Caracas, 26 de septiembre (IPYS Venezuela)-. La situación para la prensa independiente en Venezuela continúa deteriorándose, y son especialmente preocupantes las detenciones arbitrarias que se han efectuado durante los meses de julio y agosto de 2024. Estas acciones ejercidas por las fuerzas de seguridad del Estado, que actúan articuladamente bajo la dirección del Poder Ejecutivo, forman parte de una tendencia creciente de represión y hostigamiento que agravan los riesgos para la vida e integridad de las personas periodistas en el país.
IPYS Venezuela ha documentado que al menos 13 trabajadores de la prensa se encuentran privados de libertad. El caso más reciente es el del periodista y dirigente político Biagio Pilieri, detenido por presuntos funcionarios policiales cuando salía de la movilización opositora del miércoles 28 de agosto, según denunció el Comando con Venezuela, que también aseguró que según la última ubicación de su teléfono, Pilieri fue detenido y trasladado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas, conocida como El Helicoide.
El martes 3 de septiembre, su esposa, María Livia Vasile, denunció a través de la red social X que Pilieri fue presentado en una audiencia el viernes 30 de agosto con la asistencia de un defensor público, sin sus abogados de confianza, y fue acusado de cinco delitos: conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio, terrorismo y traición a la patria.
Desde su arresto Pilieri ha estado incomunicado, sin poder contactar a su familia ni a su equipo legal. Al día siguiente de su detención, el partido Convergencia denunció un allanamiento en su residencia en Chivacoa, en el estado Yaracuy, por parte de funcionarios del Sebin.
El 6 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 63/2024, mediante la cual otorgó medidas cautelares en favor de Biagio Pilieri Gianninoto y su hijo, Jesús Alfredo Pilieri Vasile, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela.
La reportera Ana Carolina Guaita, corresponsal del portal de noticias La Patilla en La Guaira, fue arrestada el 20 de agosto por presuntos funcionarios del Sebin en Maiquetía, que no estaban uniformados. La interceptaron cuando ella se acercaba a su lugar de residencia.
El 28 de agosto, tras pasar ocho días en paradero desconocido, los familiares de Guaita pudieron comunicarse con ella vía telefónica y una persona allegada pudo visitarla y verificar que se encuentra bien física y mentalmente, según informó su hermano Carlos Guaita a través de la red social X. También se conoció que la reportera fue presentada esa semana ante un tribunal con competencia en terrorismo mediante una audiencia telemática sin derecho a un defensor privado y fue acusada por los delitos de incitación al odio y terrorismo. Un día antes, el 27 de agosto, la CIDH emitió la Resolución 58/2024, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Ana Carolina Guaita.
El 25 de agosto, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la residencia y detuvieron a la periodista de espectáculos Carmela Longo. Fue excarcelada al día siguiente, pero sometida a presentación periódica ante el tribunal de la causa, prohibición de salida del país y de declarar sobre su caso. Longo fue acusada por los delitos de incitación al odio y terrorismo.
Entre el 29 de julio hasta el 20 de agosto de 2024, IPYS Venezuela registró las detenciones de Yousnel Alvarado, reportero gráfico de Barinas; Paúl León, camarógrafo de Trujillo; Deysi Peña, reportera gráfica de Miranda; Roland Carreño, periodista y dirigente político de Caracas; José Gregorio Camero, periodista y dirigente político de Guárico; Fernando Chuecos, reportero gráfico de Trujillo; Gilberto Reina, periodista de Bolívar, y Ana Carolina Guaita, periodista de Vargas.
En ninguno de estos ocho casos las autoridades responsables de las detenciones, enjuiciamientos y encarcelamientos de estos trabajadores de la prensa han informado oportuna y suficientemente sobre los procedimientos ejecutados.
Yousnel Alvarado, reportero gráfico de la cuenta informativa Noticias Digital, fue arrestado el 29 de julio por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la ciudad de Barinas, estado Barinas. Para el momento de su aprehensión, estaba dando cobertura periodística a una protesta antigubernamental.
El 31 de julio Alvarado fue presentado ante un tribunal con competencia en materia de terrorismo mediante una audiencia telemática y le imputaron los delitos de incitación al odio y terrorismo. Estuvo recluido en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) en Barinas y el 30 de agosto fue trasladado a un lugar desconocido. A la fecha de publicación de esta alerta, se desconoce su paradero.
