Ecuador, 6 de noviembre de 2023· Una delegación de periodistas víctimas de agresiones, censura y amenazas junto con representantes de Fundamedios y Nos Faltan 3 expusieron esta tarde ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones a la libertad de expresión en Ecuador. Los representantes del Estado se disculparon con las víctimas y se comprometieron a avanzar en materia de protección de periodistas y procuración de justicia.
La delegación de sociedad civil estuvo conformada por César Ricaurte y María Amelia Espinosa de Fundamedios, los periodistas María Sol Borja, Karol Noroña y Christian Zurita y el director de Nos Faltan 3, Ricardo Rivas. La red Voces del Sur fue co peticionaria.
El Estado estuvo representado por Henry Cucalón, ministro de Gobierno, Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado, el Embajador de Ecuador ante la OEA, Mauricio Montalvo y otros funcionarios.
A las 16:00 inició la audiencia ‘Situación de la libertad de expresión y falta de garantías en la cobertura en Ecuador’, en la sede de la CIDH, en Washington. Se trató de la séptima audiencia del período 188 de sesiones de la Comisión junto con Fundamedios. En 20 minutos, que se otorgó a la sociedad civil, se hablaron de temas relevantes sobre amenazas, agresiones, atentados y exilios de periodistas, en medio de un contexto de violencia en el país.
El Estado, por su parte, inició con una presentación fría y escueta sobre sus avances en la Ley Orgánica de Comunicación y, por ende, el Mecanismo de Protección de Trabajadores de la Comunicación y Periodistas, asumiendo que era un logro del Gobierno. Sin embargo, fue la sociedad civil, entre ellos, Fundamedios, quienes propusieron este Mecanismo. La CIDH, a través de sus diferentes representantes, cuestionó al Gobierno por su inacción y pidieron respuestas concretas para retomar la confianza en lo estatal.
La sociedad civil se plantó de forma clara y precisa en su intervención. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, inició haciendo un análisis exhaustivo del contexto en el que la prensa se sitúa después de una década de censura y autoritarismo, en la que la persecución contra el periodismo era sistemática e iniciada por el poder Ejecutivo. Después de esta década, explicó, los medios quedaron debilitados y el periodismo está en una situación de precariedad, al punto de que Quito es la única capital de latinoamérica que no tiene prensa impresa. Ricaurte incluyó en su intervención la situación de Diario El Comercio, que está en extinción mientras los dueños violan de forma reiterada los derechos laborales de periodistas y trabajadores.
Añadió el caso de 2018 cuando colegas del mismo diario fueron secuestrados y asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia. Y eso solo fue el inicio de una serie de violaciones graves contra los periodistas, que llevaron a amenazas de muerte y atentados. Resaltó que el Estado ha recibido información constantemente sobre las observaciones de la situación de la comunidad internacional y de la propia sociedad civil, pero su reacción ha sido negligente y de falta de acciones.
Añadió que, en 2023, las agresiones suman hasta la fecha 220. “Este año tenemos que contabilizar, hasta el momento, 9 periodistas exiliados y desplazados y solo en el periodo electoral se han registrado 61 incidentes de violencia electoral, incluidos el asesinato del periodista de investigación y candidato presidencial Fernando Villavivencio”, resaltó.
Por su parte, Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, fotógrafo asesinado en el caso del Diario El Comercio y director de la fundación Nos Faltan 3, denunció la impunidad acerca del crimen cometido contra su hermano. “Nuestro caso ha pasado por cuatro fiscales y sigue en etapa de indagación. Se ha llamado a tomar versiones y un 85% de estas ha sido solicitado por familiares”, expresó. Explicó que en 2021 el Consejo de Seguridad Nacional negó el acceso de información por supuesta afectación a la seguridad del Estado, y se cambió en 2023, la información pasó de reservada a secreta.
Karol Noroña, periodista exiliada, expuso su caso y señaló que en 2023 conoció que miembros de una banda del crimen organizado planeaba un atentado en su contra. Noroña indicó que tuvo acceso a chats y audios de las amenazas en su contra, del medio en el que trabajaba y un plan de asesinato. «Al día siguiente salí de mi país, Ecuador, sin una fecha de regreso. Ahí empezó mi exilio y desde entonces han pasado 8 meses», expresó. Desde ahí, no ha podido publicar nuevas investigaciones, debido a las secuelas piscológicas. Incluso el medio donde trabajaba decidió no cubrir más al crimen organizado y las cárceles, por el riesgo que corren sus colegas periodistas y su propia familia. Noroña hizo énfasis en la desconfianza en el sistema de justicia que opera en total impunidad.
