El Salvador, 7 de mayo de 2026 (APES) —. Este jueves 7 de mayo, Carlos Dada, director y fundador del medio digital El Faro, y Óscar Martínez, jefe de redacción de referido medio, denunciaron públicamente que el Gobierno salvadoreño congeló el dinero de una cuenta bancaria y un inmueble de dos socios de Trípode S.A de C.V., la sociedad creadora de El Faro.
Según confirmaron los periodistas, por medio de una transmisión en vivo en YouTube, el hecho ocurrió entre febrero y abril de 2026 sin que el Estado notificara previamente a los accionistas sobre tal acción. “Nosotros sabemos que han congelado bienes porque lo informó el banco de una de las cuentas congeladas”, declaró Dada.
El procedimiento se enmarca bajo la figura de una anotación preventiva, utilizada habitualmente como garantía de pago ante las eventuales deudas de una empresa. Los periodistas también confirmaron que el Ministerio de Hacienda ha abierto cuatro auditorías contra el medio, acusándolos de presunta evasión de impuestos. Aunque El Faro ha apelado a dichas auditorías y ha demostrado la falta de sustento de las mismas —sin que exista hasta la fecha ninguna sentencia definitiva—, el Estado ha procedido a paralizar los activos de los socios, informaron los periodistas.
La denuncia ocurre un año después de que al menos siete periodistas del medio tuvieran que abandonar el país debido a la existencia de presuntas órdenes de captura en su contra. El hostigamiento fiscal contra El Faro no es un hecho aislado; las primeras acusaciones provienen de septiembre de 2020, cuando el presidente Bukele afirmó en una conferencia de prensa que existía “una investigación por lavado de dinero seria” contra el medio.
Ante estos graves hechos, la APES expresa su profunda preocupación por lo que considera una nueva etapa de intimidación y hostigamiento sistemático contra los medios independientes. La Asociación hace un llamado urgente al Estado salvadoreño a cesar inmediatamente el acoso y la persecución, e insta a la comunidad internacional a mantenerse alerta ante estas nuevas formas de asfixia económica y judicial contra la prensa independiente en El Salvador.