Hace veinte años, el IPLEX planteó con firmeza que la libertad de prensa no puede coexistir con normas punitivas heredadas de un pasado autoritario. Hoy, el país confirma esa convicción: con 43 votos a favor y ninguno en contra, la Asamblea Legislativa aprobó el expediente 24.185, “Ley para la libertad del ejercicio periodístico”, que deroga los artículos 7 y 8 de la centenaria Ley de Imprenta.
Hasta ahora, esas disposiciones castigaban con pena de arresto a periodistas, editores y responsables de publicaciones por delitos de calumnia o injuria cometidos por medio de la prensa, así como a quienes se considerara que intentaban “subvertir el orden” o afectar las relaciones amistosas con otros Estados. La eliminación de estas sanciones penales no es un simple ajuste técnico: representa el reconocimiento de que en una democracia madura las ideas —aun las más incómodas— deben enfrentarse con argumentos, no con castigos.
Esta reforma marca un antes y un después para la libertad de expresión en Costa Rica. Supone el paso definitivo hacia un modelo donde las responsabilidades derivadas del ejercicio periodístico se ventilan en sede civil y no penal, tal como lo establecen los estándares internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A través de este acto, el país reafirma su liderazgo regional en la defensa del derecho a informar y ser informado.
Para el IPLEX, esta decisión honra la lucha de periodistas, juristas y defensores de derechos humanos que durante décadas denunciaron el anacronismo de la Ley de Imprenta. Hoy celebramos una victoria institucional que fortalece la prensa libre, crítica y responsable —pilar esencial de toda república democrática.
Veinte años después de haberlo propuesto, vemos en este logro la prueba de que la constancia y el compromiso por la libertad de expresión rinden frutos. Costa Rica vuelve a demostrar que la palabra libre es la mejor garantía para preservar la democracia.