Colombia, 25 de marzo, (FLIP). La FLIP recibe de manera positiva para la construcción de un clima óptimo para la prensa, la decisión adoptada por el Juzgado 16 civil del circuito de Barranquilla, que desestimó el proceso de acoso judicial iniciado por el abogado Abelardo De La Espriella con el cual pretendía silenciar a la opinión de la periodista colombiana Cecilia Orozco.
La FLIP tuvo conocimiento que el juez no encontró probado el daño alegado por De La Espriella a su honra y buen nombre, presuntamente ocasionado por las publicaciones de la periodista en las cuales se refirió a sus prácticas como abogado del ex-magistrado Pretelt, acusado entonces por posible concusión.
Resultan particularmente importante este tipo de decisiones que marquen límites claros y que garanticen la libertad de expresión en el escenario actual, en el cual funcionarios del Gobierno y figuras públicas han demostrado incomodidad frente al escrutinio y recurren con mayor frecuencia al uso de acciones legales para acallar cualquier opinión crítica o que les resulta incómoda.
Entre 2016 y 2021, la FLIP documentó 162 casos de acoso judicial. Al respecto, la Fundación nota con preocupación la tendencia hacia el incremento de esta agresión, lo que indica que los agresores que recurren esta práctica la estiman efectiva para acallar las denuncias públicas por vía de la intimidación del aparato judicial.
En el caso de la periodista Orozco se hizo evidente el desgaste provocado por el sometimiento a este proceso judicial. Si bien la decisión puede representar un alivio para el ejercicio de la prensa libre en Colombia, esta no elimina los efectos negativos que representó este proceso para la periodista.
La activación estratégica de la justicia contra la prensa por medio de procesos civiles envía un mensaje negativo para los periodistas que como Orozco revelan denuncias de alto interés para la ciudadanía y promueven el debate público. Estos procesos generan autocensura, desestimulan la participación en asuntos públicos y la pluralidad democrática en Colombia, toda vez que amenazan con castigarlas mediante sanciones económicas.
La justicia debe garantizar que el interés general de conocer opiniones que fomentan el debate público, prevalezca sobre la censura a la prensa. Por ello, destacamos el rol fundamental de los jueces en la garantía de la libertad de expresión. En particular, que en sus decisiones se analicen los riesgos actuales del ejercicio periodístico de manera amplia e integral, ya que reconocer el acoso judicial como una nueva forma de agresión contra la prensa es un primer paso para frenar la instrumentalización de la justicia para silenciar opiniones críticas.