Latinoamérica.— Este 18 de febrero, en la Green Library de la Universidad Internacional de Florida, miembros de la Red Voces del Sur presentaron datos y análisis que evidencian el aumento de vulneraciones contra la libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información en América Latina.
En una primera parte, representantes de organizaciones de Cuba, Nicaragua, Venezuela y El Salvador mostraron cómo los regímenes autoritarios de esos países combinan tácticas de represión violenta con técnicas sofisticadas —como la vigilancia digital y las agresiones a través de Internet— para inocular miedo y forzar el exilio o la autocensura de medios y periodistas.
El caso emblemático del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, detenido en 2022 tras investigar corrupción en el gobierno del entonces presidente Alejandro Giammattei, fue presentado en el intermedio del evento por su hijo, José Carlos Zamora, director para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
Finalmente, los participantes mostraron patrones de agresión contra medios y periodistas en los 17 países de América Latina que cubre la Red Voces del Sur. Crimen organizado, Estado victimario, exilio y violencia diferenciada contra mujeres periodistas constituyen tendencias en aumento en la región, cuyo impacto en la sociedad se traduce en un menor acceso a información que empodere a la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos colectivos.
El Salvador: espionaje, coerción y exilio en una «dictadura sofisticada»
Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), define el régimen de Nayib Bukele como una «dictadura muy sofisticada». Arauz explicó que el gobierno salvadoreño se diferencia de regímenes autoritarios tradicionales —como Cuba, Venezuela y Nicaragua— por el uso de herramientas tecnológicas avanzadas y la coerción mediante leyes discrecionales, en lugar de la violencia física.
«El aparato de persecución es mucho más sofisticado», dijo Arauz, señalando que el régimen salvadoreño utiliza software de espionaje como Pegasus para vigilar a periodistas y defensores de derechos humanos. Esta herramienta de persecución se suma a legislaciones que criminalizan el derecho a la libre asociación y a la Ley de Agentes Extranjeros, que impone impuestos y establece criterios discrecionales para la aprobación estatal de organizaciones.
Bajo este modelo, el ejercicio del periodismo ha sido asumido por el Ejecutivo como una forma de oposición política, catalogando a las personas periodistas directamente como «enemigos del presidente», dijo Arauz. Durante la denominada «escalada de mayo» de 2025, la APES registró el exilio de aproximadamente medio centenar de periodistas.
El impacto del autoritarismo salvadoreño ha inoculado un miedo profundo en la sociedad: según datos de la APES, 9 de cada 10 periodistas en radios comunitarias temen ejercer su oficio, mientras que la autocensura se ha extendido a la ciudadanía, donde 6 de cada 10 salvadoreños prefieren no hablar de política por temor a represalias bajo el régimen de excepción.
Venezuela: miedo y criminalización bajo Estado de Excepción
Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), precisó que en 2025 esta organización registró 110 casos que agrupan 138 violaciones a la libertad de expresión.
«Las cifras por sí solas no cuentan toda la historia», destacó Balbi. Aunque la cifra es menor que en años anteriores, el análisis cualitativo del contexto revela un «entorno de repliegue progresivo» de medios y periodistas, donde el oficio se ejerce bajo un cálculo constante de riesgos y miedo. «Hay una transformación silenciosa del ejercicio profesional, con menos presencia y más cautela», contextualizó.
En 2025, IPYS Venezuela registró 16 detenciones arbitrarias y 5 desapariciones forzadas de periodistas. Aunque algunos han sido excarcelados, aún no reciben libertad plena y enfrentan acusaciones de delitos graves, como «terrorismo» o «incitación al odio», además de tener prohibido hablar públicamente de sus casos.
En cuanto al inicio de 2026, Balbi indicó que se mantienen las restricciones digitales y la censura contra medios independientes. En este contexto, el Decreto N.º 5.200, que establece un Estado de Conmoción Exterior con amplias facultades discrecionales para el Ejecutivo, constituye otro instrumento que limita la libertad de prensa y de expresión en Venezuela.
Cuba: la represión sistemática aumentó 38 % en 2025
Arailaisy Rosabal, miembro de la Junta Directiva del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), informó que esta organización registró 1.285 violaciones a estas libertades fundamentales en Cuba durante 2025. Esta cifra representa un aumento de 38 % respecto a 2024, consolidando un patrón de control totalitario donde la dictadura no acepta discursos divergentes.
«Si nos guiamos por las restricciones digitales, podemos decir que en Cuba diariamente tenemos más de una violación (a la libertad de expresión y de prensa)», asegura Rosabal. Casos emblemáticos incluyen las campañas de difamación y ataques cibernéticos contra periodistas y medios independientes, así como el hostigamiento físico contra periodistas como Yunia Figueredo y su esposo.
El ICLEP advierte que la mayoría de los periodistas independientes cubanos han tenido que exiliarse para escapar de la represión del régimen. Sin embargo, la persecución estatal trasciende fronteras, alcanzando a periodistas que están fuera de Cuba, como ocurrió con José Jasán, director de El Toque, quien fue víctima de un acto de repudio durante un evento al que asistió en México.
