La Paz, 01Dic.24 (ANP) – Un total de 28 medios “vinculados a exfuncionarios y altos cargos de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce” recibieron más de medio millón de dólares en publicidad estatal, según el informe divulgado por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) de Uruguay.
La investigación titulada Publicidad oficial, medios y libertad de expresión en América Latina realiza un Diagnóstico y propuestas para una distribución más justa y transparente de la publicidad oficial y mejorar la viabilidad de los medios independientes en 11 países latinoamericanos.
El estudio correspondiente al capítulo boliviano fue realizado por las periodistas Zulema Alanes, Leny Chuquimia y Sabrina Lanza de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).
La viabilidad de los medios de comunicación y su financiamiento son aspectos sustantivos para la existencia de un sistema plural y diverso que contribuya a la consolidación de sociedades democráticas, afirma Observacom, basado en el documento Desafíos y propuestas para la viabilidad de la actividad periodística en América Latina elaborado por Unesco.
Entre 2006 y 2019, el gobierno de Evo Morales aplicó una política de premios y castigos a través de la publicidad estatal y abiertamente se declaró que los recursos estatales beneficiaban a los medios con una línea editorial favorable a la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS).
El gobierno de Luis Arce mantiene una exclusión de los diarios independientes y dirige recursos a medios audiovisuales menos críticos con las políticas gubernamentales y a plataformas extranjeras.
Distribución de publicidad
El informe cita una investigación más reciente que revela “cómo el gobierno boliviano asignó más de $us 500.000 en publicidad a 28 medios vinculados a exfuncionarios y altos cargos de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce”.
Con datos del Sistema de Compras Estatales (Sicoes), “la investigación descubrió que entre 2018 y 2023 algunos medios impresos y portales en línea con poca audiencia recibieron 94 contratos de publicidad con 17 ministerios de Bolivia”.
“De los 28 medios beneficiados, 15 eran impresos y 13 digitales, muchos vinculados a funcionarios o extrabajadores del Poder Ejecutivo, incluyendo un asesor activo de la Presidencia… En 14 casos, los funcionarios públicos firmaron los contratos que favorecieron a sus propios medios, mientras que en los otros 14 figuraban como socios, fundadores o parte del equipo editorial”, describe el informe.
Los medios beneficiados poseen escasa audiencia, a diferencia de “grandes medios bolivianos como Los Tiempos y El Deber” que “registran cinco y siete millones de visitas al mes respectivamente. Los medios con publicidad oficial apenas registran entre siete y nueve mil visitas al mes, lo que supone hasta un 700% menos de tráfico”.
Cita dos reportajes publicados en 2022 por Brújula Digital que identifican a “Página Siete, El Deber, Los Tiempos, El Diario y la Agencia de Noticias Fides (ANF) como los medios que no recibieron publicidad oficial por no alinearse con el gobierno de turno”.
El segundo reportaje “mostró que entre enero y agosto de 2022 la asignación estatal para la publicidad oficial en televisión abierta fue de $us 10,7 millones para 10 televisoras, de las cuales se destinaron $us 6,1 millones (57,39%) a las redes ATB, Gigavisión y Bolivia Tv, de línea oficialista”.
En medios impresos, el gobierno pagó 6,6 millones de bolivianos (casi un millón de dólares) por publicidad oficial. El informe describe que de ese monto, La Razón y Ahora el Pueblo, alineados al Ejecutivo, concentraron más del 85%, que equivale a 5,3 millones de bolivianos.
“El informe muestra un claro favoritismo hacia los medios afines al gobierno, mientras se castiga a los medios independientes, como Página Siete, que cerró en 2023 debido al bloqueo económico del gobierno”, agrega.
“La publicidad oficial se utiliza para el control sobre los medios de comunicación, ampliando la censura indirecta y generando asfixia económica de aquellos medios que no se alinean con el discurso oficial”, señala el análisis sobre la aplicación efectiva de la normativa vigente.