La llegada de Internet a Cuba marcó un hito para los isleños que vieron, en los años 60, una posibilidad de comunicarse de forma más abierta en medio de un régimen restrictivo. Sin embargo, en la actualidad, aún denuncian que las limitaciones a expresarse siguen vigentes y con la llegada de la COVID-19 se han radicalizado.
Laritza Diversent, directora ejecutiva de Cubalex; Salvi Pascual, director de Apretaste, y Camila Acosta, periodista de Cubanet, participaron del séptimo foro “Libertad de Expresión en Internet y la aplicación de la Ley 370”, organizado por Voces del Sur y el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), el mismo que fue moderado por César Ricaurte, director de Fundamedios.
Diversent, ahora refugiada política en los Estados Unidos, reconoce que Cuba tiene una Constitución que, en su artículo 54, reconoce a la libertad de expresión como un derecho ciudadano, pero no existen leyes complementarias que regulen este derecho, entonces su aplicación es casi nula.
Ahora mismo, menciona que la Ley 370 que fue adoptada en 2018, después de que la tecnología 3D llegó a la isla, ha incrementado las limitaciones a la libertad de expresión, pese a ser un derecho reconocido constitucionalmente.
Este cuerpo legal, conocido también como la “Ley Azote”, limita a los ciudadanos a expresarse en redes sociales, medios digitales, blogs y cualquier plataforma en línea. Lo más llamativo para Diversent es que la Ley rechaza la información que atente contra la moral, las buenas costumbres y el interés social, pero la jurista se pregunta quién tiene la potestad de definir estos conceptos. La respuesta es que queda a total discreción de los funcionarios de gobierno.
“No hay una definición en esta norma de lo que el Estado entiende por interés social o moral (…) Esta Ley no solo criminaliza cuando los ciudadanos no comparten ideologías con el gobierno, sino también cuando cuestionan sus actuaciones”, manifestó.
Un total de 59 organizaciones de derechos humanos y medios de prensa apoyaron en un comunicado conjunto la petición que el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión (MOLE) presentó el pasado 8 de junio en Cuba ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el presidente de la República, para declarar la inconstitucionalidad de la “Ley Azote”.
Precisamente, la periodista de Cubanet, Camila Acosta, fue multada con la Ley 370 por realizar una filmación de una fila de ciudadanos que esperaban comprar pollo en la vieja Habana durante la pandemia, cuando el gobierno ordenó aislamiento social.
Acosta mencionó que desde que inició la pandemia, el gobierno ha emitido 30 multas, 12 de ellas solo en abril. En su caso hay una orden de pago por 3.000 pesos cubanos (120 dólares), cuando el salario básico bordea los 16.
La reportera se ha negado a pagar la multa, lo que le podría significar seis meses de prisión. Sin embargo, desde el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión (MOLE), del que forma parte, se ha acordado que una medida de resistencia y protesta es no reconocer las multas porque sería darle la razón al régimen para coartar la libertad de expresión.
Salvi Pascual es cubano, pero reside en Miami, en donde se desempeña como director ejecutivo de Apretaste, una aplicación de teléfono que mantiene el perfil anónimo de la persona que accede a Internet en Cuba y le permite ahorrar datos y conectarse por vías alternativas, garantizando que toda la información que genere esté encriptada para que el gobierno no interfiera en ella.
Pascual aseguró que no existe data confiable para certificar si en el contexto de la pandemia el bloqueo de Internet en Cuba se ha incrementado o disminuido porque sostiene que las limitaciones han existido durante el castrismo. En esa línea, está convencido que la Ley 370 solo oficializa las limitaciones a informarse que antes ya estaban impuestas.
“El bloqueo no es algo nuevo. Casi todos los servicios de correo en Cuba son desencriptados y eso permite que el gobierno pueda leer la información que genera un usuario para ejercer censura (…) Desde hace mucho el acceso de los cubanos a páginas web está restringido, se bloquean otros sitios. Esto ha sido constante”, destacó.
Los tres panelistas están convencidos que el apoyo internacional para visibilizar la situación de Cuba y generar presión para declarar inconstitucional la Ley 370 es urgente. Uno de los problemas más grandes, según dicen, es la imposibilidad de que las denuncias de abuso de poder y limitaciones a expresarse salgan de Cuba y sean contadas con total apego a la realidad.