Zurita señaló que ha sido por 30 años periodista de investigación, y ahora enfrenta 4 juicios por diversos delitos. Uno de ellos está radicado en el Estado de Florida, «además, del duelo de mi mejor amigo, que también fue periodista», señaló, con relación a Villavicencio. Además, Zurita explicó que hacer periodismo de investigación ahora lo llaman «delito» y lo intentan juzgar en cortes de Estados Unidos. «Del hostigamiento, las estigmatizaciones y amenazas, los juicios y la brutal violencia el periodismo de investigación se ha visto visiblemente afectado y es necesario entender la magnitud de los eventos que vivimos», señaló. Zurita. Comentó que el 9 de agosto asesinaron a Villavicencio, cofundador del medio digital Periodismo de Investigación. Luego del magnicidio, asumió la candidatura y también, por ende, el mismo nivel de amenaza contra su vida que la tuvo Villavicencio al ser asesinado.
María Sol Borja, por su parte, leyó varios mensajes denigrantes y violentos que recibe todos los días, solo por ser periodista y mujer. «Como estas, hay al menos 90 agresiones dirigidas a periodistas por su condición de género, entre enero de 2022 y marzo de 2023”, puntualizó. Borja explicó que la violencia inicia con discursos estigmatizantes hacia periodistas, y tiene una carga adicional hacia las mujeres, que construye y normaliza la violencia sin que haya ninguna consecuencia. Lo que incluso da paso a vulneraciones de otro tipo, como ocurrió en los paros nacionales de 2019 y 2022. En la calle hubo más de 300 agresiones a periodistas y medios, la gran mayoría, siguen impunes.
María Amelia Espinosa, coordinadora del área de protección de periodistas de Fundamedios, hizo referencia al cuarto ciclo del EPU, en el que Ecuador se comprometió al desarrollo de trabajo periodístico y protección de trabajadores. Señaló que, si bien se reconoce el avance del Mecanismo de Protección para Periodistas: «Ni el ente rector de la comunicación —cuya ausencia en este espacio de diálogo nos llama profundamente la atención—, ni los entes con competencias en materia de riesgos, seguridad, procuración de justicia, se han preocupado por entender que el Mecanismo es un ente multisectorial, incapaz de operar sin personal especializado e independiente en cada una de las áreas referidas», comentó.
«Ninguna autoridad se ha pronunciado por lo que estamos viviendo. Lo que veo es que dicen que hay muchos avances en la Ley de Comunicación, pero no reconocen lo que nos está pasando, mírense al espejo», les dijo Noroña a los representantes del Estado.
Respuesta del Estado
Henry Cucalón, ministro de Gobierno, fue parte de la delegación que representó al Ejecutivo y dijo que durante los dos años y 4 meses que han ejercido la función Ejecutiva, el Gobierno se ha caracterizado por ser un “férreo promotor y defensor de la libertad de expresión en el país” y que se demuestra en la aceptación a las diversas críticas que el Gobierno ha recibido de los medios y de la opinión pública en general. Recalcó que los gobiernos anteriores vulneraron gravemente el derecho a la libertad de expresión, generando un sentimiento de desconfianza pública hacia los periodistas y poniendo en duda a una prensa libre e independiente. “En el caso de Fundamedios, creemos que su rol es fundamental para la democracia ecuatoriana, ya que en los momentos más oscuros para la prensa nacional, cuando desde el poder se censuraba y perseguía a los periodistas, esta organización tuvo la valentía de ser crítica con el gobierno de turno”, resaltó. Cucalón aseguró que Fundamedios ha planteado acciones jurídicas concretas para defender al periodismo libre. Mientras que, Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado, mencionó que el Reglamento a la Ley de Comunicación plantea la protección a los profesionales del periodismo y que atiende la protección del derecho a la igualdad y prohibición de discriminación con perspectivas de género.
