estándares internacionales de libertad de expresión que prohíben las penas excesivas contra medios de comunicación que solo buscan acallar las denuncias sobre asuntos de interés público.