Voces del Sur | América Latina y el Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas

Nov 2, 2025 | 0 Comentarios

Latinoamérica.— En 2024, la Red Voces del Sur (VDS) registró 14 asesinatos de periodistas en América Latina, 125 detenciones arbitrarias, 12 casos de tortura, 8 secuestros y 4 desapariciones forzadas. Pero estos no son los únicos crímenes contra trabajadores de la prensa cometidos en la región, donde actores estatales fueron los principales agresores. 

En total, las organizaciones que conforman la Red VDS documentaron 3.766 alertas contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en 17 países latinoamericanos. Estas incluyen 14 tipos de vulneraciones contra periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación.

Este 2 de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la Unesco destaca las amenazas a las que se enfrentan las mujeres periodistas en el espacio digital, facilitadas y aumentadas por el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA).

El Informe Sombra 2024 de la Red Voces del Sur documenta 142 alertas de violencias contra periodistas motivadas por razones de sexo u orientación sexual. «Estos casos afectaron de manera particular a mujeres periodistas, comunicadoras indígenas y reporteras LGB que suelen ejercer la labor periodística desde enfoques críticos y territoriales», precisa el reporte. 

En general, los hallazgos del Informe Sombra 2024 evidencian nuevos patrones que combinan la continuidad de vulneraciones más graves contra periodistas con mecanismos de intimidación y silenciamiento que son facilitados por la tecnología.

Impunidad que aumenta la censura, autocensura y el exilio 

El informe «Periodistas en primera línea de crisis y emergencias» sobre la seguridad de estos trabajadores y el peligro de la impunidad, elaborado por la Directora General de la Unesco en 2024, señala que 85 % de los asesinatos de periodistas cometidos desde 2006 siguen sin resolverse o han sido abandonados. 

Según registros de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), entre enero y julio de 2025 al menos 13 periodistas fueron asesinados por motivos vinculados con su trabajo: 8 en México, 2 en Perú, 1 en Colombia, 1 en Guatemala y 1 en Ecuador.  

La consecuencia de la impunidad es el miedo que muchas veces se convierte en censura, autocensura e, incluso, en exilio forzado como medida extrema de protección. Países de la región enfrentan, además, la impunidad que promueve el Estado por inacción o por ser el principal victimario contra la prensa. 

En Nicaragua, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) documentó entre julio y septiembre de 2025 un aumento del exilio de periodistas, con 11 nuevos casos que elevan a 304 el total desde 2018. La falta de periodistas aumenta las llamadas «zonas de silencio»: en 65 % del territorio nacional hay desiertos informativos, porque desapareció el periodismo independiente. 

Esta organización también recuerda el caso de Ángel Gahona, periodista asesinado en 2018 mientras cubría una manifestación en vivo. Su crimen permanece impune y representa uno de los casos más emblemáticos de violencia contra la prensa en el país. 

En Venezuela, el Instituto Prensa y Sociedad señala que 16 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen privados de libertad por motivos políticos. En la mitad de estos casos se desconocen el paradero de las víctimas y la información relacionada con sus procesos judiciales. 

«La falta de sanciones judiciales ha consolidado un círculo de impunidad en el que los agresores no son procesados, las víctimas no son reparadas y la sociedad se acostumbra al silencio», destaca IPYS Venezuela

En Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró entre enero y octubre 385 alertas contra 233 periodistas en todo el país, que incluyen el asesinato del periodista Óscar Gómez Agudelo. Además, este año la organización ha documentado 14 casos de desplazamiento forzado y 5 casos de exilio de periodistas. 

Violencias digitales contra mujeres en tiempos de IA 

El tema central de 2025 para el Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, titulado Chat GBV, es crear conciencia sobre la violencia de género facilitada por la IA contra mujeres periodistas. 

«Chat GBV (por sus siglas en inglés, Gender-Based Violence) es un llamamiento a la acción para que todos trabajemos juntos en la lucha contra la violencia de género», precisa la Unesco.  

Según este organismo, las mujeres periodistas —así como políticas, científicas y aquellas que ejercen funciones de cara al público— se enfrentan a nuevas y viejas amenazas que son impulsadas por la inteligencia artificial. Entres estas destacan la difusión de desinformación de género, la vigilancia digital, los deepfakes y otras formas de acoso.  

«Este problema emergente, también conocido como violencia de género facilitada por la tecnología (TFGBV), se ha vuelto alarmantemente frecuente, sobre todo con el auge de la inteligencia artificial generativa», apunta la Unesco

Un informe elaborado en 2021 por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) reveló que 73 % de las mujeres periodistas habían sufrido amenazas en línea relacionadas con su trabajo y una de cada cuatro recibió ataques fuera de línea como consecuencia de las primeras. Estas violencias aumentan la autocensura de las víctimas y generan afectaciones en su salud mental. 

El llamado de la Unesco hoy está dirigido a los Estados miembros de la ONU, las organizaciones, los medios de comunicación y las distintas coaliciones dedicadas a promover, defender y garantizar la seguridad de las personas periodistas, para que actúen contra la violencia de género facilitada por la tecnología en todos los espacios donde sea propicio. 

Proteger el periodismo no es solo una demanda sectorial; es una condición indispensable para la preservación de la democracia y el derecho ciudadano a la información. Este último está enmarcado dentro de la meta principal del ODS 16.10: garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales.