Latinoamérica, 01 de febrero de 2023.- El Tribunal de Garantía de Concepción condenó por injurias graves o difamación al director del periódico digital Resumen, Felipe Soto, a 61 días de cárcel y una multa de USD 847. Al no tener antecedentes penales, el periodista no irá a la cárcel, pero deberá reportarse una vez al mes ante la Policía durante el próximo año e informar de su paradero. La Red Voces del Sur ve con preocupación que se utilice el derecho penal como una herramienta de censura, lo que viola la libertad de expresión y prensa. Además, genera un precedente que resguarda a los funcionarios públicos del escrutinio de los medios, algo que más bien debe estar garantizado en una democracia.
Soto escribió un reportaje en julio de 2022 llamado ‘Presuntos sobresueldos en la Municipalidad de Quilleco’. En el texto se aludía a la trayectoria política de Rodrigo Daroch Yáñez, funcionario del Gobierno Regional de Biobío, y a los contratos de trabajo que mantuvo en forma paralela y que fueron objeto de investigación por parte de la Contraloría, sin que en el reportaje se le imputará la comisión de un delito. El aludido, quien no ejerció el derecho de rectificación, acudió a la justicia penal con una querella en la que acusaba al periodista. En el reportaje se alega que Daroch ganaba un salario excesivo mientras trabajaba en el Estado y los gobiernos locales.
Nuestro nuevo socio de Chile, el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), informó que la acción fue acogida por el tribunal y, tras varios meses de tramitación, condenó a Soto por el delito de injurias graves a prisión e incluyó la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Sin embargo, por carecer de antecedentes penales, se sustituyó la pena por la de remisión condicional de un año, tiempo en que Soto quedará con firma mensual y bajo observación y vigilancia de Gendarmería.
En el fallo, el tribunal consideró acreditadas las acusaciones respecto al uso de expresiones que buscan dañar la honra y producir un menoscabo, aludiendo al titular del reportaje ‘El método Daroch en la Provincia del Bío Bío’ y señalando que este contenía información parcializada. Soto dijo al Comité de Protección de Periodistas (CPJ) que seguirá informando, pero que una sentencia penal “es muy intimidante”.
Javier García, presidente de nuestro socio ODC, dijo, sobre el uso del poder judicial: “Resulta frecuente que empresarios, políticos y altos funcionarios públicos abusen de los recursos judiciales, interponiendo querellas u otras acciones contra periodistas o activistas que divulgan información y críticas sobre asuntos de interés público”. Indicó que se ha producido un considerable aumento de las querellas por injurias y calumnias. Hasta 2015 se ingresaban menos de mil querellas al año, pero en 2020 han aumentado casi el doble. “La mayoría de ellas son admitidas a trámite y el 17% de las causas finaliza en gran medida porque el acusado acepta su responsabilidad por miedo a ser condenado y a enfrentar la incertidumbre de un proceso legal”, puntualizó.
Voces del Sur ve con indignación que en los países de la región se utilice al sistema judicial como un instrumento para coartar la libertad de expresión. Además, este tipo de delitos contra el ejercicio periodístico van en contra de las recomendaciones de la CIDH a Chile, en las que han señalado en varias ocasiones la despenalización de los delitos de difamación, injurias y calumnias cuando estos casos incluyen a funcionarios públicos. Hacemos un llamado al Estado de Chile a allanarse a estas recomendaciones y respetar el trabajo de la prensa.
Firman las organizaciones de la Red:
Foro de Periodismo Argentino, FOPEA (Argentina)
Asociación Nacional de la Prensa, ANP (Bolivia)
Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Abraji (Brasil)
Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP (Colombia)
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP (Cuba)
FUNDAMEDIOS (Ecuador y Estados Unidos)
Asociación de Periodistas de El Salvador, APES (El Salvador)
Instituto DEMOS (Guatemala)
Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE (Honduras)
ARTICLE 19 (México y Centroamérica)
Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia FLED (Nicaragua)
Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA (Paraguay)
Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS (Perú)
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CA-INFO (Uruguay)
Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, IPYSVe (Venezuela)
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX (Costa Rica)
Observatorio del Derecho a la Comunicación, ODC (Chile).