Caracas, 4 de diciembre (IPYS Venezuela)-. Durante el referendo consultivo sobre el Esequibo de este domingo 3 de diciembre, IPYS Venezuela registró nueve casos que comprendieron nueve vulneraciones a las garantías informativas de periodistas y medios de comunicación en la jornada electoral. Estos incidentes ocurrieron en los estados Bolívar (2), Amazonas (1), Aragua (1), Cojedes (1), Falcón (1), Monagas (1), Nueva Esparta (1) y Yaracuy (1).
Las limitaciones al trabajo de la prensa se registraron en las categorías de restricciones de acceso a la información (8) y agresiones físicas o verbales (1), y afectaron a 30 periodistas y un camarógrafo, de los cuales 16 son mujeres y 15 son hombres.
Los efectivos del Plan República fueron el victimario más recurrente tras ejercer limitaciones en ocho casos, mientras que en dos de los hechos restrictivos los responsables fueron funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE). El número de victimarios es mayor al de registros porque un incidente tuvo más de un agresor.
En horas de la mañana, en el estado Bolívar se presentaron dos hechos de limitaciones contra la prensa. El primero ocurrió en las inmediaciones de la Unidad Educativa Nacional Alta Vista Sur 2, ubicada en Puerto Ordaz, y afectó a los y las periodistas Carlos Suniaga, de El Pitazo y Unión Radio; Jhoalys Siverio, de Crónica.Uno y Correo del Caroní; Luis León, de Canal i; Henderson Perez, de Venevisión; Daymar Corsi, de Globovisión y Francesca Díaz, de Correo del Caroní, cuando intentaron cubrir el acto de votación del diputado a la Asamblea Nacional Rachid Yasbek, pero funcionarios del Plan República les impidieron el acceso a la institución. El legislador finalmente tuvo que salir del centro de votación para brindar declaraciones a los medios de comunicación.
Este tipo de restricción también fue denunciada por Suniaga en el Liceo Nacional Oscar Luis Perfetti de Ciudad Guayana, cuando realizaba un recorrido por los principales centros electorales del municipio. Otro funcionario del Plan República le impidió el acceso a la institución a pesar de que estaba identificado como prensa y que contaba con la credencial emitida por el CNE.
En la zona norte de Maracay, en el estado Aragua, el periodista David Marcano, de El Periodiquito, fue obligado por un efectivo militar del Plan República a borrar una fotografía del centro de votación ubicado en la Unidad Educativa Las Delicias.
El funcionario señaló ser el encargado de la institución durante los comicios y enfatizó, de forma reiterada, que no permitiría fotos ni videos en su centro electoral. Marcano informó que percibió la intención del efectivo de arrebatarle el teléfono, y aunque no lo hizo, no se apartó del lado del reportero hasta que eliminó la fotografía de su celular.
Cuando el periodista intentó precisar el nombre del funcionario, este se quitó su identificación del uniforme y reiteró: “Yo estoy encargado de este centro y no permito que se hagan fotos”. Tras esta conversación, Marcano abandonó la institución.
En Cojedes, un funcionario del Plan República impidió el acceso al centro de votación ubicado en la Escuela Básica Bolivariana Ligia Cadenas Alvarado, en Tinaquillo, a los periodistas José Carlos Gómez, de Globovisión; Alimar Bueno, de VTV; Gregorio Villalonga, de Unión Radio; Pilar Guerra, de Qué Pasa Venezuela; Rosannin Mogollón, de Prensa Gobernación; Brigitte Gerdel, de Notitarde y María Yasibit Bolívar, de Televen.
Los reporteros informaron que se comunicaron con el director de la Oficina Regional del CNE, Juan Contreras, quien a su vez les pidió conversar con el coordinador del centro, pero al solicitarle al funcionario de seguridad que llamara al representante del CNE en la institución, este se negó. En este centro electoral ejerce el derecho al sufragio el alcalde de Tinaquillo, Fernando Feo.
En San Felipe, estado Yaracuy, tres efectivos del Plan República, de apellidos Oviedo A., Oviedo R. y Piña, impidieron al reportero Ricardo Tarazona, de Qué Pasa En Venezuela, grabar una toma frontal del centro de votación ubicado en la Unidad Educativa Cecilio Acosta. Los oficiales también intentaron fotografiar la credencial del reportero bajo el argumento de garantizar el resguardo de todos y le indicaron que si tomaba gráficas, debía hacerlo a una cuadra del plantel.
De manera similar, al periodista Gerardo Morón, del medio digital Cactus 24, también se le impidió hacer cobertura informativa en el Centro Educativo Interdisciplinario Rómulo Gallegos en el sector La Velita de la ciudad de Coro, en Falcón. Allí, un efectivo militar lo sacó del lugar pese a tener acreditación del CNE. El uniformado alegó que la prensa no podía ingresar y grabar en el plantel, y que solo estaban autorizados para hacer registros audiovisuales los gobernadores, alcaldes y diputados.
Al preguntarle sobre el acceso de los periodistas a los centros de votación en declaraciones a la prensa durante la jornada del 3 de diciembre, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Falcón, el general de División Félix Manuel Arnos, dijo que se trata de un resguardo que deben hacer y para ingresar a los centros electorales hay que solicitar un permiso previo a dicho ente militar que posteriormente autoriza, pero no especificó en qué documento o resolución se basaba.
