En el Perú existen tres principales frentes de agresión a la libertad de expresión de ciudadanos, medios de comunicación y periodistas: el aparato legislativo, las querellas por difamación y la impunidad judicial. El Congreso que duró hasta setiembre de 2019 y que estuvo compuesto por la mayoría parlamentaria comprometida en asuntos graves de corrupción, intentó en numerosas ocasiones afectar el libre desenvolvimiento y la libertad de expresión de ciudadanos, medios de comunicación y periodistas a través de proyectos de ley y leyes, en particular aquellas que restringen la publicidad estatal en medios privados, que obligan a la colegiatura de periodistas y que aumentan las penas de cárcel por difamación. También montaron un aparato de perfiles falsos en internet para difamar a periodistas dedicados a investigar estos actos de corrupción. Las querellas por difamación son también una herramienta utilizada para acallar ciudadanos, medios de comunicación y periodistas, especialmente por parte de personas envueltas en casos de corrupción o abusos de poder de diversa índole, en su mayoría funcionarios públicos. Finalmente, la impunidad y falta de justicia a lo largo del tiempo contra periodistas asesinados.
En el Perú ejercer el periodismo de investigación es posible y es libre. Sin embargo, es presa de amenazas, procesos judiciales y estigmatización en redes sociales cuando se trata de investigar y publicar temas que comprometen a funcionarios públicos y personas poderosas. Es allí donde se convierte en un trabajo de riesgo sin apoyo de la justicia ni demás autoridades.
Ataques legislativos
En el Perú, hasta setiembre que el presidente tomó la drástica decisión de cerrar el Congreso y llamar a nuevas elecciones parlamentarias, se creó la agenda legislativa «antiprensa». Esto se da como respuesta a las labores de investigación sobre los casos de corrupción Lava Jato y Lava Juez que ha llevado a cabo un sector de la prensa, y que han terminado en investigaciones fiscales e incluso la cárcel para varios prominentes y poderosos políticos y jueces. En este escenario, la opinión pública reconoció y respaldó el trabajo de la prensa considerando que ”se la ha jugado por el Estado de derecho”. Sin embargo, estos reportajes e investigaciones fueron mal recibidos por la mayoría parlamentaria y otros funcionarios públicos de alto grado. En represalia se presentaron varios proyectos de ley con el objetivo de amordazar a los periodistas y ahogar a las empresas de medios con iniciativas que afectan sus ingresos económicos. Sin embargo, la presión de la ciudadanía, el trabajo en redes de las organizaciones de sociedad civil dedicadas a defender los derechos humanos y la libertad de expresión logró que en muchos casos varios de estos proyectos fueran retirados.
Los más recientes han sido el intento de colegiatura obligatoria de periodistas para ejercer el periodismo, que atenta no sólo contra hombres y mujeres de prensa, sino ciudadanos no periodistas que tienen todo el derecho de ejercer su libertad de expresión a través de medios de comunicación masiva. En el Congreso también se originó el proyecto de ley para prohibir que directores periodísticos, editores, productores, gerentes generales, accionistas u otros cargos similares ejerzan sus funciones en un medio de comunicación si tienen una sentencia firme que los haya condenado por corrupción en perjuicio del Estado. Estos proyectos no se han convertido en ley.
Un nuevo proyecto de ley publicado todavía vigente propone ampliar la pena de cárcel por difamación de un máximo de tres años actual a un rango de entre cuatro y siete años. De aprobarse, la difamación sería penada con cárcel en todos los casos. El congresista que propuso este proyecto es el mismo que propuso la colegiatura obligatoria de periodistas. Este proyecto de ley especifica que la pena también se aplicará a casos de difamación en redes sociales, que lo hace reiterativo, pues el Código Penal ya establece que la difamación se aplica a medios de comunicación sociales. Las redes sociales son medios de comunicación sociales. Debido a la inclusión de las redes sociales en este proyecto de ley, la iniciativa se ha tomado como una propuesta de norma sobre difamación en redes sociales, por lo que se ha caído en el error de no ver el espectro completo: que se busca ampliar la pena de cárcel por difamación.
En paralelo y con la participación de IPYS y otras organizaciones de la sociedad civil se presentó un proyecto de ley que propone despenalizar los delitos contra el honor. Así, sugiere reemplazar la pena de cárcel (por hasta tres años actualmente) por sanciones económicas. Incluye a las parodias, las sátiras y la opinión como prácticas exentas de ser causales de difamación. Se incluyen también, para casos de difamación, la prueba de la verdad, en la que el infractor quedará exento de sanción si prueba la verdad de sus afirmaciones, o haber hecho lo posible por llegar a ella. El proyecto también propone procedimientos prejudiciales y judiciales para el derecho de réplica y rectificación con el fin de aclarar los pasos a seguir. El proyecto de ley está en sus primeros pasos, y por el reducido tamaño y alcance de la bancada que lo propone –Bancada Liberal– es difícil que llegue a comisión o a ser discutido en el Congreso.
