El eterno laberinto de la información pública

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En Ecuador aún predomina una cultura del secreto dónde se viola cotidianamente, el Derecho a Saber. El acceso completo a datos que reposan en instituciones públicas sigue siendo una utopía y en muchos casos el mal uso de excepciones como información reservada o de uso exclusivo blinda la información que es de interés general e impide que periodistas y ciudadanos puedan acceder a ella.

Legislación: 

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP, aprobada en 2004 y cuyo objetivo es que todo ciudadano pueda acceder a la información pública es vulnerada constantemente en la práctica, pues las instituciones se amparan en normas de menor categoría para limitar el acceso a este derecho. 

El 7 de agosto del 2020, luego de una construcción normativa colectiva, Fundamedios entregó a César Litardo, ex presidente de la anterior Asamblea Nacional y al grupo multipartiditas de Asambleístas por la Transparencia y el Acceso a la Información el texto del anteproyecto de nueva Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, LOAIP como una herramienta de lucha contra la corrupción y como garantía del Derecho a Saber de todos los ecuatorianos.

Entre los puntos más novedosos está la creación de una Superintendencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano independiente e imparcial con autonomía administrativa y financiera que garantice el acceso y la protección de información personal.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Unesco en su indicador 16.10.2 analiza la cantidad de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, legales o normativas para el acceso público a la información que se convierte en una herramienta para combatir la corrupción y es un deber de los estados con la sociedad y la democracia.

Iniciativas de Sociedad Civil:

Fundamedios junto con la red de Voces del Sur desarrolló una Metodología para el monitoreo del indicador 16.10.2 sobre acceso a la información pública, sobre la base de los materiales de UNESCO.

Datos Ecuador

Durante el 2021 se registraron 35 alertas por casos de violación al derecho al Acceso a la Información, 19 casos fueron por negativa, entrega parcial, incompleta u omisión desde organismos públicos y 16 casos por Obstrucción al trabajo periodístico.

El Estado fue el mayor victimario, siendo actor en 32 de las 35 alertas levantadas. La cartera de Salud ocupó el primer puesto como agresor, los municipios fueron catalogados como segundo agresor más recurrente y después otras entidades estatales como la Policía Nacional, la Contraloría General del Estado, entre otros.

Caso emblemáticos

En el informe se resaltan 10 casos emblemáticos donde se detallan las alertas contra vulneraciones al acceso a la información. 

• El Ministerio de Salud fue el principal responsable de limitar el acceso a la información pública en el contexto de la segunda ola de la Covid -19.
• La Fuerza Pública también atentó contra la libertad de acceso a la información. militares, policías e incluso guardias de seguridad presidencial ocasionaron en este año varios atropellos contra la libertad de acceso a la información por parte de periodistas en Ecuador.
• A los medios de comunicación se le dificulta acceder a información específica sobre el patrimonio y evolución de algunos funcionarios públicos, desde la Contraloría General del Estado se acogieron a una serie de justificaciones que impidieron el acceso a esta información pública.
• Se pudo evidenciar atentados al acceso a la información, por parte de las Municipalidades de: Guayaquil, Ventanas, Guamote y Tumbaco atentaron contra el acceso a la información.
• En cuanto al importante caso, Nos Faltan 3, El Consejo de Seguridad Pública del Ecuador (Cosepe) negó por otro año más, la desclasificación de información relacionada con el secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, ocurrido en marzo del 2018 en la frontera colombo-ecuatoriana.
• El Poder Electoral generó decisiones que atentaron el libre acceso a la información. el Consejo Nacional Electoral (CNE) no permitió que los periodistas y equipos que realizaron cobertura para medios digitales puedan acceder al Centro de Difusión de Resultados (CDR), el día de las elecciones. Así mismo, el órgano impidió a la prensa la cobertura del diálogo entre Guillermo Lasso y Yaku Pérez.

 Conclusiones: 

• Las alertas por acceso a la información se triplicaron este año en comparación al 2021 lo cual es un dato a tener en cuenta.
• La Asamblea Nacional debe aprobar una nueva Ley de Acceso a la Información acorde a los nuevos tiempos y que establezca responsable del control del cumplimiento de este derecho.
• La categoría de información reservada ha sido mal utilizada por las instituciones públicas para brindar información.
• Es necesario fortalecer las capacidades de monitoreo de la situación de acceso a la información pública desde la sociedad civil.