Voces del Sur junto a 46 organizaciones latinoamericanas y medios de comunicación suscribieron un comunicado conjunto en rechazo a la persecución en contra de periodistas y actores de la sociedad civil en Cuba. En la Isla, la situación se ha agravado por la crisis de la COVID-19.
Históricamente, la represión a la libertad de expresión y prensa ha sido sistemática en el régimen del Partido Comunista (PCC); sin embargo, esta se recrudece con la aplicación del Decreto Ley 370 “Sobre la informatización de la sociedad en Cuba” que entró en vigencia el 4 de julio de 2019.
El artículo 68 de la normativa establece como contravención la acción de “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Así se contraviene los estándares en materia de libertad de expresión, según lo previsto en los estándares internacionales de Derechos Humanos.
El 28 de febrero de 2008, bajo el mandato de Raúl Castro, Cuba se adhirió a la Declaración de los Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Pero, el país del Caribe ha evitado ratificar, esos instrumentos básicos para la protección de los DDHH.
Con la aplicación de la Ley 370, al menos treinta personas han sido sometidas a interrogatorios, amenazas y decomiso de medios de trabajo por difundir opiniones en redes sociales. Veinte trabajadores de la prensa también fueron víctimas de la imposición de multas de 3000 pesos (120 dólares), cuantía que triplica el salario promedio y que, en caso de no pagar, se asume una sanción de seis meses de cárcel.
La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) ha señalado a Cuba como el país con menos libertad de prensa de América, ubicándolo en el puesto 171 y entre los diez peores del ranking a escala mundial. Freedom House asegura que es el lugar con menor libertad en la red de las Américas y, según el Índice CIVICUS Monitor (indicador de la vigencia de las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica), su espacio cívico es calificado como «cerrado».