Por otro lado, la propuesta de ley de publicidad estatal está encaminada. Luego de que el Tribunal Constitucional concluyera que la propuesta inicial, que prohibía la publicidad estatal en medios privados, era inconstitucional, se trabajó otro dictamen de ley que finalmente fue aprobado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso en mayo del 2019 y que ya no prohíbe la publicidad estatal en medios privados. En el dictamen se reconocen dos puntos principales favorables a la libertad de expresión: se priorizan los medios privados como receptores de publicidad estatal y se reconoce en el objeto de la ley “el derecho del ciudadano a ser informado”. También se establecen condiciones para que la contratación de publicidad estatal responda a necesidades concretas, y se dirija a medios según su alcance y público objetivo. Sin embargo, quedan dudas respecto a la obligatoriedad de los medios de tener una autorización vigente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones –pues esto puede ser utilizado como amedrentamiento– y que aquellos que tengan deudas con el Estado no puedan ser elegidos para contratar publicidad estatal, debido a que pueden existir planes saludables de pago de deuda. También por la obligatoriedad en el uso de centrales de medios, que pueden encarecer la contratación de espacios privados de publicidad para el Estado y tener control sobre lo que se publica y dónde. El dictamen ha sido reconocido por los gremios de periodistas pues ha recogido diversas opiniones de organizaciones de la sociedad civil.
En septiembre del 2019 la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República creó un grupo para investigar a las encuestadoras locales. Las pesquisas durarán sesenta días y versarán sobre “la metodología y las acciones” de las encuestadoras y “posibles casos de manipulación propagandística”. Uno de los miembros de esa comisión, el congresista fujimorista Héctor Becerril, señaló que las encuestas “no están sujetas a regulación alguna”. Esto se da luego de que en diversas encuestas se refleje la baja aprobación del Congreso (por debajo de 10%) y la alta aprobación por el adelanto de elecciones propuestas por el presidente Martín Vizcarra. Diversas voces señalaron que esta medida hostil tiene una motivación política.
La crisis política llegó a su pico a fines de setiembre cuando Vizcarra cerró el Congreso y llamó a elecciones para enero de 2020. Varios de los proyectos legislativos han quedado pendientes, en agenda para ser discutidos por el nuevo Parlamento.
Acciones judiciales contra periodistas
En 2019 se registraron numerosos casos de amedrentamiento contra periodistas y medios de comunicación, y se han arrastrado otros casos judiciales inconclusos que todavía no encuentran cauce en el sistema judicial peruano. El IPYS identificó querellas por difamación que no tienen sustento, pero que continúan en proceso.
Casos
- Caso Concejo cerrado: los medios de comunicación Ribereña Radio, Últimas Noticias, La Mega, entre otros, denunciaron en enero del 2019 que funcionarios municipales del distrito de Guadalupe, en la región norteña de La Libertad, impiden su ingreso a las sesiones de concejo. Los únicos periodistas permitidos son aquellos de la oficina de imagen institucional de la municipalidad.
- Caso Alvarado: en marzo de este año el diario Correo de la región norteña de Lambayeque denunció que personal de la Policía Nacional del Perú agredió físicamente a una de sus periodistas, Ericka Alvarado. La periodista cubría una nota sobre una supuesta agresión de un policía a su pareja.
- Caso Chambergo: en marzo una secretaria de juzgado querelló por difamación a la periodista Rosa Chambergo (Expresión) luego de que ésta publicara que habría una presunta falsificación de documentos para que el hijo de la secretaria obtenga una nueva identidad.
- Caso Facebook: en marzo el periodista Gustavo Gorriti denunció un acto de censura de parte de Facebook cuando la transmisión que realizaba a través del sistema Live fue interrumpido. Gorriti respondía a ataques recibidos por el expresidente Alan García. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) contactó a Facebook para conocer los motivos del caso. La empresa sostuvo que sus “sistemas calificaron incorrectamente un link incluido en el texto como spam y consecuentemente eliminó el video”.
- Caso Sodalicio: en abril del 2019 una jueza de la ciudad norteña de Piura condenó al periodista Pedro Salinas a un año de prisión suspendida y a pagar S/.80,000 de reparación civil (unos US$25,000) al arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, que lo había demandado por supuesta difamación agravada. Salinas y la también periodista Paola Ugaz publicaron en el 2015 el libro Mitad monjes, mitad soldados en el que investigaron abusos sexuales en el grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana, al que Eguren pertenece. Eguren luego desistió de la querella contra Salinas. Antes de que Eguren cerrara el caso contra Ugaz, nuevamente desde Piura llegó una segunda demanda contra Ugaz por la supuesta comisión del delito contra la administración de justicia, en la figura de falso testimonio en el juicio contra Salinas, del cual Ugaz fue testigo. Ugaz había colaborado en un reportaje de investigación emitido por la cadena Al Jazeera, en el que se reveló una relación estrecha, a través de documentos e investigación, entre el Sodalicio y una empresa inmobiliaria vinculada al tráfico de tierras en Piura. La demanda contra Ugaz continúa en curso.
