Caracas, 28 de agosto (IPYS Venezuela)-. La mañana de este lunes 26 de agosto, la periodista de espectáculos Carmela Longo fue presentada por el Ministerio Público ante un tribunal con competencia en materia de terrorismo, mediante una audiencia telemática, y formalmente imputada por los delitos de terrorismo e incitación al odio.
Longo fue excarcelada pero se le impuso prohibición de salida del país, régimen de presentación periódica ante el tribunal de la causa y prohibición de declarar sobre su caso.
Menos de 24 horas antes, el domingo 25 de agosto, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la residencia de Longo en Caracas, y la detuvieron a ella y a su hijo, quien tras ser interrogado fue liberado ese mismo día.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) había precisado que, luego de ser detenida en su residencia, Longo fue trasladada a la sede de la Dirección de Investigación Penal (DIP), en el sector Maripérez, en Caracas, y que los funcionarios confiscaron los equipos de computación de la periodista.
Días antes, el 20 de agosto, Carmela Longo había informado en sus redes sociales sobre su despido del diario Últimas Noticias, después de casi 20 años de ejercicio profesional en el medio.
La acusación contra Longo refleja una tendencia preocupante de criminalización de la labor periodística y la disidencia política en Venezuela, especialmente bajo acusaciones de terrorismo. Este patrón se evidencia en los casos de Yousner Alvarado, reportero gráfico de Trujillo; Paúl León, camarógrafo de Barinas; Deysi Peña, reportera gráfica de Miranda, y José Gregorio Camero, periodista y dirigente político de Guárico, quienes junto con Roland Carreño, periodista y activista del partido Voluntad Popular, Gilberto Reina, periodista de Bolívar, y Ana Carolina Guaita, corresponsal de La Patilla en el estado Vargas, suman un total de siete trabajadores de la prensa privados de libertad desde el 29 de julio.
Antes de la campaña electoral, también fueron detenidos arbitrariamente los periodistas Carlos Julio Rojas, Luis López y Gabriel González.
IPYS Venezuela reitera su preocupación sobre el incremento de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de periodistas, en medio de la coyuntura política postelectoral que atraviesa el país. En lo que va de 2024, esta organización ha registrado estas violaciones así como medidas de hostigamiento judicial contra 11 trabajadores de la prensa.