En el estado Trujillo, el camarógrafo Paúl León, del medio digital VPItv, fue detenido en Valera el 30 de julio por efectivos de la PNB cuando se dirigía al punto de concentración de una protesta con el propósito de darle cobertura periodística. Él no estaba grabando porque en el lugar aún no había manifestantes y, pese a que repitió varias veces que era un trabajador de la prensa, los policías hicieron caso omiso y se lo llevaron.
El 6 de agosto León fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo mediante una audiencia telemática y se le imputaron los delitos de incitación al odio y terrorismo. Ese mismo día fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB, en La Hoyada, en el municipio Carvajal, a unos 30 minutos de Valera, donde sus familiares pudieron visitarlo tres veces. Antes, desde el 30 de julio, estuvo preso en el destacamento 20 de la Policía del estado Trujillo en Valera. El domingo 25 de agosto lo trasladaron al Penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, y desde que está allí a sus familiares no se les ha permitido verlo.
Durante el transcurso de sus respectivos procesos, a Yousnel Alvarado, Paúl León y Ana Carolina Guaita no se les ha permitido contar con defensa privada. Sin un abogado de confianza que los defienda ante un tribunal y en términos técnicos, se limita la posibilidad de desvirtuar las imputaciones que, de manera genérica, ha hecho el Ministerio Público en todos los casos, a pesar de que las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada uno son distintas.
En cuanto al patrón de audiencias de presentación hechas de manera telemática, esto limita la posibilidad de que las personas periodistas sean debidamente oídas y tengan oportunidad, por ejemplo, de denunciar eventuales irregularidades con sus detenciones.
Otro caso registrado en el contexto postelectoral fue el del reportero Joaquín de Ponte, de Guárico, quien fue arrestado el 30 de julio por efectivos de la PNB en San Juan de Los Morros, y lo liberaron esa noche.
En junio, además fueron encarcelados los periodistas Luis López, del diario La Verdad de Vargas, e Ismael Gabriel González, del equipo de Comunicaciones de Vente Venezuela. El 19 de junio, el fiscal general de la República, Tarek Wiliam Saab, publicó a través de su cuenta en X que González, junto a López, habían sido imputados y privados de libertad por los delitos de incitación al odio y asociación para delinquir.
La primera detención arbitraria contra un periodista registrada este 2024 fue la de Carlos Julio Rojas, también activista social. El lunes 15 de abril dos hombres encapuchados y vestidos de negro, que iban a bordo de una camioneta plateada sin placas ni identificación de algún cuerpo policial, se lo llevaron cuando caminaba por La Candelaria, en Caracas.
El día después de su detención, el fiscal general anunció que la orden de aprehensión contra el activista social fue acordada por el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo, por los delitos de terrorismo, conspiración, instigación a delinquir y magnicidio en grado de tentativa. El 18 de abril se pudo conocer que Rojas se encontraba recluido en la sede de El Helicoide, y fue hasta el 26 de mayo que sus familiares pudieron visitarlo por primera vez. No se le ha permitido ser defendido por sus abogados de confianza.
Desde el 2 de febrero de 2022, también se encuentra privado de libertad el periodista Ramón Centeno, a quien le imputaron los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias y usurpación de funciones. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) informó que Centeno se encontraba recluido desde mayo de 2023 en el hospital Domingo Luciani, pues requiere de una cirugía de emergencia tras haber sufrido lesiones de cadera en un accidente de tránsito.
El 16 de septiembre, luego de que a Centeno se le otorgara el alta médica y que no fuera sometido a la cirugía que se le había pautado “sin su consentimiento”, el CNP denunció que fue trasladado al Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en Caracas. Centeno ha presentado complicaciones de salud por hipertensión y también es delicado el estado de su salud mental y emocional de acuerdo con las denuncias de sus familiares.
La detención arbitraria de trabajadores de la prensa en Venezuela constituye un ataque directo contra la libertad de prensa y un intento de acallar las voces que buscan denunciar las injusticias y abusos de poder. Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para proteger a las personas periodistas y asegurar que puedan desempeñar su labor sin temor a represalias.