Latinoamérica, 16 de noviembre de 2022.- El 2022 ha sido un año marcado por una violencia letal para la libertad de expresión. Hasta el momento, se han registrado 36 asesinatos a periodistas en Latinoamérica: 12 en México, 6 en Honduras, 7 en Haití, 3 en Colombia, 3 en Ecuador, 2 en Brasil y 1 en Venezuela, Chile y en Paraguay.
Existe un aumento desmedido de la violencia, más aún al comparar las cifras. El Informe Sombra 2021, realizado por la Red, publicó que en ese año se registraron 10 asesinatos a periodistas: 9 en México y 1 en Colombia. Es decir, existe un aumento de 26 casos y aún no finaliza el año. Varios de los periodistas asesinados han sido amenazados de muerte directamente por su ejercicio periodístico y por bandas criminales.
Ante este escenario, la Red Voces del Sur organizó el foro llamado ‘El crimen organizado impacta al periodismo en la región’. Los panelistas invitados fueron: Paula Saucedo, oficial del programa de Protección y Defensa de Article 19 en México; Juan Carlos Calderón, presidente de Fundamedios en Ecuador; Jonathan Bock, director de la FLIP en Colombia y Amada Ponce, presidenta de C-Libre en Honduras.
El crimen organizado impacta al periodismo en la región https://t.co/baS0TKJUB8
— Voces del Sur (@VDSorg) November 16, 2022
Paula Saucedo indicó que México está liderando temas de asedio contra la prensa. El mayor agresor contra la prensa es el Estado, pero el crimen organizado se lleva del 6% al 8% anual de ataques, las cuales están vinculadas a agresiones graves a la libertad de expresión. Saucedo explicó que de los 38 asesinatos, que se han registrado durante el mandato del presidente Manuel López Obrador, 23 casos están relacionados al crimen organizado que actúa por ausencia o en contubernio con el Estado. Es decir, los impactos a la libertad de expresión son varios. Por ejemplo, en los contextos locales las personas relacionadas al crimen conocen a todos los que se manejan en esas localidades y eso impide que periodistas ejerzan su labor . Ella recordó que la violencia va más allá de los asesinatos, sino que también hay presiones a líneas editoriales y amenazas graves en contra de la prensa. “Hay un discurso de desinformación de las autoridades que impacta la violencia contra la prensa e impunidad. En el caso de asesinatos contra periodistas, el Presidente y sus funcionarios señalan que no es una cuestión de Estado porque fue cometido por el crimen organizado”, comentó.
Juan Carlos Calderón de Fundamedios señaló que en Ecuador se han producido tres asesinatos contra periodistas en un contexto de violencia. Aseguró que la prensa es atacada por “todo lado”. Indica que se han asentado diferentes mafias en el país que establecen mutuos territorios y diferentes rutas.
Él indica que el momento más crudo del periodismo ecuatoriano es en el 2018 con el asesinato del equipo periodístico de El Comercio fueron secuestrados y asesinados en frontera con Colombia. Señaló que los atentados contra RTS en Guayaquil y las amenazas contra Expreso -junto con otros casos- movilizaron a la sociedad civil para armar un Comité de Protección a periodistas, pero no se logró consolidar. “Al Estado no le interesa proteger a los periodistas” dijo.
Jonathan Bock de la FLIP señaló que existen grandes impactos de la violencia: 163 periodistas han sido asesinados en los últimos años en Colombia. Y el 70% de los casos han sido homicidios relacionados con el crimen organizado. Bock dijo: “existe el objetivo de silenciar al periodismo”. Bock explicó que a través del crimen se controla quién dice, qué se dice y cómo se dicen las cosas. Eso lleva a otro impacto al periodismo desde la delincuencia, y es el acceso a la información. “El relato sobre el narcotráfico lo ha dictado el mismo crimen organizado porque ellos han puesto condiciones de qué es lo que se puede contar. Y el miedo y terror que eso supone genera barreras claras y difíciles para el periodismo”, puntualizó.
Amada Ponce de C-Libre contó que en Honduras la violencia se dirige los periodistas independientes y de investigación que cubren temas de corrupción o de grupos delincuenciales. Indicó que la organización ha registrado 98 asesinatos contra periodistas. El 89% de los asos siguen en la impunidad. El bajo nivel de acceso a la justicia ha conllevado una poco o nulo capacidad del Estado para dar respuestas. “Solo un 11% de los procesos tienen sentencia condenatoria”, comentó.
Los panelistas coinciden en que no existe un real trato al crimen organizado desde el Estado y tampoco se da importancia al impacto que puede generar en el periodismo de la región.