El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) condena con la mayor firmeza la escalada de acoso, vigilancia, intimidación familiar y amenazas de encarcelamiento y destierro contra Austin Llerandi, periodista y director de Amanecer Habanero, medio comunitario perteneciente a la Red de Medios Comunitarios del ICLEP.
El nuevo hecho represivo es la continuación y agravamiento de una persecución documentada desde julio de 2026, cuyo objetivo expresamente reconocido por los agentes es impedir la producción y distribución del boletín Amanecer Habanero.
Durante la citación e interrogatorio del 21 de agosto de 2026 en la estación policial de Marianao, conocida como La Sexta, Llerandi permaneció privado de libertad de facto durante cinco horas. Llegó poco antes de las 8:00 a. m. y, a las 8:12 a. m. los agentes le permitieron entrar en la unidad. Una vez dentro, lo cachearon, le retiraron temporalmente sus pertenencias y lo condujeron hasta una oficina, mientras le ordenaban mantener las manos detrás de la espalda. Al salir, cerraron la puerta con llave desde el exterior.
Permaneció solo y encerrado durante aproximadamente tres horas, sin recibir explicación alguna sobre el fundamento legal de su retención. Posteriormente fue interrogado por dos agentes vestidos de civil. Uno se identificó como el capitán Miguel; el segundo no reveló su identidad y permaneció en silencio.
El capitán Miguel le mostró un supuesto expediente penal abierto a su nombre por el Decreto-Ley 370 y trató de obligarlo a firmar una segunda acta de advertencia. Ante la negativa del periodista, el oficial afirmó que las autoridades podrían procesarlo por “desacato” y aplicarle el Decreto-Ley 370.
El agente reconoció que el principal motivo de la persecución era la distribución de los boletines de Amanecer Habanero, los cuales, según sus propias palabras, no podían “estar circulando libremente en la calle”. Después utilizó nuevamente el embarazo de la pareja de Llerandi y el futuro de su hija para presionarlo, hasta concluir con un ultimátum inequívoco:
“Te vamos a dar la oportunidad de que salgas del país en dos meses. Si no estás fuera en dos meses, vas preso. Piensa en tu hija”.
Llerandi fue liberado a la 1:12 p. m., después de permanecer exactamente cinco horas bajo control policial.
Esta amenaza constituye la continuación directa del interrogatorio al que fue sometido el 14 de julio de 2026, en la misma estación policial de Marianao. En aquella ocasión, el agente Rodrigo, de la Seguridad del Estado, lo interrogó durante más de una hora, le mostró un supuesto expediente de instrucción penal por “delitos contra la Seguridad del Estado” y lo amenazó con prisión si continuaba distribuyendo el boletín.
Rodrigo cerró aquel interrogatorio con una frase dirigida expresamente contra su esposa embarazada:
“Si distribuyes el boletín, la próxima llamada mía dale un beso a tu mujer en la barriga, que vas preso”.
La intimidación había comenzado el día anterior, 13 de julio, cuando el agente se presentó en la vivienda de Lázaro Llerandi Capote, padre del periodista, para localizarlo. El oficial aseguró conocer la dirección de Austin Llerandi, los movimientos de la pareja y la frecuencia con que acudían al hospital debido al embarazo. También afirmó que las autoridades tenían “ubicados” a todos los integrantes de Amanecer Habanero, con conocimiento de sus domicilios y desplazamientos cotidianos.
La secuencia de los hechos demuestra un patrón sostenido y deliberado. Primero, la Seguridad del Estado vigiló y utilizó a la familia para localizar al periodista. Después lo amenazó con prisión si distribuía el boletín y extendió la intimidación a todo el equipo de Amanecer Habanero. Ahora, las autoridades exhiben un supuesto expediente judicial, invocan nuevas figuras punitivas y le imponen una elección brutal: abandonar Cuba en dos meses o ir a prisión.
Los pretextos represivos cambian —primero “delitos contra la Seguridad del Estado”; después el Decreto-Ley 370 y el “desacato”—, pero el objetivo permanece intacto: silenciar a Amanecer Habanero, impedir la circulación de sus boletines y destruir mediante el miedo un medio comunitario que informa fuera del monopolio estatal.
No estamos ante una actuación policial legítima. Estamos ante una operación sistemática de censura, persecución política y violencia psicológica contra un periodista, su familia y todo su equipo de trabajo. Utilizar a una mujer embarazada y a una hija por nacer para quebrar la voluntad de un periodista constituye una práctica cruel, degradante y moralmente repudiable.
Austin Llerandi no tiene que escoger entre la cárcel y el destierro. Tiene derecho a permanecer en Cuba junto a su familia y a ejercer el periodismo sin ser vigilado, amenazado, encarcelado ni obligado a abandonar su país. Distribuir un boletín comunitario, investigar los problemas de una comunidad y proporcionar información a la ciudadanía no constituyen delitos.
El ICLEP exige el cese inmediato e incondicional del hostigamiento contra Austin Llerandi, su familia y los periodistas de Amanecer Habanero; el cierre de cualquier expediente penal o administrativo sustentado en su labor informativa; el fin de la vigilancia sobre sus domicilios y movimientos; y garantías efectivas para que todo el equipo pueda ejercer el periodismo sin represalias.
De igual manera hacemos un llamado urgente a las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las organizaciones internacionales de protección de periodistas, a los gobiernos democráticos y a las misiones diplomáticas acreditadas en Cuba para que den seguimiento a este caso y se pronuncien públicamente.
El ICLEP no dirige recomendaciones al Estado cubano. En un sistema de partido único, sin separación de poderes ni jueces independientes, esas recomendaciones son letra muerta per se. En su lugar, lo responsabilizamos por la integridad física y psicológica de Austin Llerandi, su pareja, su hija, su padre y todos los integrantes de Amanecer Habanero. Cualquier nueva detención, procesamiento o represalia deberá entenderse dentro de este patrón de amenazas previamente formuladas y documentadas.
El periodismo no es un delito. Obligar a un periodista a escoger entre abandonar su patria o entrar en prisión es persecución política, destierro forzado y censura de Estado.