En el estado Nueva Esparta, el Plan República también prohibió a los equipos de prensa de ocho medios de comunicación ingresar al centro de votación Casa de la Cultura Juan Fermín Millán, en el municipio Maneiro.
Los medios afectados por la restricción de acceso fueron Venevisión (integrado por las reporteras María Marcano y Génesis Carrera, y el productor Gustavo Novoa); Televen (Lisbeth Miquilena y el camarógrafo Lenys González); Globovisión (Nelmary Salazar); Impacto Venezuela y Qué Pasa En Venezuela (Silvimar Campos); Noticias Todos Ahora y Sol de Margarita (Mario Guillén); VPITV y Reporte Confidencial (Ana Carolina Arias).
En el caso de Venevisión y Globovisión, ambos canales tenían acreditación del CNE, pero los efectivos militares no explicaron el motivo de la limitación.
Hacia el sur del país, en Amazonas, funcionarios del CNE y efectivos del Plan República impidieron a los periodistas Simeón José Rojas, de Más Network Noticias; Kisme Evaristo, de Radar de Amazonas y Unión Radio y José Francisco Olivo, de Qué Pasa En Venezuela, fotografiar a la alcaldesa del municipio Atures, Yamilet Mirabal, cuando ejercía su voto en la escuela básica Monseñor Enrique de Ferrari.
Los funcionarios alegaron prohibiciones de fotografiar cualquier espacio del centro de votación, pese a que los reporteros insistieron en que Mirabal es una autoridad y su participación en la consulta era de interés informativo.
Durante la semana previa al 3 de diciembre, esta organización tuvo conocimiento de la restricción interna a emisoras integrantes de un circuito nacional en el estado Bolívar, para abordar temas relacionados con el Esequibo como la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa entre Venezuela y Guyana; así como las informaciones vinculadas a las inhabilitaciones políticas en el país, tras los acuerdos de Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.
En Yaracuy, el representante regional de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) envió mensajes directos a través de WhatsApp a directivos de las emisoras de la entidad con estas instrucciones: 1) Iniciar y finalizar las intervenciones al aire invitando a la población a participar en el referendo consultivo y votar cinco veces sí; 2) todas las emisoras deberán informar al ente su programación especial prevista para el 3 de diciembre; 3) notificar previamente vía telefónica a cualquier funcionario de la Conatel Yaracuy “las novedades y situaciones que se presenten y se observen en los centros de votación durante la realización del Referéndum Consultivo”.
Tres días antes del proceso electoral, el jueves 30 de noviembre, Alfred Ñáñez, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, publicó en la red social X un video en el que anunció la articulación de una cobertura conjunta de medios públicos y privados entre los que se pudieron identificar las empresas Venevisión, Televen, Globovisión, Canal i, IVC, La Tele Tuya, Vepaco Tv y Unión Radio; y, por los medios públicos a VTV, TV FANB, Vive Tv, Tves, Pdvsa Tv, Radio Miraflores, Radio Nacional de Venezuela (RNV), YVKE Mundial AM y FM, La Radio del Sur, TeleSur, VTV Radio 99.5 FM, y la red de emisoras alternativas y comunitarias. La mayoría de estos medios no llevaron a cabo coberturas informativas sobre la elección primaria de la oposición, que es también un evento de interés público nacional.
Ese mismo jueves en horas de la noche, la periodista Regina Freites, corresponsal de Qué Pasa En Venezuela en el estado Sucre, fue agredida verbalmente e intimidada por funcionarios del Plan República que le prohibieron hacer cobertura periodística en el liceo Simón Rodríguez durante la instalación de mesas para el referendo consultivo. Los militares también obligaron a la reportera a borrar videos que había grabado.
El 19 de noviembre, la periodista Clara Chirinos, del programa de noticias “Ciudad en Línea”, que se transmite a través de la emisora Más Network 90.9 FM en Amazonas, reportó que durante el simulacro electoral del referéndum la coordinadora del centro Unidad Educativa Félix Solano de Puerto Ayacucho le privó el ejercicio pleno del periodismo. La periodista iba a realizar un registro fotográfico de las personas sufragando cuando la responsable del plantel le dijo que sólo podía tomar fotos donde ella le dijera.
También en días previos, el 27 de noviembre, grupos simpatizantes del oficialismo suplantaron la identidad del periodista y activista de derechos humanos Melanio Escobar, al manipular y compartir uno de sus videos noticiosos para hacer creer que promovía el referéndum. De acuerdo con la organización Cazadores de Fake News, el video editado del comunicador social también fue difundido como propaganda en canales de YouTube.
IPYS Venezuela rechaza las restricciones arbitrarias ejecutadas por funcionarios públicos, especialmente por los que conforman el Plan República, contra los trabajadores de la prensa durante la cobertura informativa del referendo consultivo sobre el Esequibo. Las limitaciones de acceso, así como las órdenes de eliminar registros periodísticos, son vulneraciones que interrumpen la búsqueda y difusión de noticias de interés colectivo, sobre todo en el marco de un evento electoral que exige pluralidad y transparencia.