Latinoamérica, 12 de abril de 2022: La Red Voces del Sur, con el objetivo de expandir su alcance al monitoreo anual sobre los avances y retrocesos relacionados con el ODS 16, presentó su reporte sobre el ODS 16.10.2, que mide el acceso a la información pública en América Latina. La red generó su propia metodología de monitoreo para valorar la normativa e implementación de las políticas públicas de acceso a la información en los países de la región.
Anabella Rivera, de Demos – Guatemala fue la persona delegada por la red, para exponer el Informe Sombra de acceso a la información pública en Latinoamérica. En este espacio se recordó que el acceso a la información pública es un Derecho Humano, reconocido a nivel supranacional y regional, que habilita al ejercicio de otros derechos.
El informe analiza la normativa e implementación de acceso a la información en la región, con un enfoque de acceso a información, a través de la transparencia activa en el sector de salud. Después de que el mundo enfrentó una pandemia por la COVID-19, es fundamental que la ciudadanía tenga acceso a la información en temas relacionados.
Breve Radiografía de la región:
En el marco del derecho de acceso a la información pública han existido algunos avances a nivel Latinoamérica. La incidencia de la sociedad civil en la región ha propiciado avances notables en el marco de este derecho, así como la promoción de leyes de acceso a la información pública y la contribución a una agenda internacional mediante plataformas como la OEA y la CIDH.
En torno a la legislación y la jurisprudencia, la región ha dado pasos importantes. Once de los trece países miembros de la Red VdS cuentan con normativas específicas en materia de acceso a la información. En cuanto a la jurisprudencia, existen fallos emblemáticos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que demuestran el creciente apoyo de los entes internacionales a la causa de la transparencia en la región. Por ejemplo, el de Claude Reyes y otros contra Chile, donde la CIDH reconoció el derecho de acceso a la información pública, impulsando la apertura en Chile y la eventual aprobación de su Ley de Acceso a la Información Pública.
Ecuador:
En Ecuador aún predomina una cultura del secreto dónde se viola cotidianamente, el Derecho a Saber, expuso Cesar Ricaurte, Director Ejecutivo de Fundamedios Ecuador. El acceso completo a datos que reposan en instituciones públicas sigue siendo una utopía y en muchos casos el mal uso de excepciones como información reservada o de uso exclusivo blinda la información que es de interés general e impide que periodistas y ciudadanos puedan acceder a ella.
Durante el 2021, Fundamedios registró 35 alertas por casos de violación al derecho al Acceso a la Información, 19 casos fueron por negativa, entrega parcial, incompleta u omisión desde organismos públicos y 16 casos por Obstrucción al trabajo periodístico.
Conozca más sobre la legislación, las iniciativas de sociedad civil, casos emblemáticos y más datos levantados en este informe, para conocer la realidad de este derecho en Ecuador.
Venezuela:
En Venezuela, la información de interés público está en cautiverio, expuso Marianela Balvi, Directora Ejecutiva de IPYS Venezuela. Desde hace más de una década la mantienen oculta bajo una política de control y silencio que ha devenido en la pérdida de la institucionalidad responsable de esta tarea y en la desaparición o el ocultamiento paulatino de la memoria reciente del país, de sus datos, sus estadísticas, sus cifras e informaciones más relevantes en materia de salud, economía, educación, seguridad, alimentación y acceso a la justicia.
Entre las afecciones destinadas a obstruir el flujo de información básica y acceso a la información, IPYS registró 114 limitaciones por uso abusivo del poder estatal, 64 hechos de censura, 60 detenciones arbitrarias y 45 procesos civiles y penales
Conozca más sobre la legislación, casos emblemáticos y más datos levantados en este informe, para conocer la realidad de este derecho en Venezuela.
Entre los principales hallazgos regionales
- La tendencia en la Región muestra que existen normativas sólidas sobre acceso a la información. Sin embargo, todavía existe una brecha entre la normativa y la aplicación. A pesar de que 11 de los 13 países representados en la red cuentan con una normativa aceptable en lo referente al acceso a la información pública, esto no necesariamente se traduce a la realidad.
- Escaso conocimiento del derecho de acceso a la información pública entre la ciudadanía en general. El uso de los mecanismos de acceso a la información se concentra en grupos especializados, como organizaciones de la sociedad civil y periodistas; sin embargo, la población en situación de vulnerabilidad es excluida de este patrón.
- Las herramientas para acceder a la información no son suficientemente incluyentes. Los gobiernos, por ejemplo, no publican información en lenguas originarias o en formatos amigables para personas con discapacidad por lo que es necesario generar mecanismo que hagan a este derecho más accesible. Es importante resaltar que la brecha digital en la región sigue siendo un factor que requiere trabajo.
- Existen todavía en los gobiernos reticencias a entregar información, particularmente cuando la información está vinculada a temas de sensibilidad política como el uso de recursos públicos.
Estos tres informes se publican gracias al apoyo de PADF y el financiamiento del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la UNESCO.