Durante la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco del proceso que determinará la responsabilidad del Estado colombiano en las amenazas, secuestro, tortura y violencia sexual que enfrentó la periodista Jineth Bedoya Lima en el 2000, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, encabezada por Camilo Gómez, señaló una presunta falta de imparcialidad de la mayoría de los jueces y de la Presidenta de la Corte IDH y anunció que presentará una solicitud de recusación contra cinco de los seis jueces.
Para Colombia, las preguntas y los comentarios realizados por los cuatro jueces y la jueza Elizabeth Odio Benítez, presidenta de la Corte, estaban cargados de parcialidad a favor de la víctima. Así, bajo el argumento de una supuesta falta de garantías procesales, el Estado colombiano tomó la decisión de retirarse de la audiencia, un hecho sin precedentes.
Las 13 organizaciones que conformamos la red de Voces del Sur consideramos que esta actitud estatal demuestra desinterés y desprecio contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado; y deja a la periodista Jineth Bedoya sin posibilidad de acceder dignamente a la justicia, luego de 20 años. Además, envía un mensaje de impunidad hacia las agresiones contra comunicadores.
Para Voces del Sur, el retiro del Estado colombiano de la audiencia genera preocupación sobre el compromiso frente al juicio por violaciones de Derechos Humanos y al sometimiento frente a la decisión que adopte la Corte. Alertamos que esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla.
En su testimonio, Jineth Bedoya contestó a preguntas relacionadas con el objeto de su declaración tal como fue aprobado por la Corte. Esto incluye: su labor periodística y las investigaciones que llevaba a cabo en la época de los hechos, el riesgo al que se encontraba expuesta, sus solicitudes de protección y la respuesta estatal ante esta situación. De igual forma, la periodista narró los acontecimientos del 25 de mayo del 2000 y el impacto que estos tuvieron en su vida. Recordó que agentes de la Policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel La Modelo con jefes paramilitares, para contener el riesgo que había generado su cubrimiento periodístico. Esta entrevista fue la trampa que ocasionó su secuestro, tortura y violencia sexual. También entregó detalles de cómo los perpetradores justificaron que estas agresiones eran un escarmiento contra sus denuncias periodísticas.
De igual forma, mencionó los numerosos indicios de la responsabilidad de agentes estatales sobre los hechos, que han sido ignorados en la investigación a nivel interno. Del mismo modo, la periodista cuestionó la revictimización que debió afrontar al ser llamada doce veces a declarar sobre el ataque sexual. Esto último fue reconocido por parte del agente del Estado en la audiencia pública.
Desde Voces Del Sur hacemos un llamado al Estado colombiano a que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, comparezca a la audiencia programada de conformidad con lo dispuesto por la Honorable Corte. Así se contribuye a que el proceso internacional sea digno y tenga un componente reparador, independientemente del posterior fallo dando un mensaje y convirtiéndose en un ejemplo regional de garantía a la libertad de expresión y de respeto al trabajo periodístico.