La Red Voces del Sur hace pública su preocupación por la denuncia presentada en Uruguay respecto a la existencia de una investigación policial contra el periodista Eduardo Preve, quien divulgó un caso de corrupción policial con filtración de documentos reservados.
Nuestro miembro local, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) reportó que el Ministerio del Interior dispuso la realización de una pesquisa, sin informar a la Fiscalía, que incluyó el acceso a la ficha del periodista en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, la búsqueda de posibles informantes y las llamadas que realizó y recibió a través de su dispositivo móvil. La carpeta con la información sobre el periodista incluyó datos sobre sus familiares cercanos, como fotografías y direcciones personales.
Según denunció Cainfo, “utilizar la Inteligencia del Estado para revelar las fuentes de información, además de implicar un abuso del poder estatal, tiene un efecto inhibitorio sobre posibles fuentes que estén en conocimiento de hechos de interés público, así como de periodistas que pueden divulgarlos”.
Esta noticia se conoció en Uruguay el pasado martes 5, pocos días después que el ministro del Interior Nicolás Martinelli dijera en una actividad pública organizada por la Embajada Británica que las filtraciones periodísticas de información “erosionan el Estado de Derecho y la calidad democrática”.
Por este caso del espionaje al periodista Preve, el ministro Martinelli será convocado al congreso uruguayo para dar explicaciones sobre los objetivos y las motivaciones que llevaron a la Secretaría de Estado a utilizar el aparato de Inteligencia para realizar una pesquisa ilegal contra un periodista, con el fin de identificar a sus fuentes de información en un caso de notorio interés público.
La reserva de las fuentes es un derecho contemplado en la legislación uruguaya y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, se plantea que “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales” y que los Estados tienen la obligación de respetar ese secreto profesional.
La situación ya fue puesta en conocimiento del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca.
La Red Voces del Sur y Cainfo llaman a las autoridades uruguayas a investigar el caso, instando a los poderes Legislativo y Judicial a aclarar los hechos y establecer las responsabilidades ante lo que consideran una “grave violación a la libertad de expresión” y un “abuso del poder estatal”.
Firman las organizaciones de la Red:
Foro de Periodismo Argentino, FOPEA (Argentina)
Asociación Nacional de la Prensa, ANP (Bolivia)
Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Abraji (Brasil)
Observatorio del Derecho a la Comunicación, ODC. (Chile)
Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP (Colombia)
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX (Costa Rica)
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP (Cuba)
FUNDAMEDIOS (Ecuador)
Asociación de Periodistas de El Salvador, APES (El Salvador)
Instituto DEMOS (Guatemala)
Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE (Honduras)
Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia FLED (Nicaragua)
Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA (Paraguay)
Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS (Perú)
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CA-INFO (Uruguay)
Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, IPYSVe (Venezuela)
América Latina, 5 de marzo de 2024