- Caso Eteco: en abril de este año el Poder Judicial admitió una nueva demanda por difamación interpuesta por Miguel Arévalo Ramírez contra los periodistas Oscar Castilla (Ojo-Público.com) y Edmundo Cruz (La República) y dispuso el embargo preventivo de los bienes de ambos medios de comunicación. Ambos periodistas han investigado la relación de Arévalo, alias ‘Eteco’, con el narcotráfico, utilizando fuentes contrastadas, entre ellas la Drug Enforcement Administration de EEUU (DEA). Otros periodistas incluidos en la demanda son César Hildebrandt, Eloy Marchan, Américo Zambrano (Hildebrandt en sus trece); Gustavo Mohme (La República); Marco Zileri y César Pardo (Caretas); y Miguel Ramírez (El Comercio). En mayo el Poder Judicial archivó dos demandas contra los periodistas, pero mantuvo la orden de embargo. En agosto los periodistas asistieron a una nueva audiencia en la que se presentaron los alegatos finales de ambas partes. La jueza del caso sostuvo que el fallo final será emitido en las próximas semanas o meses.
- Caso Bustíos: también en abril el Poder Judicial ordenó un nuevo juicio contra el general en retiro, exministro y excandidato a la alcaldía de Lima Daniel Urresti por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos (Caretas) en 1988 durante la época del terrorismo peruano, tras 31 años de impunidad. En octubre del 2018 se absolvió a Urresti de la presunta coautoría del asesinato del periodista.
- Caso López: en mayo inició el juicio por difamación contra el periodista Yofre López (Barranca.pe) de la provincia de Barranca, al norte de Lima. La jueza Juana Caballero lo querelló luego de que el periodista cuestionara su decisión de revocar la prisión preventiva del exalcalde de Barranca acusado por corrupción y por publicar una declaración jurada de la jueza donde figura su patrimonio. Ha solicitado tres años de cárcel y una reparación civil de S/.100,000 (unos US$30,000).
- Caso Humala: en agosto el abogado del expresidente Ollanta Humala, investigado por corrupción en el marco del caso Lava Jato, señaló que llamará a directivos de medios de comunicación como testigos frente a un eventual juicio contra Humala. A Humala se lo investiga por lavado de activos por presuntamente haber recibido aportes de campaña de Odebrecht de la ilegal ‘Caja 2’. “Casi el 85% se gastó en propaganda en TV y diarios. Si la hipótesis fiscal es que se lavó dinero…”, dijo el abogado, señalando que los medios también habrían recibido dinero ilegal.
- Caso IDL-Reporteros: en varios momentos del 2019, incluso hasta septiembre, se han registrado protestas y plantones en la sede de IDL-Reporteros y contra el periodista Gustavo Gorriti, uno de los principales líderes en la investigación contra casos de corrupción. Colectivos de ciudadanos, entre ellos fujimoristas, han protestado frente a la redacción del medio de comunicación y han acusado al periodista de “terrorista”. Similares casos ocurrieron también frente a las redacciones de El Comercio y La República.
- Caso Ayala: después de 35 años, sigue impune el asesinato del periodista Jaime Ayala (La República), quien desapareció en una base de la Marina del Perú tras imponer un reclamo por el allanamiento de la casa de su madre durante la época del terrorismo en el Perú. Ayala ingresó a la base de la Marina pero nunca más salió. Varios testigos, incluyendo exmarinos, han declarado que Ayala fue torturado y asesinado.
- Caso Choquepata: también sigue impune el caso del periodista David Choquepata, asesinado en el 2016 en su propia cabina de radio. La fiscalía ha archivado la investigación del crimen.
- Caso Chacón: continúa el caso de investigación del Ministerio Público contra la estudiante de fotografía Daniela Chacón Ysla, quien es acusada del delito de apología al terrorismo, por el que se piden 15 años de prisión y una reparación civil de S/.500,000 (unos US$150,000) a favor del Estado. Chacón realizaba, hace dos años, un “experimento social”, como ella misma lo ha llamado, que consistía en pegar afiches del terrorista Abimael Guzmán y del exdictador Juan Velasco bajo el lema “héroe nacional”. El objetivo de la estudiante era recibir comentarios a través de un correo electrónico para generar un debate. La estudiante ha señalado que ha presentado todas las pruebas y testimonios que demostrarían su inocencia.
- Caso CIDH: en septiembre del 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al gobierno peruano la demanda que ocho periodistas presentaron tras la compra de Epensa por parte de Grupo El Comercio en el 2013. El Estado tiene tres meses para presentar sus observaciones a una demanda presentada en el 2015. Esta notificación no supone prejuzgamiento sobre la admisibilidad de la petición.
- Casos El Comercio: Empresa Editora El Comercio tiene abiertos diez casos de querellas por difamación con casos que se remontan hasta el 2013 por un total de S/.211 millones (más de US$63 millones).
