La red latinoamericana de organizaciones de libertad de expresión Voces Del Sur realizó, el 9 de marzo, un foro para analizar los efectos de la aplicación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros sobre la libertad de prensa, libertad de expresión y derecho de asociación en Nicaragua.
Con la participación de tres destacados periodistas que contaron sus experiencias: Lucia Pineda Ubau, jefa de prensa de 100% Noticias; María Lilly Delgado, corresponsal freelance Noticiero Univisión en Managua y el especialista en medios de comunicación y excoordinador de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Guillermo Medrano.
El evento fue moderado por el director de Fundamedios, César Ricaurte, quien recordó que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en octubre del 2020 la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que controla las actividades de aquellas personas o empresas que reciban financiación del exterior, una ley que la oposición y organizaciones de Derechos Humanos han calificado como un instrumento de represión política y restricción de libertades.
¿Cómo afecta la aplicación de la Ley de Agentes Extranjeros al ejercicio periodístico?, fue la pregunta inicial con la que se inició el Foro.
Lucía Pineda aseguró que la Ley de Agentes Extranjeros ya comienza a afectar a algunos periodistas que realizan investigaciones independientes y también a los nuevos medios de comunicación digitales que nacieron a raíz del 2018, por la crisis de Nicaragua. Recordó que esta ley declara “extranjeros” a organizaciones no gubernamentales que reciben fondos de cooperación internacional, muchas dedicadas al tema de defensa de Derechos Humanos como la Libertad de Expresión. Algunas de ellas tan emblemáticas como la la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, decidieron cerrar operaciones para no someterse a estas leyes ilegales e inconstitucionales. Recordó que esta organización entregaba asesoría en fortalecimiento de contenidos, capacitaciones a los periodistas y medios de comunicación y que eran importantes pues mejoraba el contenido de los medios.
Para Maria Lilly Delgado, el cierre de la ONG impacta en la capacitación y profesionalización de los periodistas, además que se van cerrando espacios cívicos. Recordó que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos han sido fuertemente cuestionadas por organismos internacionales de defensa de Derechos Humanos por atentar contra derechos.
Para Guillermo Medrano, la Ley de Agentes Extranjeros es una de las leyes más perversas que se han visto en los últimos tiempos y es considerada como una ley asesina de las iniciativas ciudadanas porque es una ley ordinaria que violenta más de 10 derechos constitucionales. “Violenta el derecho al trabajo porque aquella persona que se reconoce o se tiene que inscribir como un agente extranjero tácitamente está renunciando a su nacionalidad y de forma automática pierdes los derechos constitucionales de poder participar en un cargo de elección popular o ser funcionario público”, dijo.
Sobre el cierre de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro recordó que decidieron cerrar las puertas y con ello “23 años de historia, 23 años de trabajo de la mano con los periodistas y con medios de comunicación donde el único delito que podíamos haber realizado es brindar acompañamiento, asesoría, formar y generar capacidades para mejorar la calidad de la prensa independiente. Para nosotros fue más satisfactorio cerrar las puertas de la institución con dignidad, que vernos sometidos a algo tan siniestro y tan bochornoso. Tenemos la plena seguridad que en un gobierno democrático la fundación Violeta Barrios de Chamorro va a volver a abrir sus puertas, va a seguir acompañando a los periodistas, a los hombres y mujeres de prensa porque esa es nuestra naturaleza y nuestra misión”.
En noviembre de este año se debe llamar a elecciones generales en Nicaragua por lo que Ricaurte preguntó cuál es la afectación de estas leyes al derecho ciudadano a estar bien informado y más aún en un contexto pre-electoral.
Maria Lilly Delgado alertó que otra Ley aprobada a finales del año pasado, la llamada “Ley de Ciberdelitos” podría afectar a los periodistas y también a los ciudadanos pues en el Artículo 28 se refiere a las amenazas a través de las tecnologías de la información y la comunicación y a quien cause un mal se le impondrá una pena de 1 a 2 años de prisión. Además, por la divulgación de un secreto se establecen penas de 2 a 4 años.
Asimismo, el Artículo 30 sobre la propagación de noticias falsas establece que quien a través de las tecnologías de la información y la comunicación difunda información falsa o tergiversada que produzca alarma y temor o zozobra en la población en un grupo se le impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y 300 a 500 días de multa. Además, si esta publicación perjudica el honor prestigio y reputación a una familia se le impondrá la pena de uno a tres años de prisión. “Esta Ley pone en riesgo a los periodistas desde el punto de vista que el poder judicial en Nicaragua no es independiente”.
Lucía Pineda dijo que a pesar de que los arrasaron ellos están con las botas puestas. “Estamos aquí desarrollando nuestro trabajo con compromiso y Pasión por qué no podemos dejar sola a la gente no los dejamos solos cuando estaba enciendo la represión y no los vamos a dejar solos en este momento. Salí de la cárcel con el compromiso de que voy a seguir informando asumiendo todas las consecuencias y bajo todo riesgo”. Reflexionó que en este ambiente electoral es bastante complicado y que las libertades con estas leyes represivas de Nicaragua está en alerta roja y pidió a la comunidad internacional que no dejen sola a la prensa.
Al finalizar el Foro, Guillermo Medrano sostuvo que en Nicaragua pese a la persecución del Gobierno sandinista contra la prensa, existe un periodismo comprometido y valiente que sigue informando y documentado pese a un cóctel de leyes perversas: “hay prensa para rato”.