Latinoamérica 27 de julio de 2022.- La libertad de expresión y de prensa se garantiza a través de normas y leyes establecidas en el marco legislativo de los países. Sin embargo, en la región existen leyes restrictivas y mordazas. Por ejemplo, en Uruguay el Gobierno pretende derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para restituir decretos de la dictadura militar. Eso constituye graves retrocesos en términos de libertad de expresión y derechos humanos.
En Venezuela, la Ley de Periodismo debe ser renovada y actualizar a los estándares que eliminan la colegiación obligatoria. El camino que abrió la Asamblea es una ley ideologizada, populista que como todas anula la intermediación del periodismo, para reforzar el periodismo que le conviene al gobierno, con el espíritu de las leyes cubanas de impedir el ejercicio de la profesión.
En Ecuador, la Asamblea Nacional aprobó un informe de minoría del Proyecto de Ley de libertad de expresión y de prensa. Sin embargo, este proyecto contiene vulneraciones extremas a los derechos. Además, va en línea de restaurar la capacidad de sanción, control de medios y censura del Estado.
Es así que la Red Voces del Sur realizó el foro titulado: América Latina, una oleada de normas que vulneran la libertad de expresión. Hubo tres panelistas invitados: César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios en Ecuador, Fabián Werner de CA-INFO de Uruguay y Edgar López de IPYS Venezuela.
América Latina, una oleada de normas que vulneran la libertad de expresión https://t.co/yFQgbIp4t2
— Voces del Sur (@VDSorg) July 27, 2022
Ricaurte, por su parte, indicó que la Ley de Comunicación, en 2013, se constituyó en el margen de «controlar a la prensa» vía sanciones administrativas que se establecieron contra medios y periodistas. «Se castigaba por lo decían y disgustaba al Gobierno», señaló. Él dijo que incluso Ecuador descendió a la categoría de ‘país no libre’. «Las consecuencias fueron nefastas y en el 2018 se procedió una reforma integral a esta Ley de Comunicación», comentó.
El Director de Fundamedios puntualizó que esta vez se envió una nueva Ley basada en estándares internacionales y se tomaron en cuenta diferentes opiniones de organizaciones y sociedad civil para realizar el informe de mayoría. Pero, se consolidó un bloque opositor en la Asamblea y aprueban reformas donde reaparece un régimen de sanciones y lo grave es que vuelve a darse al Estado la capacidad de sancionar a la prensa por lo que dicen y no.
Edgar López de Venezuela explicó que en el país existen ‘leyes para silenciar’. Dado, el déficit democrático como la falta de independencia en los poderes públicos. Señala que en 2007 se cierra el medio más grande del país: Radio Caracas TV. Resaltó que el control de las telecomunicaciones en Venezuela está en manos de Conatel lo que derivó en un ‘monopolio gubernamental’. Además, en 2010 se promulgó un bloqueo digital como un mecanismo de censura.
López señaló que entre el 2016 y 2021 se ejecutó un espionaje sistemático a través de la interceptación de 1 ‘584.547 comunicaciones privadas a solicitud de las autoridades gubernamentales. «Se entregaron 970.000 megadatos de accesos a clientes de telefónica», dijo.
El delegado de CA-INFO Uruguay, Fabián Werner, explicó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue fruto de un trabajo en conjunto con la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, se plantea derogar por completo la Ley. Werner dijo que si se deroga se dejaría una serie de vacíos legales muy grandes. «Para esto, el Gobierno propone restituir la vigencia de dos decretos aprobados por la dictadura militar uruguaya», señala; es la época de mayor represión ilegal. Él señaló que uno de esos decretos establece que el poder ejecutivo tiene la potestad de sancionar a los medios cuando «perturben la tranquilidad pública, menoscabar la moral, o afecten la imagen y el prestigio de la república».
Según indicó, se trataría de un retroceso en derechos humanos. «Se retornaría a un régimen de discrecionalidad en materia de concesión de frecuencias y de ondas de radio», indica. También se eliminan los concursos y el llamado público.
Es así que los panelistas concluyeron explicando la necesidad de hacer esfuerzos en el debate de las Leyes Libertad de Expresión y Prensa en la región, escuchando los estándares internacionales y los derechos humanos. Dado que, es un asunto generalizado y que ha causado incomodidad a los funcionarios de los diferentes poderes del Estado.