- Casos Epensa: Grupo Epensa tiene abiertos ocho casos de querellas por difamación con casos que se remontan hasta el 2015 por un total de casi S/.2 millones (caso US$600,000).
Transparencia y acceso a la información pública
Desde finales del 2018 el gobierno peruano había impulsado la creación y formación de entidades relacionadas al acceso a información pública. Esto como continuación a la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la última instancia a nivel nacional. Su competencia es resolver controversias que se susciten en materias de transparencia y acceso a la información pública. A finales del 2018 se presentaron los tres vocales de la Primera Sala del Tribunal, y a mediados del 2019 inició la selección de vocales de la Segunda Sala. Este ha sido un avance casi en solitario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pues no existe mayor voluntad política en este aspecto.
Alertas emitidas durante 2019:
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28/01/2019
Perú: funcionarios municipales impiden ingreso de periodistas a las sesiones de concejo
Periodistas de Ribereña Radio, Últimas Noticias, La Mega, entre medios de comunicación denunciaron que los funcionarios municipales del distrito de Guadalupe impiden el ingreso de la prensa a las sesiones de concejo. Los hechos ocurren en Pacasmayo, al norte del país.
Aunque las sesiones se realizan a puerta abierta, los periodistas señalaron que son impedidos de ingresar al salón. Desde el umbral deben tomar fotos, videos, audios y realizar su cobertura.
El pasado 22 enero los miembros del concejo votaron para decidir si la prensa ingresaba o no a la sesión. Ese día se les permitió entrar pero solo unos pasos adelante de la puerta. Para la siguiente sesión nuevamente se les prohibió el ingreso.
Los únicos periodistas que son permitidos de entrar al salón son los de la oficina de Imagen Institucional de la Municipalidad.
IPYS protesta por estas ilegales medidas adoptadas por el municipio de Guadalupe que afecta la libertad de acceso a la información de los periodistas y de la ciudadanía en general.
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06/03/2019
Perú: Teniente de la PNP agrede a periodista del Diario Correo en Lambayeque
El periodista Renato Sandoval, Director del Diario Correo en la zona norte del Perú, denunció ayer vía Twitter la agresión por parte de personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) contra una de sus colegas.
Según la información proporcionada por Sandoval, la agresión se habría cometido el 4 de marzo de 2019, cuando la periodista del diario en Lambayeque, Ericka Alvarado, se encontraba realizando la cobertura para una nota sobre una supuesta agresión por parte de un policía a su pareja.
La periodista trató de tomar fotos con su celular, ante lo cual un teniente le reclamó y le arrebató el celular en cuestión. Ante estos hechos se ha procedido a presentar una queja en Inspectoría de la PNP.
IPYS rechaza cualquier acto de violencia contra los periodistas en y por el ejercicio de su profesión. Consideramos que estos van en contra de la libertad de prensa y en contra del derecho ciudadano a estar informados.
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21/03/2019
Periodista denuncia censura de Facebook
El 15 de marzo de 2019, el periodista Gustavo Gorrti, director del portal periodístico IDL-Reporteros, denunció censura de parte de Facebook luego de que la transmisión de un streaming vía Facebook Liveen para responder a los ataques en twitter en su contra del ex presidente Alan García fuera interrumpido y el video borrado de la red social.
Tras la eliminación de su material, Gorriti emitió un nuevo video en vivo a través de YouTube, el que inició explicando lo sucedido y señalando que acudirá a instancias internacionales para denunciar los hechos, que considera atentatorios contra la libertad de expresión.
IPYS envió un mensaje a Facebook para pedir explicaciones sobre lo sucedido. La red social respondió lo siguiente:
“Nuestros sistemas automatizados de revisión de contenido usan distintas señales para determinar si un contenido viola nuestras normas comunitarias y en algunos casos los elimina. En este caso, nuestros sistemas calificaron incorrectamente un link incluido en el texto como spam y consecuentemente se eliminó el video. Todo el contenido fue restablecido. Pedimos disculpas por el inconveniente.”
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08/04/2019
Perú: Condenan a prisión suspendida y pago de 80 mil soles a periodista Pedro Salinas
El 8 de abril del 2019 una jueza del departamento de Piura anunció que condenó al periodista Pedro Salinas a un año de prisión suspendida y a pagar una reparación civil por 80 mil soles al arzobispo de Piura y Tumbes, Jose Antonio Eguren, por supuesta difamación agravada.
En un pronunciamiento, el pasado 13 de febrero, el IPYS destacó la advertencia de los periodistas enjuiciados ―está por resolverse otra querella contra la periodista Paola Ugaz― de que los procesos puedan verse afectados por la influencia de la autoridad eclesiástica en la región.
Preocupado por la condena anunciada por la jueza Judith Cueva, el IPYS espera conocer el contenido de la resolución, anunciado para el 22 de abril, a fin de emitir un punto de vista basado en la misma.
El IPYS se suma a las muestras de apoyo mostradas por los periodistas peruanos al periodista sentenciado.
