Santa Cruz, 01 Jun.24 (ANP) – Transcurrieron 17 meses desde que dos trabajadores de la red televisiva Unitel de Bolivia fueron agredidos por un oficial de policía, mientras cubrían protestas ciudadanas contra el arresto del entonces gobernador del departamento de Santa Cruz, Fernando Camacho, el 1 de enero de 2023, y hasta el momento nadie ha sido sancionado.
El camarógrafo Joel Orellana y su asistente Miguel Ángel Rivero impulsan el juicio con el patrocinio legal de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) contra el teniente de la Policía Víctor Hugo Santelices, que ofreció la suma de 700 bolivianos, alrededor de unos cien dólares, durante una audiencia de conciliación realizada el 15 de mayo de 2024.
Los afectados rechazaron la propuesta y reiteraron el pedido de justicia.
El representante legal de los afectados, Roberto Méndez, declaró que “no hay ningún tipo de acuerdo. Queremos que el juicio prosiga para que se siente un precedente y se castigue al agresor por los delitos de agresiones graves y leves, robo y atentado contra la libertad de prensa”.
Los dos trabajadores de la prensa realizaban la grabación de imágenes de la represión policial a manifestantes por la detención del gobernador Camacho que había tenido lugar el 28 de diciembre de 2022, cuando fueron detenidos, golpeados, y sufrieron el decomiso de su equipo de trabajo, pese a que ambos se identificaron como periodistas.
Rivero requirió asistencia médica porque sufrió heridas en la cabeza y la mano, mientras que Orellana sufrió la pérdida de su teléfono móvil que tiene un costo próximo a los 300 dólares, además durante la agresión quedó destruida la iluminación externa de su cámara que tiene un costo estimado de unos 70 dólares.
La asesora legal de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Raquel Guerrero, informó que ha solicitado a la fiscal de Materia Marioly Torrez, una pericia de imágenes de video para confirmar que el teniente de la Policía Víctor Hugo Santelices fue el autor de la agresión, a fin de desestimar la declaración de descargo presentada el 28 de mayo por el capitán Víctor Hugo Sanabria, quien admitió haber visto agredidos a los dos trabajadores de Unitel pero descartó que los autores fueran policías.