Brasil, 11 de noviembre, 2020 (Abraji). – El miércoles (11.Nov.2020), Ailton Benedito, fiscal jefe del Ministerio Público Federal en Goiás, divulgó en una red social que está demandando al sitio Aos Fatos. Además, alentó a otras personas a iniciar acciones similares contra las agencias de verificación en general.
Souza dijo que está presentando una demanda contra el sitio de verificación en un Tribunal Civil Especial de Goiás, aunque no ha detallado a qué demanda se refiere. Se ha presentado una demanda después de que Aos Fatos citó el nombre del fiscal en un informe de mayo de 2020 sobre los propagadores de información falsa sobre la cloroquina y la hidroxicloroquina.
En Twitter, el fiscal también sugiere que las «víctimas» de las agencias de verificación de hechos presenten sus demandas ante los Tribunales Especiales Civiles (JEC), creados para facilitar el acceso a la justicia, «sin necesidad de un abogado».
Desde ayer, 10.Nov.2020, Aos Fatos ha sido atacado por los partidarios del Presidente Jair Bolsonaro después de publicar que un tercio de los tweets más populares de los partidarios sobre las elecciones de EE.UU. contenían desinformación.
La sugerencia del fiscal de que todo aquel que se sintiera perjudicado por haber sido señalado como difusor de desinformación debía buscar justicia fue reproducida por la congresista Bia Kicis (PSL-DF) y el diputado Douglas García (PTB-SP).
El empresario Otávio Fakhoury, uno de los principales sospechosos de financiar actos antidemocráticos en 2019, publicó una amenaza similar en las redes sociales personales de Tai Nalon, directora ejecutiva de Aos Fatos.
Las investigaciones de Abraji muestran cómo esta táctica de intimidación tiene como objetivo oprimir a los profesionales de la prensa y es una afrenta a la libertad de expresión. Las organizaciones internacionales también han advertido sobre el aumento del acoso judicial contra los periodistas en Brasil.
Abraji repudia el intento de intimidar a los periodistas mediante demandas judiciales. Es inaceptable que un representante del Ministerio Público fomente irresponsablemente las retaliaciones contra la prensa recurriendo a los Tribunales Civiles Especiales, concebidos para causas menos complejas. Esta táctica amenaza el ejercicio del periodismo, poniendo en peligro los derechos fundamentales de la sociedad a la información y a la libertad de pensamiento y de expresión.