Brasil, 28 de abril de 2021 (Abraji). – El 28.Abr.2021, la agencia de verificación Aos Fatos anunció la decisión del juez Marcelo Augusto Oliveira, de la 41ª Corte Civil del Tribunal de Justicia de São Paulo, determinando que el sitio no mencione más a la Revista Oeste como productora de desinformación. La decisión del requerimiento cautelar impuso una multa diaria de R$ 1 mil por el incumplimiento.
La solicitud concedida a favor de la revista digital, lanzada en marzo de 2020, se refiere a dos informes específicos. Uno muestra distorsiones en los datos de la vigilancia de los incendios forestales en el Amazonas y el otro niega la asociación entre el «tratamiento temprano» y la disminución de las hospitalizaciones y muertes por covid-19 en la ciudad de São Lourenço.
La petición de los abogados de la Revista Oeste es que se retire la información de que sus reportajes constituyen una información engañosa. La revista también pide una indemnización por daños morales por valor de 100 mil reales.
En la decisión, el magistrado afirma que Aos Fatos utilizó un «tono agresivo» y tuvo el propósito de dañar la credibilidad de la revista, actuando sin «precaución». Sin oír a la parte demandada, aceptó la petición de Revista Oeste, determinando que el sitio de verificación excluya de las publicaciones cuestionadas «cualquier mención de que los contenidos allí tratados son falsos, no veraces o que constituyen las llamadas fake news».
La concesión de un derecho de réplica o de una indemnización, según la gravedad del caso, es el instrumento tradicionalmente aplicado por el Poder Judicial para reparar o limitar los posibles daños a la imagen de las personas y empresas que son objeto de las noticias. Para Abraji, la supresión de contenidos es, en general, indeseable desde el punto de vista de la libertad de prensa, pero la injerencia directa en la redacción de textos periodísticos es extremadamente preocupante, ya que recuerda los mecanismos utilizados por la dictadura militar para suprimir la información de interés público.
Los magistrados y otras autoridades no tienen la prerrogativa legal, la autorización constitucional ni la capacidad técnica para editar noticias. En diciembre de 2020, el 3er Tribunal Civil de la ciudad de Florianópolis, de manera inédita, obligó a The Intercept Brasil a modificar el texto de un reportaje. Abraji solicita que los tribunales superiores no permitan que esta aberración vuelva a prevalecer en el Poder Judicial brasileño, bajo pena de crear precedentes peligrosos para la libertad de expresión y la libertad de prensa.