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21/04/2019
Perú: Poder Judicial admite embargo indebido a Ojo Público y La República
El Poder Judicial del Perú admitió una nueva demanda por difamación interpuesta por Miguel Arévalo Ramírez alias «Eteco» contra los periodistas Óscar Castilla, director ejecutivo del medio digital Ojo Público, y Edmundo Cruz, del diario La República, y dispuso de forma inmediata comparecencia y embargo preventivo de los bienes de ambos medios de comunicación.
“Eteco” es conocido por tener antecedentes por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Desde 2016 ha planteado diez denuncias penales por más de 500 millones de dólares contra varios periodistas que lo han investigado. Cuatro de esos procesos son contra Óscar Castilla y Edmundo Cruz.
Los otros periodistas que figuran en la lista de demandados son César Hildebrandt, Eloy Marchan y Américo Zambrano del semanario Hildebrandt en sus Trece; Gustavo Mohme, director de La República; Marco Zileri y César Prado de la revista Caretas; Miguel Ramírez, ex director de la unidad de investigación del diario El Comercio; entre otros.
Si bien la querella fue admitida el 4 de febrero por el 15 Juzgado Penal de Lima, los periodistas procesados recién conocieron de esta nueva denuncia el pasado 9 de abril. La resolución “establece que existen indicios que vinculan a los querellados como presuntos autores del delito y en caso de emitirse sentencia condenatoria en su contra la pena a imponerse puede ser superior a un año de privación de la libertad”.
Los periodistas Óscar Castilla y Edmundo Cruz fueron citados el pasado 17 de abril, bajo apercibimiento de ser declarados reos ausentes y ordenarse su captura.
Carlos Rivera abogado de los periodistas sostuvo que el fallo es irregular porque ambos investigados no fueron notificados de la demanda original. La defensa de Castilla y Cruz pedirá que se reprograme la manifestación y apelarán las medidas de embargos, dictada por la jueza Isabel Flores.
Los periodistas fueron querellados por publicar en el 2016 una serie de investigaciones sobre las pesquisas del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Drug Enforcement Administration (DEA) en contra de Arévalo Ramírez.
El IPYS rechaza la admisión indiscriminada de denuncias como éstas que buscan afectar al periodismo de investigación, especialmente al que investiga al narcotráfico.
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24/04/2019
Perú: Arzobispo de Piura desiste de querella contra periodista Pedro Salinas
El 24 de abril de 2019 mediante un comunicado emitido desde el Arzobispado de Piura, monseñor José Antonio Eguren informó su decisión de desistir de la querella interpuesta contra el periodista Pedro Salinas, a quien acusaba del delito de difamación agravada por una columna de opinión.
El 8 de abril último, la jueza del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Piura, Judith Cueva Calle, condenó al periodista a un año de prisión suspendida y el pago de una reparación civil de 80 mil soles (25 mil dólares aproximadamente) en favor de José Antonio Eguren, también miembro del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC).
Según señala Eguren en el documento, su intención al presentar la querella contra el periodista fue defender su honor y evitar «hacer imputaciones falsas y agraviantes sin más fundamento». Sin embargo, emitida la sentencia según el cura se suscitaron «reacciones injustificadas, incluso al interior de la iglesia” que él considera afectan al “bien superior” de la institución.
La sentencia, recién conocida el 22 de abril pasado, generó el rechazo de distintos sectores de la sociedad local y la comuninidad internacional. Inclusive la Conferencia Episcopal Peruana y el arzobispo de Lima se manifestaron en contra de la sentencia contra Salinas, respaldando su trabajo de investigación publicado en el libro «Mitad monjes, mitad soldados» que denuncia abusos sexuales, físicos y psicológicos en el Sodalicio Vida Cristiana.
La decisión de Eguren deja sin efecto la sentencia contra el periodista.
El IPYS celebra el pedido de desistimiento de la querella interpuesta contra el periodista Salinas por tratarse de un fallo con motivación insufiencite para una condena y cuyos argumentos van contra los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias.
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25/04/2019
Perú: Arzobispo de Piura también desiste de querella contra periodista Paola Ugaz
A través de un comunicado emitido por el Arzobispado de Piura el jueves 25 de abril de 2019, monseñor José Antonio Eguren informó de su decisión de desistir de la querella contra la periodista Paola Ugaz, este comunicado se suma al emitido el 24 de abril desistiendo también de la querella contra el periodista Pedro Salinas.
En el documento, Eguren menciona que dada su renuncia en el caso de Salinas, no puede hacer distinciones y agregó “procederé a desistirme también de la querella que por difamación agravada que interpuse contra la Sra. Paola Margot Ugaz Cruz”.
Señala además que las razones que lo motivaron a presentar la querella son las mismas, es decir, defender su «reputación y buen nombre».
Se agrega también que si bien no se informó ambas decisiones a la vez fue por “respetar las particularidades de cada proceso”. Y enfatizó que a la actualidad no tiene ninguna querella pendiente.
