Latinoamérica.— Durante el paro nacional desarrollado entre septiembre y octubre de 2025 en Ecuador, Fundamedios documentó 55 agresiones contra periodistas, trabajadores de la comunicación, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
El informe revela un patrón de represión sistemática por parte del Estado, con 67 % de los ataques cometidos por agentes policiales y militares, y una nueva tendencia de censura institucional mediante sanciones administrativas y bloqueos financieros a organizaciones sociales.
Durante más de cinco semanas de paro, el trabajo periodístico se desarrolló en un entorno de riesgo sostenido y hostilidad institucional.
Las agresiones se concentraron en Quito, donde la represión policial fue generalizada y en muchos casos dirigida contra periodistas que intentaban registrar el uso excesivo de la fuerza.
Fotógrafos, camarógrafos y reporteros fueron golpeados, rociados con gas lacrimógeno o despojados de sus equipos, incluso cuando se encontraban claramente identificados como prensa.
En provincias como Imbabura y Cotopaxi, los periodistas comunitarios fueron los principales blancos de agresión.
En varios puntos de movilización, la Policía impidió que se grabaran los operativos o dispersó con gas y proyectiles a quienes intentaban transmitir en vivo.
Miedo y ausencia de garantías disminuyeron cobertura periodística
A diferencia de los paros anteriores, en 2025 los grandes medios nacionales tuvieron una presencia limitada en el terreno.
El miedo acumulado y la falta de garantías generaron autocensura y retraimiento de la cobertura, mientras que los medios comunitarios, alternativos e indígenas asumieron la tarea de informar desde las calles.
Este cambio marcó una descentralización del relato, pero también expuso a los comunicadores locales a un nivel inédito de vulnerabilidad.
El informe destaca además un nuevo tipo de censura estatal, expresada en decisiones administrativas y financieras.
Fundamedios exhorta al Estado ecuatoriano a investigar las agresiones, sancionar a los responsables y restablecer las garantías democráticas para el ejercicio del periodismo.
Se demanda la implementación inmediata del Documento de Acuerdos entre la Policía Nacional y periodistas, firmado en 2024 y de obligatorio cumplimiento, el cual debe ser socializado en los nueve distritos policiales del país.