Cobija (PANDO), 15 May.24 (ANP) – Bajo la amenaza del secuestro de su cámara, un equipo de prensa de Televisión Universitaria de Pando (TVU Canal 21) fue obligado por el fiscal de materia de la ciudad de Cobija, Rolando Sánchez, a borrar las imágenes de la cobertura periodística que realizó durante un operativo de control a varios locales nocturnos de la capital pandina, en la madrugada del 12 de mayo.
El incidente “sucedió a las cuatro de la mañana. El fiscal de manera prepotente nos obligó prácticamente a eliminar todas las imágenes que teníamos del momento de la persecución y captura por parte de la policía de una supuesta adolescente en un lenocinio, que intentó huir por la parte de atrás del local”, relató el periodista Carmelo Cartagena de TVU Pando.
El argumento del fiscal, que dirigió el operativo, fue que no podían filmar porque la víctima – la adolescente hallada en el lenocinio prestando servicios- era una menor de edad. El periodista dijo que le explicaron que ellos sabían cómo hacer su trabajo y conocían las normativas que protegen a los menores. “Pero se cerró en su orden: borra, borra… sino decomisaremos sus equipos. Mi compañera (camarógrafa) se puso nerviosa y borró las imágenes”, describió.
Por invitación de la propia Fiscalía del Distrito de Pando varios medios de comunicación participaron del operativo conjunto –Ministerio Público, Policía, Migración, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Intendencia Municipal y otras entidades- de control e inspección a los locales nocturnos en Cobija a las 2:00 de la mañana.
Después de la inspección de un motel, donde se detuvo a un extranjero indocumentado, la comitiva se trasladó hasta un lenocinio donde se encontró a una menor indocumentada, de 17 años, que intentó huir. El local fue clausurado por la Intendencia Municipal por no contar con documentación en orden y funcionar fuera de los horarios permitidos. Por el caso de la adolescente, dos personas fueron aprehendidas y son investigadas, según informó la Fiscalía- por el delito de trata y tráfico de personas.
“Llamo un hecho de intimidación, porque estuvimos ahí – él y la camarógrafa- frente al fiscal y varios policías en un terreno rodeado de monte y en plena oscuridad, no sabíamos en ese momento qué nos podía pasar, nadie se enteraría si nos sucedía algo… Nos desplazamos a un lugar más seguro, pero seguíamos en la mira del fiscal que parecía advertirnos que si seguíamos filmando nos decomisaría los equipos o nos iba a detener”, continúa el relato de Cartagena, quien anotó que por su seguridad se quedaron allí hasta las 5 de la madrugada.
En rueda de prensa, el lunes 13 en horas de la tarde, consultado sobre lo denunciado por los periodistas de TVU Pando, el funcionario judicial admitió que hizo borrar el material periodístico al equipo del canal universitario que acompañó el operativo y era verídica la versión sobre la exigencia para que los periodistas borren las imágenes bajo advertencia del secuestro de la cámara de video.
“Estaba manipulando la cámara, se supone que si es camarógrafo sabe utilizar el aparato y me ponía las imágenes y me decía que no se podía borrar… me estaba haciendo perder tiempo, como yo no tenía tiempo para perder y mucho menos la Policía, le dije que como no podía borrar las imágenes iba a secuestrar su cámara”, manifestó.
El fiscal alegó que actuó de forma correcta en el entendido de que la víctima era una persona menor de edad y el periodista estaba grabando el rostro de la menor, que es considerada víctima de trata y tráfico de personas.
Asimismo, dijo que desconocía la invitación a los medios para acompañar el operativo y desde su punto de vista la prensa no debería estar presente en este tipo de actos, ni grabar a las personas que intervienen, incluso por cuidar su integridad física.
De manera unánime, a través de pronunciamientos públicos y una protesta este martes 14 de mayo en puertas de la Fiscalía del Distrito de Pando, en Cobija, todas las organizaciones de la prensa repudiaron el atropello sufrido por el equipo de prensa de TVU y rechazaron el justificativo del fiscal Rolando Sánchez.
Se declararon en estado de emergencia exigiendo al Ministerio Público garantías para el ejercicio de la labor periodística y sanciones contra el fiscal de materia.
Coincidieron en que la acción del fiscal, un servidor público cuya misión es precautelar y hacer respetar los derechos de toda población, va en contra de la Constitución Política del Estado (Art. 106), las libertades de expresión y de prensa, el acceso a la información y otras normas vigentes.
Los periodistas de Cobija analizan la presentación de un Amparo Constitucional para garantizar el ejercicio de la labor periodística, porque este caso se suma al continuo amedrentamiento, directo e indirecto a los trabajadores de la prensa por parte de otros actores públicos.