La CIDH llamó la atención al Gobierno
Roberta Clarke, vicepresidenta de la CIDH, cuestionó al Gobierno sobre qué medidas ha tomado el Estado para garantizar que termine la impunidad. Y señaló que existe una brecha entre la presentación del Gobierno y de la sociedad civil. «¿Aceptan ustedes esta percepción de impunidad? y, si la aceptan, ¿qué medidas ha tomado el Estado y cómo se devuelve la confianza para que los periodistas puedan brindar la noticia de manera completa e imparcial para que puedan volver del exilio a su país?», preguntó.
Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, también preguntó al Estado por qué el caso ‘Nos Faltan 3’ pasa de mano a mano. «La confianza en el Gobierno se reconstruye con un estado de derecho que garantiza la seguridad y no estigmatiza», señala. La Secretaria también preguntó sobre la Ley Orgánica de Comunicación, si se han revisado experiencias de otros países, que han tenido contextos complejos, y si se tiene presupuesto para cumplir con el funcionamiento de la Ley.
Pedro Vaca, relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, enfatizó que la Relatoría no comparte que desde altas autoridades del Estado se hable de libertinaje de prensa, de mercenarios y hace un llamado enfático para que estas etiquetas hacia la prensa sean utilizadas desde las voces oficiales. Señaló que es donde converge lo normativo con la actitud institucional para enfrentar fenómenos de violencia. «Cuando llegué a finales de septiembre en Ecuador, me hablaban de cinco periodistas exiliados, hoy son nueve», recalcó Vaca.
Margarette May Mallucay, presidenta de la Comisión, señaló que Ecuador no es el único país que sufre del «pecado de la impunidad» y expresó que se necesita erradicar los delitos contra periodistas. «Le concierne a todas las personas, especialmente al Gobierno, para asegurar que sus ciudadanos les escuchen decir de manera enfática que el Gobierno utilizará todos sus poderes para castigar a las personas que han hecho daño o matado a cualquier periodista, en lugar de usar palabras de odio», comentó.
Los compromisos del Estado
Tras escuchar la segunda presentación de la sociedad civil, Henry Cucalón se solidarizó con los periodistas que estaban en la audiencia. Confesó que en el año 2023, sí se agravó la situación de la inseguridad. «El clima de violencia, donde hay responsabilidad estatal, es originado por el crimen organizado», justificó. Cucalón pidió disculpas si en el Gobierno se dio el discurso estigmatizante contra la prensa, pero aseguró que no ha sido «sistemático». Cucalón resaltó que en esta audiencia debe iniciar un compromiso para materializar la Ley de Comunicación y tener políticas de seguridad para los periodistas. Señaló que sí conocía situaciones como la de Karol Noroña y se disculpó por no realizar una declaración oficial.
Por su parte, el Procurador aseguró que hay un compromiso del Estado para avanzar en las investigaciones de crímenes contra periodistas. «Mi compromiso es hacer lo posible para que se solucione el caso de los periodistas asesinados de Diario El Comercio», indicó.
Peticiones a la CIDH
En la audiencia, por falta de tiempo, no se pudieron expresar las peticiones necesarias en la audiencia, aquí se adjuntan:
- El Estado debe dar los pasos necesarios para la implementación urgente del mecanismo, asignando los recursos económicos necesarios para su efectivo funcionamiento evaluando riesgos, dictando políticas, tomando acciones de protección y facilitando la denuncia de los actos de violencia contra periodistas.
- El Estado debe articular intersectorialmente y de forma participativa la creación de una política pública de protección al trabajo periodístico, que cuente con recursos humanos, financieros y técnicos suficientes.
- El Estado debe iniciar procesos de sensibilización para prevenir el uso del discurso estigmatizante contra periodistas y la violencia de género contra trabajadoras de la comunicación.
- Procurar justicia y reparación integral a víctimas directas e indirectas.
- El estado debe cesar de calificar como falsos los contenidos de periodistas y medios de comunicación.
- Debido a la grave situación de violencia electoral que tiene un impacto directo en el ejercicio de derechos de participación y los derechos de expresión y prensa durante los procesos electorales, solicitamos que la Comisión pida ser parte de las próximas misiones electorales de la OEA para que se realice un monitoreo y elabore un informe sobre la situación de la libertad de expresión durante el proceso electoral.
- Que la Honorable Comisión preste especial atención a las peticiones de medidas cautelares relacionadas con casos que ocurran en Ecuador, y las atienda en consideración de la urgencia con la que son requeridas.
- Que la Comisión siga apoyando de forma decisiva los pronunciamientos de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión sobre la situación de Ecuador.