Honduras (C-Libre)
“Te damos 24 horas para que te vayas corresponsal de mierda del país”, fue el mensaje escrito en una de las paredes de la vivienda del corresponsal de Radio Progreso Erick Pineda. Hecho que la emisora denunció públicamente el pasado domingo 09 de diciembre de 2018.
El mensaje contra la vida de Pineda es “una amenaza directa por su labor de comunicación dentro de la emisora”, alertó Radio Progreso en su denuncia hecha a través de su página web. Asimismo, informó del hecho al Mecanismo Nacional de Protección con la finalidad de brindar protección a la vida del comunicador.
Esta nueva amenaza suma a las recibidas contra el equipo de prensa de la radioemisora, así como del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), ambos bajo la coordinación de la Compañía de Jesús.
Además, este hecho, se enmarca en una campaña “de hostigamiento y desprestigio para nuestra labor de ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión, aun en contra de un Estado que reiteradamente lo niega”.
Por ello, se inició un proceso de denuncia para que se realice una investigación por parte de las autoridades correspondientes y que lleve a identificar a los responsables de esta amenaza.
C-Libre registra en 2018, seis alertas emitidas por acciones que coartan la libertad de expresión e información del equipo de prensa de Radio Progreso. Acciones que van desde campañas de odio hacia su director, el sacerdote Ismael Moreno, así como a sus corresponsales en Tocoa, departamento de Colón y en Tegucigalpa, en los meses de enero, agosto y septiembre del presente año.
La Oficina de Naciones Unidas para los derechos Humanos en el país (OACNUDH), en octubre de este año, se pronunció en solidaridad ante estos hechos contra el personal periodístico de la radio emisora con sede en El Progreso, departamento de Yoro.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), menciona que acciones como el asesinato, intimidación amenaza y destrucción de material informativo es violatorio a los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.
Por lo que es un deber de los Estados “prevenir e investigar estos hechos, sancionar a los responsables y asegurara a sus víctimas una reparación adecuada”.