Cochabamba, 28 abr (ANP) – El periodista de la radio de los cultivadores de hoja de coca “Kawsachun Coca” (RKC), Landert Marca, guarda detención domiciliaria tras ser imputado por los delitos contra la salud pública y uso indebido de bienes del Estado, mientras el comunicador reclama el respeto al trabajo informativo que el gobierno prometió en tiempos de emergencia sanitaria.
Marca es un corresponsal de la emisora que viajaba acompañando a una comisión del Concejo Municipal de Villa Tunari, localizado en el departamento de Cochabamba, que se desplazó hasta el municipio de Tomina, en el departamento colindante de Chuquisaca, llevando una donación de fruta tropical para familias pobres viviendo en cuarentena.
Tras cumplir la actividad humanitaria, el periodista y tres funcionarios municipales retornaban a su región de origen, y fueron arrestados el viernes 17 de abril a las 23:30 horas en la tranca de Qhochidel localizada en el departamento de Chuquisaca.
La policía impidió el paso del grupo que además estaba integrado por la concejala Lidia Hinojosa; el secretario de desarrollo productivo de Villa Tunari, Alvino Huaywa, y el conductor del vehículo Epifanio Liendre.
El radialista que presta sus servicios desde hace varios años en la emisora de los cultivadores de hoja de coca, declaró a la Unidad de Monitoreo de la ANP-Diarios que fue asignado por su medio a realizar cobertura periodística de la “campaña de solidaridad en tiempos de pandemia”.
Aseguró, que tras su arresto, fueron innumerables las veces que presentó su credencial de periodista a policías, al fiscal asignado y al juez de la ciudad de Sucre que conoció el caso, Gary Bracamonte, a quienes informó que acompañaba a la delegación de funcionarios de la Alcaldía de Villa Tunari, en misión periodística.
Marca trabaja en la emisora instalada en la población de Lauca Ñ, municipio de Shinaota del trópico de Cochabamba, el bastión político del expresidente Evo Morales y líder del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS) partido con representación en la Alcaldía de Villa Tunari.
Afirmó que el delito de uso indebido de bienes no corresponde porque no es funcionario público, tampoco el de atentado a la salud pública porque realizaba tareas de prensa.
La policía informó que las personas no contaban con un permiso de circulación y señaló que los viajeros violaron la restricción de tráfico vehicular y arriesgaron a las demás personas al organizar una concentración no recomendada en tiempos del COVID-19.
Los tres funcionarios y el periodista fueron puestos a disposición de la Justicia y el lunes 20, el juez Bracamonte determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva.
En el caso de Marca, recibió detención domiciliaria con derecho al trabajo, además se dispuso que se hagan diligencias necesarias para que en el menor tiempo posible sea trasladado hasta Villa Tunari; sin embargo Marca y los concejales continuaban en Sucre hasta el viernes 24 de abril.
Marca dijo que se mantuvieron a la espera del traslado desde Sucre hasta el trópico por casi una semana. “Hemos vivido de la solidaridad de la gente. Al principio nos mantuvieron encerrados en celdas sin ninguna medida de seguridad. Hemos dormido donde podíamos”.
“Lo que más me indigna y preocupa es que siendo periodista solo necesitaba presentar mi credencial para movilizarme. En mi condición de trabajador de la prensa no requiero otra autorización para trabajar. Me solicitaron credencial, carnet de identidad, pero luego igual fui aprehendido, imputado y recibí detención domiciliaria. Me parece injusto”, declaró.
El director de la emisora, Ramiro Ochoa, aseguró a “Kawsachun Coca” que el vehículo en que viajaba la delegación contaba con permiso de circulación departamental.
Al inicio de las diligencias policiales y judiciales, el Ministerio Público no levantó cargos contra el periodista, pero posteriormente hubo un cambio de opinión y fue imputado.
Marca vive en las propias dependencias de la radio y su fuente laboral certificó el lugar de trabajo y domicilio, pero ambos requisitos no fueron considerados por las autoridades judiciales.
El Ministerio Público requisó su teléfono móvil. “Se quedaron con mi herramienta de trabajo. Reclamé y me dijeron que solo cumplían instrucciones superiores”, declaró. Marca pide garantías para cumplir sus labores diarias.