Como se recuerda, Ugaz fue denunciada por colaborar en un reportaje de investigación emitido por la cadena Al Jazeera, en el que se reveló una relación estrecha, a través de documentos e investigación, entre el Sodalicio y una empresa inmobiliaria vinculada al tráfico de tierras en Piura.
Caso Salinas
Monseñor presentó la denuncia contra Pedro Salinas por la publicación de un artículo de opinión. La sentencia del caso fue conocida el 22 de abril en la que se condena al periodista a un año de prisión suspendida y al pago de una reparación civil por 80 mil soles en favor de Eguren, miembro del Sodalicio de Vida Cristiana.
Pedro Salinas, con la colaboración de Paola Ugaz, es autor del libro “Mitad monjes, mitad soldados», publicado en 2016, en el que revela presuntos casos de abuso sexual en el movimiento religioso.
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20/05/2019
Perú: Jueza querella a periodista
El 17 de mayo de 2019, se realizó la primera audiencia del juicio contra el periodista Yofre López, director del portal Barranca.pe. En agosto de 2018, López fue querellado por difamación por la jueza superior Juana Caballero García. Se piden tres años de prisión suspendida y una reparación civil de cien mil soles. En la audiencia el juez Raúl Esteban Caro, del Tercer Juzgado Penal Unipersonal quien en agosto aceptó la querella, en la audiencia, sin embargo, decidió inhibirse. El hecho ocurrió en Barranca, al norte de la capital.
La jueza considera que el periodista vulneró su honor y buena reputación al cuestionar su decisión de revocar la prisión preventiva del exalcalde de Barranca, acusado de delitos de corrupción. También lo acusa de calumnia por publicar información sobre su declaración jurada de 2015, donde figura que la autoridad judicial cuenta con un patrimonio de más de 1.5 millones de soles.
La abogada de López criticó la demanda considerando que su defendido tiene derecho a opinar sobre cualquier resolución judicial, así como de publicar información de funcionarios del Estado como es el caso de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los jueces. Sobre este punto, el periodista aclaró que la información del patrimonio de la jueza es resultado de una investigación del portal de investigación Ojo-Público. Lo que hizo el periodista fue compartir el enlace de la nota de Ojo-Público donde se pueden descargar los documentos de la Contraloría que confirman la información sobre el patrimonio de la jueza.
López señaló que la querella podría tratarse de una represalia para impedir que el periodista continúe informando sobre las polémicas resoluciones de la jueza.
IPYS permanece atento a los que suceda con este caso para evitar cualquier vulneración al derecho de libre expresión.
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30/05/2019
Perú: secretaria de juzgado querella a periodista Rosa Chambergo
El 8 de marzo de 2019, Karim Sánchez Mendoza, secretaria del Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, interpuso una querella por difamación contra la periodista y directora del semanario Expresión, Rosa Chambergo Montejo.
La demandante pide una reparación civil de 100 mil soles (US$ 40 mil). Además, exige publicaciones de desagravio en la portada del semanario y, argumentando ser servidora pública, que las disculpas de Chambergo Montejo se publiquen en las portadas de todos los medios escritos de la región. El hecho ocurrió en Lambayeque, al norte del país.
En febrero pasado, Expresión publicó un reportaje en el que se da cuenta de la presunta falsificación de documentos para generar una nueva identidad al hijo de Sánchez Mendoza, hecho que habría incluido una muerte ficticia. El caso involucra también al ex jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, Nicolás Mondoñedo Chávez, pareja de la querellante. El semanario recogió documentación oficial del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC que demuestra la denuncia.
El 2 de abril último, la querella fue aceptada por el Séptimo Juzgado Unipersonal de Chiclayo. El 14 de mayo la defensa de Chambergo Montejo presentó sus descargos ante el juzgado. Hasta el momento no ha habido respuesta.
La periodista dijo al IPYS que teme que la querella proceda a favor de la demandante, pues la madre de Nicolás Mondoñedo Chávez es la jueza suprema Magdalena Chávez Mella.
El IPYS permanecerá vigilante ante lo que suceda con este proceso y espera que el juzgado actúen con independencia y sin atentar contra la libertad de expresión de la periodista.
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19/06/2019
Perú: fiscal abre nueva investigación contra periodista
El 15 de junio de 2019, la periodista Paola Ugaz fue notificada para asistir obligatoriamente a una nueva citación judicial, en la ciudad de Piura, al norte del país. Esta vez se trata de una investigación de la fiscal adjunta Heidy Huaylino. Si bien la citación fue para el 18 de junio, Carlos Rivera, abogado de Ugaz, señaló que la periodista no asistió y se le pidió a la fiscal reprogramar la cita y que envíe la demanda para conocer de qué se acusa a Ugaz e ir a responder con conocimiento de la causa.
En 2018, Paola Ugaz fue denunciada por el arzobispo de Piura José Antonio Eguren, por el delito de difamación agravada tras publicar siete tuits referidos a acusaciones en contra de Eguren y la organización religiosa Sodalicio Vida Cristiana.
