Ciudad de México 7 de septiembre de 2022. (ARTICLE 19, México y Centroamérica) El 6 de septiembre, Rosa Irene Urbina Castañeda, presidenta municipal de Tapachula, en el estado de Chiapas, estigmatizó y realizó campaña de desprestigio en contra de Cinthia Alvarado Enríquez defensora y periodista del medio Los Angeles Press.
Chiapas se localiza al sureste de México, dónde se llevó a cabo el “Foro de Justicia Terapéutica” organizado por el Ayuntamiento de Tapachula. La periodista reclamó la falta de cumplimiento de la recomendación CEDH/23/2020-R emitida desde el 15 de diciembre de 2020 por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). En la que se documentó que el 27 de enero de 2020, policías del ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, golpearon y detuvieron arbitrariamente a indígenas Mam del ejido Pavencul y Toquian, así como a la periodista Cinthia Alvarado.
En dicho Foro, la funcionaria respondió a la periodista que no estaba obligada a reparar el daño porque no existe ningún mandamiento judicial en donde se ordene pagar esa cantidad de dinero, y advirtió que no se hará nada fuera de la ley, porque es dinero del pueblo.
Momentos más tarde, en diversos medios locales, se difundió una versión del evento en la que se señalaba que Alvarado había sido exhibida como una vil extorsionadora, haciendo parecer que ella busca únicamente dinero.
Cabe destacar que la recomendación de referencia ordena la “reparación integral del daño”, mismo que se encuentra en proceso de dictamen por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas (CEEAV) y que, entre otras cosas, podría establecer una compensación económica por los daños y perjuicios causados a las víctimas.
Sin embargo, al ser una reparación integral también se pueden incluir otro tipo de medidas, tales como medidas de reparación y no repetición que incluya sancionar a las y los responsables e implementar mecanismos o protocolos que aseguren acciones preventivas, entre otros.
Estas declaraciones, resultan revictimizantes pues han potenciado que la periodista, misma que ha sido víctima de violaciones a derechos humanos, sea señalada por autoridades como extorsionadora y otros calificativos negativos, negando los derechos que tiene. Estos discursos además de negar la responsabilidad que tienen las autoridades por cumplir la Recomendación, impacta negativamente en la credibilidad de Alvarado, la cual es esencial para cualquier periodista.
Estas no han sido las únicas agresiones documentadas en contra de la periodista. ARTICLE 19 documentó el pasado 6 de enero de 2020, que la periodista, nuevamente fue víctima de detención arbitraria, persecución y lesiones por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, Chiapas,
Esto ocurrió mientras cubría un operativo por parte de dichas instituciones. En esa ocasión, la periodista estuvo incomunicada por más de 30 horas y fue amenazada de procesarla por tráfico de personas.
Del año 2009 al primer semestre de 2022, ha documentado 184 agresiones contra la prensa, asimismo en este último semestre ha sido el quinto estado más violento para las y los periodistas, con un total de 20 agresiones entre las que destacan amenazas, bloqueos informativos, detenciones arbitrarias y campañas de desprestigio.