Brasil, 10 de diciembre de 2020 (Abraji). – El 9 de diciembre de 2020, el fiscal Voltaire de Freitas Michel, de la Oficina de Defensa del Patrimonio Público de Porto Alegre (RS), presentó una demanda pública. La fiscalía solicita una indemnización de 200.000 reales al periodista David Coimbra y a la Rádio Gaúcha por sus comentarios sobre un robo en Criciúma (SC), que tuvo lugar el 1 de diciembre de 2020. El periodista se disculpó por ironizar sobre el tema en el programa Timeline.
En opinión del fiscal, los comentarios de Coimbra indicarían el «propósito del acusado de elogiar la práctica criminal supuestamente sin agresión a los ciudadanos, y no merecería la acción de la policía militar que intervino para evitar mayores daños a la persona y a la propiedad». La petición, sin embargo, no presenta pruebas de que el periodista tenía la intención de elogiar el crimen y es vago en cuanto al bien público que habría sido dañado por la ironía.
Una orden en respuesta a la petición del MP-RS, redactada por el Juez Roberto José Ludwig del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul, pone de relieve la fragilidad de la acción pública presentada contra Coimbra:
«Creo que la petición inicial debería ser enmendada para aclarar algunos puntos, a fin de verificar los supuestos y condiciones procedimentales de la acción civil pública, así como para permitir la adecuada y efectiva contradictoria. […] El autor [MP-RS] debe, pues, explicar la legitimidad activa y el interés de actuar en esta reivindicación, en particular, debe justificar la necesidad de una protección colectiva de los intereses de este grupo [Policía Militar] y, además, que la lleva a cabo una institución estatal concreta, que es el Ministerio Público. […] Además, dado que se han destacado (en rojo) varios pasajes largos de la comunicación periodística, es necesario que los acusados puedan hacer una defensa eficaz y ejercer una contradicción sustancial, que la declaración inicial explique qué expresiones considera ofensivas y qué derecho fue violado por ellas».
La Constitución de la República, de hecho, impone límites y sanciones a la libre expresión del pensamiento, pero la ausencia de sustancia en la petición presentada por el MP-RS, señalada por el TJ-RS, sugiere que la acción es un mero intento de intimidación contra el periodista y la empresa en la que trabaja. Abraji recuerda que la libertad de expresión y la de prensa son también derechos cuya defensa está a cargo del Ministerio Público, y la actitud del fiscal Voltaire Michel los pone en peligro.