Nicaragua: una «dictadura silenciosa» que sigue forzando el exilio de periodistas
Guillermo Medrano, director de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), indicó que en 2025 esta organización documentó 115 casos de agresiones contra la prensa en Nicaragua, cifra que constituye un subregistro, debido al miedo y las dificultades que impone el régimen para el monitoreo de la libertad de prensa.
El análisis cualitativo de los casos muestra una tendencia hacia la «represión adaptativa» del régimen nicaragüense, donde el hostigamiento persistente y las presiones indirectas se combinan con la violencia digital para asfixiar a la prensa independiente.
Medrano señaló que, entre los problemas transversales más críticos que enfrenta el periodismo independiente en Nicaragua, se encuentra la suspensión de fondos de cooperación, así como las restricciones migratorias que impiden el ingreso de comunicadores y creadores de contenido al país.
El impacto más severo de este entorno hostil es el aumento del desplazamiento forzado. «Entre 2018 y 2025, al menos 309 periodistas y trabajadores de la prensa se han visto obligados a exiliarse», precisó Medrano. Entre los tipos o causas del exilio, la FLED identifica la «apatridia de facto»: aquella que sufren periodistas que viajan fuera de Nicaragua y, al querer volver, el Estado no les permite ingresar.
Caso José Rubén Zamora y otros patrones de agresión estatal
En el intermedio del evento, José Carlos Zamora, hijo del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, habló del caso de su padre, quien recibió la semana pasada —por segunda vez— una medida de casa por cárcel. Sin embargo, su hijo recordó que la Fiscalía solicitó este martes revertir la medida de arresto domiciliario, por lo que podrían volver a llevarlo a prisión.
«Lo único que quieren es mantenerlo encerrado. Durante cuatro años, no hay proceso, no hay audiencias, no hay condena y, aun así, lo han mantenido básicamente secuestrado», afirmó Zamora, quien dirige el Programa para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) desde junio de 2025.
En el segundo panel del encuentro, representantes de la APES, Fundamedios, IPYS Venezuela e IPYS de Perú compartieron datos de las organizaciones socias de la Red Voces del Sur que muestran las principales tendencias de agresión contra la prensa en la región.
Adriana León, directora del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), señaló que en el Informe Sombra 2024 de la Red Voces del Sur se registra que actores estatales fueron responsables de 49,3 % de las alertas documentadas, siendo los mayores perpetradores en 15 de los 17 países monitoreados. Esto muestra que, en lugar de proteger y garantizar la libertad de prensa, los Estados latinoamericanos se constituyen como los principales agresores de medios y periodistas.
En Argentina, el Foro de periodismo argentino (FOPEA), organización socia de la Red Voces del Sur, expresó su preocupación por la reciente creación de una cuenta en la red social X denominada «Oficina de Respuesta Oficial», impulsada por la Presidencia de la Nación. Aunque el gobierno de Javier Milei la presentó como una herramienta para «desmentir activamente la mentira» y «dejar en evidencia operaciones», la iniciativa preocupa por el método empleado y por el sujeto que se arroga esa potestad: el propio Estado.
Lo anterior ocurre en el marco de una solicitud hecha por el presidente Milei ante el Congreso de la Nación para derogar el Estatuto del Periodista, que rige en Argentina desde 1946. Voces del Sur, en conjunto con la red IFEX-ALC, emitió un comunicado para exhortar a los legisladores a votar en contra de la medida, ya que impactaría negativamente en la libertad de prensa y el ejercicio de la profesión en el país.
En el caso de Bolivia, los periódicos impresos representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), organización socia de la Red Voces del Sur, denuncian que casi dos décadas de gobiernos de izquierda radical asfixiaron las finanzas de medios independientes, aplicaron una persecución sistemática a través de entidades recaudadoras y encarcelaron y persiguieron a periodistas críticos con los presidentes Evo Morales y Luis Arce.
Crimen organizado y violencia diferenciada contra mujeres periodistas
Pero no solo el Estado agrede a la prensa latinoamericana. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios y presidente de la Junta Directiva de Voces del Sur, presentó datos que evidencian cómo la violencia del crimen organizado contra la prensa se triplicó entre 2021 y 2024, con un crecimiento promedio de 45 % anual.
El crimen organizado ataca a la prensa latinoamericana principalmente en países como México, Honduras y Ecuador. Este panorama se ve agravado por niveles de impunidad extrema, que alcanzan 98 % en México y hasta 100 % en Bolivia, donde no se han procesado efectivamente los crímenes de este tipo contra la prensa.
Finalmente, la violencia diferenciada contra mujeres periodistas de la región constituye otro patrón de represión en aumento, facilitado por el uso no ético de herramientas de Inteligencia Artificial (IA). Registros de Voces del Sur muestran que las mujeres periodistas latinoamericanas enfrentan ataques que incluyen amenazas a sus hijos y violencia digital con connotación sexual.
En México, por ejemplo, 95 % de los casos de acoso en línea contra mujeres tienen un factor de género. Además, figuras presidenciales y altos funcionarios en países como Argentina, Perú y Brasil han liderado discursos estigmatizantes que legitiman el hostigamiento contra las comunicadoras sociales.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2026, la Red Voces del Sur presentará su Informe Sombra 2025, un documento que compila las alertas contra la libertad de prensa y el acceso a la información en 17 países de América Latina, producto de un riguroso registro basado en 15 indicadores compartidos.