Ugaz investiga hace nueve años los abusos cometidos por curas contra jóvenes miembros de la orden del Sodalicio. Eguren es uno de ellos. En la querella también se acusa a la periodista de difamar al cura a través de una entrevista para un documental de la cadena árabe Al Jazeeran en el que aparece 40 segundos hablando sobre los cementerios que son propiedad del Sodalicio.
En la demanda que le realizó Eguren, su defensa asegura que lo ha difamado a través de los 7 tuits y en su papel de productora de un documental de Al jazeera donde lo menciona a él y al Sodalicio en presuntos vínculos con traficantes de terrenos en Piura.
La nueva demanda se basa en la declaración realizada en Piura como testigo en el caso de Pedro Salinas donde Ugaz niega ser la productora del documental de Al jazeera, al tiempo que presenta un comunicado oficial de Al jazeera confirmando lo dicho por Ugaz.
En abril de 2019, el arzobispo Eguren decidió retirar la denuncia contra ambos periodistas. Sin embargo, en el caso de Ugaz el proceso continúa, pues Eguren no ha emitido una carta al Poder Judicial para indicar la anulación de la demanda.
Actualmente Ugaz se dedica a la elaboración de un libro con nuevas denuncias contra el Sodalicio.
IPYS pide a la fiscal Huaylino aclarar los motivos de esta nueva investigación contra Paola Ugaz y si ésta tiene que ver con su trabajo como periodista.
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20/08/2019
Perú: Fiscalía pide 15 años de prisión contra estudiante de fotografía por apología al terrorismo
El Ministerio Público peruano pidió 15 años de prisión para la estudiante de fotografía Daniela Chacón Ysla por el delito de apología al terrorismo. El hecho ocurrió en Lima, tras la realización de un proyecto como parte de un curso.
En setiembre de 2017, Chacón y su compañera María Sedano, ambas estudiantes de fotografía del Centro de la Imagen, diseñaron un proyecto artístico que consistía en medir las reacciones de los transeúntes ante afiches pegados en las calles de la ciudad con las imágenes del terrorista líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y el ex dictador militar peruano, Juan Velasco Alvarado. Ambas imágenes llevaban el título “Héroe Nacional” y una dirección electrónica para recibir comentarios.
Entonces, un ciudadano denunció el hecho y las jóvenes fueron detenidas por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote). El Ministerio Público tipificó el acto como un delito de apología al terrorismo en base al artículo 316 del Código Penal y solicitó prisión para las acusadas y una reparación civil de 500 mil a favor del Estado.
Chacón aseguró que ha presentado todas las pruebas y testimonios que demostrarían su inocencia. Sin embargo, el proceso ha continuado, acusándola de ser la autora intelectual de apología al terrorismo.
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20/09/2019
Perú: Periodista Paola Ugaz es querellada por asesor de Fuerza Popular
La periodista Paola Ugaz fue nuevamente querellada. Esta vez por Luciano Revoredo, asesor del grupo parlamentario mayoritario Fuerza Popular. el hecho ocurrió en Lima.
Revoredo acusó a la periodista de difamación agravada. “Ugaz ha afirmado cosas que son falsas y que afectan mi bien jurídico y buscan desestabilizar mi vida profesional y familiar”, señaló Revoredo en su blog La abeja.
Para Ugaz, coautora junto a Pedro Salinas del libro Mitad monjes, mitad soldados, que revela los abusos psicológicos, físicos y sexuales que sufrieron adolescentes y jóvenes en el Sodalicio, esta querella es un ensañamiento más en su contra. Esta vez, dice, el juicio tiene cariz político, pues Revoredo es un funcionario del Congreso que investiga a la congregación religiosa.
Ugaz mencionó tener otra demanda en Piura motivada por un funcionario del Sodalicio, Alberto Gomez De la Torre por lo que deberá acudir a esa región en los primeros días de octubre. Se le acusa “por falso testimonio», referido a un juicio contra Salinas que ya se acabó. «Fue en un juicio que yo declaré como testigo, por ese juicio nos metieron una demanda”, señaló la periodista. Por ello, la fiscal del caso fue demanda por mala praxis procesal, “copio el texto de la demanda de Alberto Gómez De la Torre y lo puso en el pedido de notificación en primera persona”, dijo la periodista. Ugaz deberá acudir nuevamente a Piura para las diligencias de esta querella en la que la fiscal habría incurrido en una infracción administrativa.
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23/09/2019
El Poder Judicial de la región de La Libertad, al norte del país, sentenció al periodisra Igor Ibañez Gamboa, quien entre el 2011 y 2014 trabajó para el diario La República, y obligado a pagar, junto con el diario, una reparación civil de 70 mil soles (alrededor de 25 mil dólares) por daño moral contra el exjuez Víctor Hugo Rivas.
En 2013 el periodista publicó en La República una nota sobre la suspensión del magistrado por la demora en resolver casos, de acuerdo a una investigación que venía haciéndole la Oficina de Control de la Magistratura en esa región.
