Brasil, 16 de julio de 2022, (Abraji). – Este viernes, 15.Jul.2022, fue revelado por la prensa que el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos decidió pedir la apertura de investigaciones sobre el procedimiento de aborto legal realizado por médicos en Santa Catarina a una niña de 11 años víctima de violación. Entre los objetivos de las investigaciones también estaría el sitio web The Intercept Brasil por el hecho de haber publicado un informe en colaboración con el Portal Catarinas, que divulgó el caso y extractos del testimonio dado por la niña a la justicia.
La solicitud del Ministerio fue remitida a los órganos del Sistema de Justicia y al Consejo Regional de Medicina de Santa Catarina para «investigar la responsabilidad civil y penal del sitio web The Intercept por la difusión de las imágenes y el audio de la declaración confidencial especial». El sitio no recibió ninguna citación ni comunicación sobre el procedimiento y se enteró de la medida tras un reportaje de TV Globo.
El caso revelado por el sitio web y el portal Catarinas causó una conmoción en el país, después de que la jueza Joana Ribeiro negó la solicitud de autorización para la interrupción del embarazo, que es un derecho legal de la niña por dos criterios de aborto legal: el embarazo resultante de la violación y con riesgo de muerte para la víctima. Actualmente la jueza es investigada por el Consejo Nacional de Justicia en un procedimiento secreto. La niña logró hacerse el procedimiento médico, tras la movilización nacional y una manifestación favorable del Ministerio Público.
Los documentos a los que tuvo acceso TV Globo muestran que el Ministerio, a través de la Secretaría Nacional de los Derechos de los Niños y Adolescentes (SNDCA), comenzó a actuar de oficio en el caso, emitiendo una nota técnica que, en principio, se justifica para monitorear las violaciones de derechos sufridas por la niña e investigar si hubo revictimización a través de la cobertura mediática. Pero trae como recomendaciones «averiguar la responsabilidad civil y penal de The Intercept, por difundir las imágenes y el audio de la declaración secreta especial» y «averiguar la responsabilidad civil y penal del equipo médico que realizó el procedimiento de aborto en la semana 29 de gestación», con remisión a los organismos de Justicia y a los Consejos Federal y Regional de Medicina.
La Asesoría Jurídica del Ministerio se manifestó para someter el caso a los canales de atención de la Oficina Nacional de los Derechos Humanos (ONDH). En un comunicado, la ONDH dijo que había recibido cientos de denuncias a través de Dial 100 y que había actuado con el objetivo de «responder a las demandas presentadas por los denunciantes y para el amplio esclarecimiento de los hechos». La nota, sin embargo, no menciona el caso del sitio web The Intercept ni ninguna queja presentada en relación con el informe publicado.
Abraji envió una carta al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos en la que pedía explicaciones «sobre el contenido de las investigaciones solicitadas en el sitio web de The Intercept Brasil, así como sobre el origen y los motivos de este acto administrativo». El documento también destaca que la práctica pone en riesgo los derechos constitucionales de libertad de expresión y de prensa y amenaza la protección del secreto de la fuente, también previsto en la Constitución Federal, como premisa para el ejercicio del periodismo.
La publicación de la información por parte de The Intercept responde a la vocación y obligación del periodismo de vigilar al gobierno y denunciar la violación de derechos. Cabe destacar que el informe tuvo cuidado de preservar la identidad y la intimidad de la niña y su familia. La actitud de un gobierno que entiende y respeta el papel de la prensa en el mantenimiento de las instituciones democráticas no es coherente con el avance de esas investigaciones o medidas. El secreto de la fuente y la protección de la libertad de expresión con especial rango constitucional eximen a los periodistas de las responsabilidades del secreto procesal, en atención al interés público, la protección de los datos y la intimidad y la comprobación de los hechos.