El abogado del periodisra indicó que la sentencia ha sido apelada por considerarla injusta y atentatoria contra la libertad de expresión. «Esta decisión judicial podría servir de sustento para desacreditar el trabajo de otros periodistas que cumplen su labor de fiscalizar a funcionarios públicos», dijo el abogado.
El periodista explicó que su nota recogió la información propalada por el órgano de control judicial sobre los motivos de la suspensión del juez. También dijo que en la nota periodística no hubo ninguna intención de mella el honor del magistrado. «La jueza me hace responsable de una conducta antijurídica por haber publicado una información que proporcionó la Odecma a mi y a otros periodistas. El mismo jefe del órgano de control realizó declaraciones públicas sobre el caso que fueron recogidas por La República y otros medios», sostuvo el periodista.
IPYS expresa su preocupación por setencias y juicios contra periodistas que muchas veces tienen por objetivo silencias a la presna que fiscaliza la función pública.
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22/11/2019
Perú: Fiscal pide a periodista revelar su fuente
El el 22 de noviembre de 2019, el fiscal Rolly Farromeque Fernández de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la región Áncash, al noreste del país, exigió al periodista Hugo Gonzáles Henostroza revelar la identidad de la fuente que le entregó un audio que comprometa el vice gobernador en presuntos delitos de corrupción.
En el documento también se exige al periodista, director del portal NoticieroLibre.com, entregar todo el material obtenido por la fuente en un plazo de diez días o de lo contrario será denunciado por delitos de Desobediencia a la Autoridad.
IPYS alza su enérgica voz de protesta contra el pedido del fiscal Farromeque por tratarse de un acto de intimidación que afecta el derecho a la confidencialidad de las fuentes, una garantía reconocida constitucionalmente y esencial para el trabajo periodístico. Exige además al fiscal que revierta la medida.
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06/12/2019
Perú: candidato al Congreso amenaza a periodista y lo acusa de extorsión
El 6 de diciembre de 2019, el candidato al Congreso por el partido Unión por el Perú, Víctor Mantilla Julca, acusó al periodista Yuri Castro de extorsionarlo y amenazó con tomar represalias contra él. El hecho ocurrió en Trujillo, ciudad al norte del país.
Yuri Castro, periodista de investigación del diario La Industria tuvo acceso a información sobre presunta violencia física y sicológica de Julca contra sus exparejas. Castro se comunicó con el candidato para recoger su versión. El candidato insistió que sea en una comisaría local y no en el diario.
Yuri Castro acudió a la comisaría junto a una colega del periódico. Se identificó debidamente y Julca empezó a gritarle señalando que el periodista lo estaba extorsionando y que lo iba a denunciar. Dijo además que no sabía “con quién se estaba metiendo”.
Julca denunció al periodista por extorsión y Castro lo denunció por calumnia y amenaza contra su integridad. Mientras el periodista interponía su denuncia, Julca lo continuó amenazando delante de policías y otros periodistas.
El IPYS rechaza la actitud de un candidato al Congreso que ataca a periodistas que están investigando sobre su trayectoria con el fin de hacer conocer todo su historial de los futuros parlamentarios.
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10/12/2019
Perú: denuncian nuevamente a periodista por difamación agravada
El 9 de diciembre de 2019, la periodista Paola Ugaz fue notificada judicialmente por una denuncia en su contra por el delito de difamación agravada. El demandante es Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretell, funcionario de las empresas de propiedad del grupo religioso Sodalicio Vida Cristiana al cual la periodista investigó y sigue investigando.
Gómez de la Torre pide la máxima pena de tres años de cárcel, el pago de una reparación civil de 2 millones de soles (600 mil dólares aproximadamente) y una rectificación por medio de un comunicado público en redes sociales (Facebook, Twitter y youtube), retractándose de lo publicado en un reportaje sobre el Sodalicio y pidiendo disculpas públicas por la elaboración y la publicación del reportaje.
En Piura, región al norte de Lima, hay un proceso abierto contra Ugaz ante la Fiscal Huaylinos por el mismo delito y por el mismo demandante, quien ahora reitera el mismo procedimiento en Lima.
El querellante pide que se levante el documental “The sodalitium scandal” elaborado por la cadena internacional Al Jazeera por los periodistas Seamus Mirodan y Daniel Yovera. En ese documental, Ugaz es entrevistada por haber investigado el caso Sodalicio. “Eso no me convierte en productora del documental”, señaló al IPYS la periodista.
Incluso Al Jazeera envio una carta a Gómez de la Torre que señala que la periodista no es la productora del documental. En 2019 Ugaz ha sido denunciada cuatro veces por personas vinculadas al Sodalicio. Ella y su abogado consideran que estos hechos tienen como fin hostigarla e intimidarla para impedir que siga adelante con sus investigaciones sobre la organización religiosa.
IPYS rechaza cualquier intento de amedrentamiento contra la periodista, usándose en este caso la justicia para conseguirlo.